La nueva orden ejecutiva de Trump amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, una maniobra que busca estrangular económicamente a la isla mientras Washington toma el control de la industria petrolera venezolana.
En un giro agresivo de su política exterior, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los bienes importados desde cualquier país que venda o proporcione petróleo a Cuba. Esta medida, presentada como respuesta a una “amenaza nacional extraordinaria” emanada del gobierno cubano, representa la escalada más reciente en una campaña de seis décadas contra el gobierno de La Habana, pero con un mecanismo inédito: apuntar no solo a Cuba, sino a sus socios comerciales. El objetivo declarado es acelerar la caída del régimen castrista, aprovechando que la isla ya está “contra las cuerdas” energéticamente tras la intervención estadounidense en Venezuela.
El mecanismo de presión: Una herramienta económica de doble filo
La orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 es notable por su diseño y alcance. Bajo la autoridad de las leyes de Emergencia Nacional y Poderes Económicos Internacionales, Trump declaró una emergencia nacional, un requisito legal que le permite activar sanciones económicas amplias. El mecanismo central es un sistema de aranceles ad valorem (impuestos porcentuales sobre el valor de los bienes) que puede aplicarse a las importaciones estadounidenses procedentes de cualquier país identificado como proveedor de petróleo a Cuba.
La implementación recae en un proceso administrativo coordinado: el secretario de Comercio, en consulta con el Departamento de Estado, identifica a los países infractores. Luego, el secretario de Estado recomienda al presidente si se deben imponer aranceles y en qué magnitud. Este diseño caso por caso ofrece flexibilidad táctica a Washington, permitiendo ejercer presión diplomática de manera selectiva. La orden define “petróleo” de manera amplia, incluyendo crudo y productos derivados, y cubre tanto el suministro directo como el indirecto a través de intermediarios.
La justificación de seguridad nacional: Acusaciones y contexto
La Casa Blanca fundamenta esta medida en una narrativa de seguridad nacional detallada en la orden ejecutiva y en hojas informativas oficiales. Los argumentos principales son:
- Alianzas con adversarios: Acusa a Cuba de alinearse con “países hostiles” como Rusia, China e Irán, y de proporcionar apoyo a grupos como Hezbolá y Hamás.
- Amenazas militares y de inteligencia: Señala específicamente que Cuba alberga “la instalación de inteligencia de señales más grande de Rusia en el extranjero”, dedicada a robar información sensible de seguridad nacional estadounidense.
- Desestabilización regional: Alega que el gobierno cubano busca “desestabilizar la región a través de la migración y la violencia” y que persigue a opositores políticos.
El escenario energético cubano: Una crisis inminente
La efectividad de la amenaza de Trump radica en la extrema vulnerabilidad energética de Cuba. Según análisis del Financial Times citados en múltiples reportes, la isla contaría con reservas de petróleo para solo entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda.
Esta crisis ha sido precipitada por la interrupción de dos de sus principales fuentes de suministro:
Venezuela: Fue durante años el principal proveedor, enviando un promedio de 46,500 barriles diarios antes de la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Trump declaró categóricamente que “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO YENDO A CUBA – ¡CERO!”.
México: Se convirtió en el principal proveedor tras la caída de Venezuela, exportando aproximadamente 17,200 barriles diarios en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, a mediados de enero de 2026, la petrolera estatal mexicana Pemex suspendió temporalmente los envíos.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha manejado la situación con ambigüedad calculada. Afirma que la pausa fue una “decisión soberana” relacionada con fluctuaciones normales de suministro, no con presión estadounidense. Al mismo tiempo, insiste en que la “ayuda humanitaria” a Cuba continuará, aunque sin aclarar completamente qué incluye este término.
El nuevo tablero venezolano: Control petrolero como objetivo estratégico
La estrategia estadounidense hacia Cuba es solo una parte de una jugada geopolítica más amplia centrada en Venezuela. En una secuencia de movimientos coordinados, Estados Unidos ha reconfigurado radicalmente su relación con Caracas tras la captura de Maduro:
- Reforma petrolera en Venezuela: El mismo día del anuncio de la orden ejecutiva sobre Cuba, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la privatización y a contratos directos con empresas extranjeras. Esta reforma, demandada por Washington, revierte décadas de estricto control estatal.
- Levantamiento parcial de sanciones: El Departamento del Tesoro emitió una “licencia general” que permite transacciones con el petróleo venezolano a “entidades estadounidenses establecidas”. Las condiciones son significativas: los contratos deben regirse por la ley estadounidense, las disputas resolverse en tribunales de EE.UU., y se prohíben explícitamente las transacciones que involucren a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
- Control financiero: Los pagos por el petróleo venezolano deben dirigirse a una cuenta bancaria controlada por Washington, que según el secretario de Estado Marco Rubio, estaría ubicada en Qatar.
Impacto humanitario: La vida diaria bajo la presión extrema
Funcionarios cubanos han denunciado las medidas como un intento de “genocidio” y “asfixia”. Jorge Legañoa, presidente de la agencia estatal Prensa Latina, advirtió que el efecto sería “paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua… en resumen, todas las esferas de la vida”.
La economía cubana ya enfrenta su peor crisis desde la Revolución de 1959. Un estudio citado por EFE proyecta que una caída del 30% en la disponibilidad de combustible (equivalente a lo perdido con Venezuela) resultaría en:
- Una contracción del 27% del PIB
- Un aumento del 60% en los precios de los alimentos
- Una caída del 30% en el consumo de los hogares
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, condenó la orden ejecutiva como una “nueva escalada” basada en “una larga lista de mentiras” y denunció el “brutal bloqueo económico de 65 años”.
Implicaciones geopolíticas y el camino a seguir
Esta estrategia representa una evolución significativa en la política estadounidense hacia Cuba. En lugar de limitarse a sancionar directamente a la isla, Washington ahora amenaza con castigar a terceros países, utilizando su poder económico para crear un cerco internacional.
El secretario de Estado Marco Rubio, arquitecto clave de esta política, declaró ante el Senado que a la administración le “encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que “eso no significa que vayamos a provocar un cambio”.
Para México, la medida plantea un dilema complejo: balancear su tradicional política de soberanía y solidaridad con Cuba contra la realidad de su dependencia económica y de seguridad con Estados Unidos. La revisión pendiente del tratado comercial T-MEC añade presión adicional sobre el gobierno de Sheinbaum.
La efectividad final de esta “asfixia petrolera” dependerá de varios factores: la capacidad de Cuba para encontrar nuevos proveedores dispuestos a desafiar a Estados Unidos, la resistencia interna del pueblo cubano a mayores penurias, y la consistencia con la que Washington aplique sus amenazas arancelarias. Lo que queda claro es que la administración Trump ha elevado significativamente la apuesta en su campaña de seis décadas contra el gobierno de La Habana, con consecuencias potencialmente históricas para la isla y toda la región.
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