A falta de dos meses para el plebiscito de la reforma constitucional y con bajos niveles de aprobación a su gestión, el mandatario chileno lanza un paquete de medidas para estimular a un país afectado gravemente por el coronavirus.
El viernes pasado, durante su rendición de cuentas anual frente al Congreso Nacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó el inicio del “Plan Paso a Paso: Chile se recupera”, el cual tiene por objetivo apoyar a las pymes, incentivar las inversiones privadas y facilitar los trámites para dichas acciones, crear mayor cantidad de empleos y también estimular la inversión en viviendas. Esto viene luego de las últimas cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de ese país, que muestran que el desempleo llegó a 12,2% en el trimestre abril-junio, su nivel más alto en una década. Como respuesta, el plan incluye un programa de subsidios que busca beneficiar hasta un millón de personas y está valorado en 2.000 millones de dólares.
Esto se ha sumado a la aprobación en julio de una ley que permite retirar de manera parcial a los ciudadanos el 10% de sus ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A pesar de no estar a favor de la medida, Piñera promulgó el proyecto. La ley, aprobada por dos tercios de los legisladores el jueves, fue creada para dar dinero rápido a millones de chilenos que han padecido problemas económicos debido a la pandemia de coronavirus. A pesar de las críticas al proyecto, largas filas se formaron frente a las oficinas de las AFP y acorde a la encuesta de la empresa chilena CADEM, 86% de los chilenos retirará fondos. La mayoría dijo que usaría el dinero para pagar bienes y servicios básicos, pero otros dijeron que planeaban invertir el dinero en otro lugar. Esto también ha ocurrido en Perú, donde el Congreso aprobó medidas para que puedan retirar hasta el 25% de sus pensiones.
Esta decisión generó descontento en la coalición de gobierno, Chile Vamos, lo cual llevó a Piñera la semana pasada a reorganizar partes de su gabinete y reemplazar a seis ministros. Este fue el segundo cambio de gabinete en menos de un año, el cual tuvo influencia en las carteras de relaciones exteriores, defensa, asuntos sociales, comunicaciones, presidencia e interior. Este cambio también responde a que el presidente enfrenta su año más difícil en el cargo, con grandes protestas sociales, desde octubre de 2019 hasta marzo de este año, y el gran impacto del coronavirus en lo económico y social. Además, el presidente ha descartado la privatización de la empresa estatal minera Codelco, propuesta por varios legisladores del partido Unión Democrática Independiente para recaudar fondos contra la lucha del COVID-19. Según la encuesta realizada por CADEM, la aprobación de Piñera es de 20% mientras que la encuesta Pulso Ciudadano le da un 15%. Todo esto a dos meses del plebiscito para la reforma constitucional, el cual tiene entre un 70 y un 77% de apoyo según diversas encuestas.
Reformas constitucionales para cambiar el sistema político
Consultado por La Mañana, el periodista chileno Guido Mateluna, sostuvo que hay apoyo mayoritario a nivel para el plebiscito del próximo mes de octubre. “Esta nueva constitución y el nuevo mecanismo para este proceso fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos acá en Chile. Fue anunciado el 15 de noviembre del año pasado tras las protestas que se iniciaron el 18 de octubre en nuestro país… Va a ser el primer plebiscito desde el año 1989, en ese año se realizó un referéndum en donde se aprobaron reformas a la constitución política de Chile. Esa constitución se promulgó en 1980, por lo tanto que este plebiscito va a ser el primero realizado durante gobiernos democráticos”, sostuvo Mateluna. Respecto a qué cambios traerá el referéndum, el periodista explicó que traerá modificaciones en la forma de elegir intendentes y gobernadores, y se verá el foro del Congreso (la cámara de diputados y de senadores) ya que son muchos los diputados, 153 exactamente y 51 senadores. La idea que se ha manejado en conversaciones entre diferentes sectores políticos del país es que la cantidad de diputados y senadores sea mucho menor y evitar de esta manera un gran gasto al Estado o al fisco del país.
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