Advierten que cualquier ONG europea podrá denunciar, aun sin fundamentos, cualquier carga proveniente de un país exportador, sin que luego eso le genera responsabilidad de ningún tipo.
Los diferentes gremios de la producción y el Gobierno de Paraguay se reunieron este lunes 12 para abordar el Reglamento 1.115 de la Unión Europea sobre la cual se han puesto todas las miradas por contener disposiciones que debilitan las posiciones de los países productores y exportadores. Además, el Ing. Agr. Alfredo Molinas, quien fuera primero ministro de Ambiente y luego de Agricultura, advirtió sobre los problemas que podría generar dicha norma para el agro paraguaya y del Mercosur.
Molinas dijo que se está violando uno de los principios fundamentales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) además de contradecir leyes de su país.
Señaló que la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático reconoce que “las normas aplicadas por algunos países pueden ser inadecuadas y representar un costo económico y social injustificado para otros países, en particular a los que están en desarrollo”, según declaraciones que publicó el diario asunceno ABC.
En el artículo 30 del Reglamento 1.115/2023 se imponen modificaciones a las leyes de los diferentes países cuando menciona la conformación de “un diálogo inclusivo y participativo orientado a los procesos nacionales de reforma jurídica y de la gobernanza con el fin de mejorar la gobernanza foresta y de hacer frente a los factores nacionales que contribuyen a la deforestación”.
En el artículo 31 se señala que “las personas físicas o jurídicas podrán presentar ante las autoridades competentes preocupaciones justificadas cuando consideren que uno o varios operadores o comerciantes están incumpliendo” el Reglamento, y corresponde a “las autoridades competentes” evaluar “las preocupaciones”. De ser el caso adoptarán medidas provisionales” con el fin de “impedir la introducción en el mercado, comercialización y exportación de los productos pertinentes objeto de investigación”. Agrega que “los Estados miembros dispondrán medidas para proteger la identidad de las personas físicas o jurídicas que presenten preocupaciones justificadas o que realicen investigaciones con el propósito de verificar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los operadores o comerciantes”.
El especialista paraguayo dijo al respecto que esta última disposición favorece a las organizaciones no gubernamentales (ONG) europeas que podrán denunciar cualquier carga proveniente de un país exportador, sin fundamentos, y sin que luego eso genera alguna responsabilidad, ya que las consecuencias siempre caerán sobre el productor. Equivale a lo que se llama Principio Precautorio, en este caso aplicado por unos países sobre otros, definió.
Ante casos de incumplimiento, el Reglamento 1.115 dedica algunos capítulos a las “medidas previsionales” que podrían tomar los países de la Unión Europea, “medidas correctoras en caso de incumplimiento” y “sanciones”.
Molinas también expresó preocupación por la metodología con que se determinará, según el Reglamento analizado, si determinado producto está vinculado a la deforestación o degradación forestal. La redacción no es clara o no se explica correctamente, ya que no se establece si la documentación exigida será por propiedad o por área; y si el texto habla de origen, fecha y hora de carga, entonces es probable que cada carga necesite su propio certificado.
Otro punto de preocupación es que el Reglamento 1.115 no diferencia la deforestación legal de la ilegal, lo que podría generará puntos de conflicto con los países productores, y los cambios en el uso de suelos en campos privados forestados deberán explicarse a los controladores europeos.
Preocupación de todas las instituciones agropecuarias
Diferentes instituciones agropecuarias paraguayas han manifestado preocupación por las nuevas normativas de la Unión Europea.
Esta semana la Asociación Rural de Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se reunieron para analizar los alcances del Reglamento 1.115 que afecta, en el caso de ese país, rubros como carne, soja, cacao, café y madera.
Días antes, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que reúne a las principales gremiales del país, analizó el impacto que tendrá en la producción y la economía.
Pero una de las jornadas más trascendentes fue la del lunes 12 en la que se llevó a cabo una reunión entre instituciones públicas y privadas. El encuentro tuvo lugar en la sede el Ministerio de Relaciones Exteriores y según contaron los asistentes a la prensa, primó el objetivo de cuidar la soberanía y los intereses paraguayos.
El canciller Rubén Ramírez informó que se continuará con la demanda que Paraguay entabló ante la OMC, y el Ing. Héctor Cristaldo, presidente de la UGP resaltó que todos los actores públicos y privados vinculados a la producción coincidieron en que es fundamental defender los intereses del país en los mercados internacionales: “La idea es hacer las cosas bien y con tranquilidad para que ningún mercado esté cerrado, pero tampoco aflojar ante medidas unilaterales que pueden frenar el desarrollo del Paraguay”.
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