Con grandes pérdidas humanas y materiales, y el mayor puerto del Líbano profundamente afectado, las multitudinarias protestas fuerzan la renuncia de todo el gabinete del Gobierno para lograr las reformas que tanto necesita el país.
El pasado martes 4 de agosto, el mundo veía como una enorme explosión -causada por un incendio en un almacén que contenía 2700 toneladas de nitrato de amonio- arrasaba con el puerto de Beirut y devastaba la ciudad, dejando un saldo de 150 personas fallecidas, miles de personas sin hogar y más de 5000 heridos. Los servicios de emergencia de la ciudad, ya bajo presión por la pandemia de covid-19, están operando a su capacidad máxima después de que tres hospitales sufrieran daños. Esta catástrofe estaría generada por la ineptitud de las autoridades, ya que según las declaraciones tanto del director general del Puerto de Beirut, Hassan Kraytem, como el director de Aduanas del Líbano, Badri Daher, estos estaban al tanto del nitrato de amonio almacenado allí hace 7 años. La situación puede empeorar ya que el país se encuentra privado de su mayor puerto, punto principal de entrada de alimentos, y se ha destruido el silo que tenía capacidad para 120.000 toneladas de cereales. Crece el miedo de la población de que haya una escasez de alimentos debido a la falta de reservas de alimentos por parte del gobierno. Esto agrava un país ya golpeado por la crisis económica, el aumento de los casos de covid-19 y un sector financiero en crisis. Todo este cóctel generó grandes manifestaciones populares que hicieron renunciar a cuatro ministros, creando un efecto dominó que alcanzó a miembros del parlamento, del servicio diplomático libanés e incluso a todo el gobierno.
La ministra de Información, Manal Abdel Samad, y el ministro de Medio Ambiente, Damianos Kattar, presentaron su renuncia el domingo, seguidos por la ministra de Justicia, Marie-Claude Najm y la embajadora de ese país en Jordania, Tracy Chamoun. Esta respuesta del sistema político fue coronada por la renuncia el pasado lunes del primer ministro Hassan Diab, quien culpó a la “corrupción endémica” por la explosión. El presidente del Líbano, Michel Aoun, aceptó la renuncia y le pidió a Diab que se mantenga en su posición de manera interina hasta que se forme un nuevo gabinete, y el pasado domingo afirmó que pedirá elecciones parlamentarias a la brevedad. “No podemos salir de esta crisis sin elecciones”, sostuvo en un discurso televisado mientras que en las calles de Beirut los manifestantes chocaban con las fuerzas de seguridad.
La gota que derramó el vaso
Desde el año pasado el gobierno está bajo presión para frenar un enorme déficit presupuestario. Las propuestas para recortar los salarios estatales y la ley de pensiones encuentran una fuerte oposición. El entonces gobierno de Saad Hariri prometió realizar reformas largamente demoradas, pero no logró avances que pudieran desbloquear el apoyo extranjero. Las grandes manifestaciones iniciaron el 17 de octubre pasado debido a la decisión del gobierno de gravar las llamadas por Internet, lo que provocó grandes protestas contra la élite gobernante. De éstas participan libaneses de todas las etnias y religiones, acusando a los líderes de corrupción y mala gestión económica. 12 días después, Hariri presenta su renuncia en contra de los deseos de Hezbollah. El país queda sin mandatario mientras que aumenta la crisis, una crisis de liquidez en las divisas que lleva a los bancos a imponer restricciones estrictas a los retiros y transferencias de efectivo al exterior. Ya en diciembre, se forma un gobierno con Diab a la cabeza, el exministro de educación. Entre marzo y mayo de este año, Líbano anuncia que no puede reembolsar un bono que vence y llama a negociaciones para reestructurar su deuda, teniendo que firmar para el 1ero de mayo una solicitud de asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya el mes pasado las conversaciones entre Líbano y el FMI se suspenden debido a la falta de acuerdo por parte del país mediterráneo.
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