A pesar de existir 61 denuncias en su contra, organizaciones de derechos humanos nacionales y regionales respaldan al hasta ahora secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no siendo la primera vez que existen quejas respecto a su acción frente al organismo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidió no mantener al abogado brasileño Paulo Abrao en el cargo de secretario ejecutivo (SE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión está motivada por la existencia de un expediente donde constan 61 denuncias por parte de los trabajadores de la CIDH contra Abrao por presuntos casos de acoso laboral y sexual además de manipulación de concursos y contrataciones.
Por su parte, la CIDH había resuelto en enero de este año renovar la permanencia del jerarca brasilero, muy allegado al Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva, hasta el 2024. Cabe destacar que esta comisión es un órgano autónomo de la OEA, encargada de promover la defensa de los derechos humanos en la región.
La decisión de Almagro generó gran molestia en el seno de la organización, que la calificó de “grave embate contra su autonomía e independencia”, según un comunicado publicado la semana pasada que acusa al secretario de la OEA de interferir en la “facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza”.
Sobre la elección y remoción del SE de la CIDH, los Estatutos establecen en el capítulo V, artículo 21, sección 3 que: “El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la Organización en consulta con la Comisión. Asimismo, para que el Secretario General pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que se fundamenta”.
Mientras transcurre la polémica, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) como Human Rights Watch (HRW) y Oxfam emitieron su opinión respaldando a Abrao, refiriéndose más sobre la cuestión de elección del SE que sobre las denuncias contra él. Según José Miguel Vivanco, director de HRW, “la decisión de Almagro de objetar el nombramiento del secretario ejecutivo de la CIDH constituye un grave retroceso en la práctica de la OEA y socava la autonomía de la Comisión. La decisión de Almagro daña la credibilidad de la CIDH como organismo independiente”. En tanto, desde OXFAM Latinoamérica afirman que “la autonomía e independencia de la CIDH es fundamental para proteger los derechos humanos y garantías democráticas en América Latina y el Caribe”.
A nivel gubernamental, la cancillería de México emitió un comunicado de prensa “expresando su preocupación” por la situación y llamando a respetar la autonomía del órgano consultivo de la OEA. También exministros de relaciones exteriores de la región publicaron una carta en la que respaldan a la CIDH y rechazan la interferencia en sus acciones. La misiva está firmada por los excancilleres Jorge Taiana (Argentina), David Choquehuanca (Bolivia), Celso Amorín (Brasil), Guillaume Long (Ecuador), Ricardo Patiño (Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador), Fernando Carrera (Guatemala), Patricia Rodas (Honduras), Jorge Lara Castro (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay).
En Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo también se manifestó y respaldó a Abrao en un comunicado publicado en su página web. Además, organizaciones como el Grupo de Puebla, foro político y académico integrado por representantes de izquierda iberoamericana, publicaron una carta en la cual sostienen que la “intromisión del Secretario es una respuesta a las recientes decisiones adoptadas por la CIDH en relación con la persecución de dirigentes políticos progresistas por parte de los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia”. La declaración aparece firmada por los uruguayos Daniel Martínez y Mónica Xavier del Frente Amplio.
Almagro: las ONG “dicen defender derechos humanos” pero “desconocen derechos laborales básicos”
Desde la secretaría de OEA se destaca en cambio que “la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias correspondientes de la OEA”.
Además, agrega su posición sobre las declaraciones de varias ONG y exjerarcas: “Respecto a cierta campaña de desinformación por la cual se pretende hacer creer que la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está de alguna manera en riesgo, reafirmo que no tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo secretario ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su elección, ni de escogerlo por mi parte. Reafirmo, asimismo, que ese proceso corresponde y corresponderá a la CIDH”.
“A aquellos que dicen defender derechos humanos como OACNUDH, HRW, Amnesty, CEJIL, etc… desconocen derechos laborales básicos de trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso. Respuestas corporativas y negacionistas no es la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos”, sostuvo Almagro.
“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo período desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios. Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”, explicó.
Pero el comunicado culmina manifestando la sorpresa por la reelección de Abrao: “Nos llama la atención que consideraran que la persona más apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver lo que hace ver una situación funcional muy grave”.
Sobre esta cuestión, ya en abril del 2019 las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay enviaron una nota al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, reclamando injerencias en su soberanía respecto a cuestiones que respectan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En la misma afirmaban “la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano”. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno. Sostiene la carta enviada por los cinco países sudamericanos.
Además, señalaban que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”.
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