Una cuestión de prioridades

Las decisiones que se toman en el marco de la gestión macroeconómica revelan las prioridades de las autoridades, ya sean expresas o implícitas. En el caso del atraso cambiario queda claro que la prioridad es bajar la inflación y mantenerla dentro del rango meta de la autoridad monetaria.

Si en su lugar la prioridad fuera recuperar la competitividad para detener la seguidilla de anuncios negativos en materia industrial, lo lógico hubiera sido anunciar una nueva baja de la tasa de política monetaria (TPM) en el orden de 50 puntos básicos, reduciendo así el actual diferencial de 400 puntos entre instrumentos de deuda a un año de plazo emitidos por EE. UU. y Uruguay en dólares y pesos, respectivamente.

El razonamiento es que –al reducirse la diferencia de tasas– irá perdiendo atractivo el peso uruguayo como moneda de inversión. Como consecuencia debería desvalorizarse frente al dólar a medida que los inversores rehagan sus carteras, corrigiendo lentamente el atraso cambiario.

La visión oficial

Pero el Banco Central del Uruguay no lo ve así. Para el BCU la guerra antinflacionaria no estará ganada hasta que las expectativas de inflación (fruto de una encuesta mensual a una muestra fija de participantes y observadores del mercado) se alineen con el punto medio del rango de la meta de inflación (4,5%).

Hoy la inflación está por debajo de dicho nivel del 4,5%, pero como lo revela el cuadro adjunto las expectativas de inflación para el año en curso y los dos siguientes vuelven a subir hasta ubicarse en el límite superior del rango. Enfrentado a esta obstinación de las expectativas en no creer, la estrategia del BCU parece alinearse con aquello de que “al que no quiere sopa, dos platos”. La TPM permanecerá alta hasta que los infieles se conviertan.

Una visión alternativa

Pero quizás las expectativas no estén enfocando directamente la inflación, sino lo que está detrás de ella, o sea el déficit fiscal. Mientras que no exista la convicción en el mercado de que el desequilibrio entre gastos e ingresos públicos se reduzca a una expresión mínima, la desconfianza persistirá.

Bajo este enfoque, el resultado fiscal sería la variable independiente que impacta en forma negativa sobre las expectativas de inflación que a su vez –como variable intermedia– inhiben una acción más decisiva de la autoridad monetaria en el manejo de la TPM.

Si fuere así la cadena de causalidad, no podríamos más que llegar a la conclusión de que el proceso de atraso cambiario, con su lastre de pérdida de competitividad y puestos de trabajo, no se detendrá ni revertirá hasta tanto se haya logrado estabilizar las cuentas fiscales.

Reorientar ingresos y egresos

En realidad, es injusto pretender que el BCU cargue con la responsabilidad de la situación actual, cuando en realidad la génesis del problema se encuentra en las cuentas fiscales.

La cercanía en el tiempo de las elecciones nacionales hace oportuna la ocasión para detenerse y analizar tanto la magnitud como la composición del gasto público. Las propuestas de los distintos partidos ofrecerán claras señales en cuanto quiénes están dispuestos a asumir la responsabilidad de ordenar las cuentas públicas, y quiénes ven la campaña como una oportunidad de formular nuevas promesas que, de cumplirse, solo lograrán agravar la situación.

De particular notoriedad es el crecimiento del número de empleados públicos durante los años del superciclo del precio de los commodities, que constituyó un verdadero atentado a la viabilidad económica del país. Pero uno de los principales rubros que debe analizarse se refiere a la generosidad de los gobiernos para con los inversores, en especial los extranjeros, bajo el rótulo de gasto tributario.

El gasto tributario

Como suele suceder en el sector público, las cosas se llaman al revés. El gasto tributario no es un gasto del gobierno, sino una renuncia del gobierno a recaudar ciertos impuestos. Generalmente se aplica como estímulo a la inversión, eximiendo a empresas del pago de aranceles de importación, impuestos al valor agregado, al patrimonio y a los ingresos y rentas. Con el tiempo estas exoneraciones suelen generalizarse al punto de consistir la regla más que la excepción. A su vez, se erige alrededor de las solicitudes una industria de asesoramiento legal, impositivo y financiero para asegurar el acceso de empresarios e inversores a la liberalidad de los gobiernos.

Existe una estimación[1] de que en 2023 el gasto tributario representó el 32% de la recaudación fiscal total del país (USD 15.649 millones en términos brutos). Ello implicaría que aproximadamente una cuarta parte (USD 5,008 millones) de la pretensión impositiva del Estado fue exonerada. Es evidente que una parte de esta inversión no llegaría a realizarse en la ausencia de los incentivos fiscales, pero de todas formas existe la impresión de que una actitud más parsimoniosa del Estado podría contribuir en forma importante al equilibrio fiscal.

En síntesis, sin una adecuación de la gestión fiscal a las reales posibilidades del país será muy difícil una normalización de la situación cambiaria que nos ubique nuevamente en el camino del crecimiento sostenible.