Mucho se ha escrito y hablado acerca de la epidemia de sobreendeudamiento que alcanza a una gran cantidad de familias y microempresas uruguayas, manejándose cifras realmente impresionantes en cuanto las 633 mil personas físicas y jurídicas cuyas deudas figuran como irrecuperables en los registros del BCU.
Sin duda, caer en tal calidad de inhabilitado para ejercer las operaciones más básicas de tipo bancario o comercial puede obedecer a diversos factores. En muchos casos la causa del incumplimiento puede surgir de situaciones fortuitas como la pérdida del empleo, un gasto médico imprevisible o una fase contractiva del mercado. En otros incluso puede haber una cuota de irresponsabilidad atribuible a quien abusa del crédito. Pero debe reconocerse que el principal factor hoy día es la magnitud de las tasas de interés aplicadas a los préstamos.
También debe reconocerse que existen otras irresponsabilidades en el sistema. Para empezar, la de un órgano regulador que permite a la industria financiara aplicar tasas de interés que lucen a toda vista usureras. Actualmente, se autoriza una tasa máxima del 120% para un préstamo de consumo familiar a sola firma de 50 mil pesos a menos de un año. Se paga con 12 cuotas mensuales de $7.339 o sea unos 88 mil pesos. De caer en mora, la tasa aplicable sube hasta 149%.
Estas tasas, que tendrían justificación solo en un escenario de hiperinflación, poco tienen que ver con el Uruguay contemporáneo de inflación de un digito, a pesar que la legislación que hoy rige fue aprobada no hace tanto en el 2007 por un gobierno que hacía bandera de su lucha a favor del débil y el pobre. El actual sistema impone desmedidos aumentos porcentuales a las tasas medias del mercado para llegar a las tasas tope y de mora.
Segmentación de mercado
Luego está la estructura del mercado que atiende este segmento de la demanda. Los bancos comerciales establecidos en plaza prefieren evitar el riesgo y costo administrativo de atenderlo. El BROU, por ejemplo, no excede el 40% en tasas aplicables a préstamos para consumo. Los mismos bancos privados prefieren –quizás para evitar un contagio de imagen– delegar la operativa con este sector a sus empresas administradoras de crédito bajo otra razón social. Cabe notar que hoy día el número de empleos en las administradoras de crédito, según AEBU, casi duplica el del sistema bancario privado.
La calidad crediticia es una función continua que va de mayor a menor en el mercado bancario y los segmentos de distinta calidad van definiendo a su vez su relación con distintos actores institucionales. En esta dinámica, los sujetos de menor imagen crediticia van quedando relegados dentro de la industria financiera a los prestadores que aceptan mayor riesgo a cambio de mayor tasa de interés. Entre ellos se destacan – además de las empresas administradoras de crédito – ciertos variantes de cooperativas de ahorro y crédito.
Con amigos como estos…
En última instancia la pregunta es: ¿cuánto más interés debe cobrarse para cubrir el mayor riesgo? El clásico argumento de permitir tasas de usura se basa en que resulta el único tipo de financiamiento disponible al perfil de riesgo elevado. De otro modo la persona debe dirigirse a mercados informales azarosos sin garantías ni seguridades. O sea que en el fondo le están haciendo un favor.
Claro que alguien podría preguntar ¿entre el 40% que cobra el BROU y el 120% que cobra la empresa administradora de créditos, no habrá algún punto intermedio donde el prestamista pueda lucrar sin necesariamente condenar el prestatario a la insolvencia? ¿Es tan alta la morosidad de sus clientes como para justificar estas tasas, o es que la rentabilidad del negocio resulta tan espectacular? Quizás un estudio del ente regulador pudiera arrojar alguna luz sobre el tema.
Mientras tanto, siguen las 633 mil personas y microempresas en el clearing, lo que es sinónimo de exclusión financiera. Y aunque se diseñe un nuevo esquema que reduzca las tasa tope –quizás en función de las tasas de BROU actuando como ente financiero “testigo” para distintos segmentos del mercado– el problema de los que están atrapados en el sistema no se resuelve.
Mucho se habla también de la necesidad de intensificar la educación financiera a todos los niveles (educativo, en el entorno laboral, en ambientes comunitarios, etc.) como forma de prepararnos mejor para las decisiones financieras que deberemos afrontar durante nuestras vidas. Sin duda es un gran debe en nuestra sociedad, donde el deterioro de la educación ha logrado que crecientes segmentos hayan tenido poca formación en conceptos básicos como presupuestar, ahorrar, endeudarse e invertir. Su rechazo a la matemática e ignorancia del funcionamiento de la tasa de interés los convierte en fácil presa de prácticas predadoras.
Pero si bien cambiar el sistema de tasas tope e intensificar la educación financiera serán un gran aporte al futuro, no van a solucionar el problema actual de los excluidos por deudas. Es por ello que han surgido también iniciativas tendientes a resolver el lastre que representa el endeudamiento actual para la proyección económica de miles de familias. Lamentablemente un proyecto de ley promovido por Cabildo Abierto que proponía una vía de reestructuración de deuda y rehabilitación legal para los afectados no prosperó en el senado por la inesperada oposición de integrantes de la coalición. Será cuestión de retomar la labor en búsqueda de un consenso mayor, que incluya al órgano regulador del sistema financiero.
(*) Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Ex Director Ejecutivo del Banco Mundial.
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