Las medidas de los países para combatir los efectos de la pandemia han llevado a un incremento sin precedentes en los niveles de déficit fiscal y deuda pública. Sin estos apoyos fiscales extraordinarios, el mundo hubiera sufrido una contracción económica mucho más grave, con consecuencias negativas sobre los niveles de empleo y las brechas de desigualdad.
Según el FMI, en las economías desarrolladas, el promedio de los déficits como proporción del PIB alcanzó en 2020 el 11,7%. Por su parte, las economías emergentes tuvieron un déficit promedio de 9,8%, mientras que en el caso de los países de bajos ingresos esta cifra alcanzó el 5,5%. Lo anterior evidencia que la capacidad de los países para expandir el gasto ha sido diferente, y que los países avanzados han gozado de mayores grados de libertad para apoyar sus economías.
A pesar de estas limitantes, casi todos los países emergentes aplicaron políticas fiscales expansivas durante el 2020. Como resultado, el déficit fiscal global promedio se duplicó con respecto al año anterior, alcanzando 9,8% del PIB, cifra que el FMI estima se reduzca al 7,7% en 2021 como consecuencia de una combinación de una reducción en los gastos relacionados con la pandemia y por recuperación en la recaudación.
Este aumento en los déficits fiscales ha
resultado también en un aumento de la deuda pública global, que en promedio
alcanzó el 97% del PIB en 2020. Este aumento en la deuda ha sido compensado por
tasas de interés históricamente bajas, que permite a los países avanzados –y a
muchos emergentes– hacer sostenibles unos niveles de deuda que poco tiempo
atrás hubieran sido impensables. El FMI espera que los costos del servicio de
la deuda sigan siendo manejables en las economías avanzadas, teniendo en cuenta
que gran parte de su deuda está contraída a largo plazo y en muchos casos a
tasas reales negativas. Como contrapartida, los apoyos fiscales en las
economías emergentes y en desarrollo han sido más limitados, y el FMI anticipa
que los mayores costos de servicio de la deuda limiten su capacidad para
abordar las necesidades sociales.
El caso uruguayo entraría dentro de esta última categoría, explicando la
cautela de las autoridades económicas al momento de promover nuevos estímulos.
Según el último Monitor Fiscal del FMI, la deuda pública neta del Estado uruguayo había aumentado de 38,1% en 2012 al 51% en 2019, claramente exhibiendo una trayectoria insostenible, especialmente cuando se tiene en cuenta que el aumento se produjo durante un período de crecimiento históricamente alto, que redundó en un gran aumento en la recaudación. A fines del 2020 la deuda neta alcanzó el 59% del PBI, un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que da una idea del efecto que la misma tuvo sobre la situación fiscal, haciendo comprensible la cautela que prima desde la cartera de Economía.
De todas maneras, ausente la posibilidad de realizar política monetaria, la herramienta fiscal es prácticamente la única disponible para una economía como la uruguaya. Ello implica que las autoridades deberán navegar un delicado equilibrio entre la asistencia a la economía y el aumento en los riesgos de incumplimiento de la deuda. Ese es precisamente el objeto de un trabajo reciente publicado por la Reserva Federal de Minneapolis, titulado “Crisis mortales de deuda: Covid-19 en los mercados emergentes” (Arellano, C., Bai, Yan y G. Mihalache).
Los autores del trabajo señalan el hecho que los estímulos fiscales han sido mucho más reducidos en los países emergentes que en los desarrollados, consecuencia del menor espacio fiscal y el estigma ocasionado por las crisis de deuda en las cuales se han visto involucrados en forma crónica. En concreto, el trabajo estudia las interacciones entre los niveles de deuda pública y la epidemia, evidenciando que esta susceptibilidad histórica a las crisis de deuda tiende a magnificar los costos económicos y sanitarios de la pandemia.
Este fenómeno se ve acentuado en América Latina, una de las regiones más afectadas por la pandemia. Basándose en datos de Google Mobility y de mortalidad diaria, los autores concluyen que la pérdida de bienestar ocasionada por la pandemia representa el 28% de producto anual del país promedio. Los acreedores también se perjudican, estimándose su pérdida en 7%, principalmente como consecuencia del aumento en el riesgo de los países deudores. El modelo también permite anticipar que los países con sistemas financieros y mercados de capitales desarrollados pierden menos, ya que los agentes pueden endeudarse contra un flujo futuro de ingresos. Por el contrario, aquellos países que han experimentado defaults en el pasado, las dificultades de financiar la pandemia actúan como desincentivo para quedarse en casa y así ahorrar en la pérdida de vidas humanas.
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