La tan discutida y polémica reforma de la seguridad social es algo con lo que el mundo entero está lidiando desde hace tiempo, al punto de que los expertos afirman que los países deben ajustarla cada veinte años. Las razones son simples: anualmente crece la esperanza de vida y cada vez son menos quienes con sus aportes financian las jubilaciones. En Alemania, por ejemplo, la edad de retiro desde el año 2012 es de 65 años y a partir de 2029 pasará a los 67. Al igual que en Uruguay (reforma jubilatoria vigente desde el 1º de agosto de 2023) una persona al jubilarse puede seguir trabajando. Esto último se presentó por fuera de la reforma jubilatoria por el diputado Conrado Rodríguez.
En nuestro país, sumado a la mayor esperanza de vida, tenemos una tasa de natalidad muy baja (1,49 niños por madre) lo que hace que seamos una sociedad notoriamente envejecida, por lo que hay menos trabajadores que aporten para jubilaciones cada vez más largas. Como dato, el sistema jubilatorio no se financia solo, el Estado vuelca 490 millones de dólares por año, por fuera de los aportes de los trabajadores y empresarios.
Hoy nos encontramos frente a la propuesta del Pit-Cnt con apoyo de algunos sectores del Frente Amplio de una nueva reforma jubilatoria que busca, entre otras cosas, eliminar las AFAP, bajar la edad de retiro y subir las jubilaciones. Algo totalmente a contrapelo del resto de los países.
Es evidente que el bajar la edad de retiro y subir las jubilaciones hará al sistema jubilatorio aún más deficitario. Se calcula que solo igualar la jubilación más baja al salario mínimo costaría U$S 1000 millones (1,3% del PBI) y toda la reforma en sí U$S 3100 millones más de lo que hoy cuesta.
La pregunta es ¿cómo financiar esto? Un gobierno tiene tres formas: pedir prestado, con lo cual a esos U$S 3100 millones habría que sumarles intereses; subir los impuestos, o emitir moneda (inflación).
En resumen, al problema mundial de la sostenibilidad del retiro jubilatorio, de aprobarse esta reforma, le estaríamos sumando el de financiar U$S 31000 millones por año.
Nadie niega que es mejor jubilarse antes y cobrar más, el problema es si esto es posible. La educación financiera y el ahorro individual, tema que abordaremos más adelante, pueden ser la solución y no pedirle mágicamente una vez más al Estado algo que claramente no está en condiciones de hacer.
Como diría la liberal-conservadora Margaret Thatcher en 1983: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, solo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o gravándolos más. No es bueno pensar que alguien más pagará, ese ‘alguien más’ eres tú. No existe el dinero público; solo hay dinero de los contribuyentes”.
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