La actual amenaza de default de la deuda de Estados Unidos se basa en un absurdo, casi una especie de error matemático. Aunque el debate público se centra inevitablemente en el nivel del gasto estatal, el límite de la deuda no tiene nada que ver con eso. Si se aprueba una ley por la que el gasto público debe ser de X dólares y los impuestos de Y dólares, entonces el déficit será X menos Y. Eso no se puede cambiar, motivo por el cual una tercera ley que contradiga a las dos primeras no tiene sentido. Los conservadores en el Congreso que utilizan el tope de deuda como instrumento político están poniendo en grave peligro nuestra economía. Es nuestra responsabilidad, y está a nuestro alcance, poner freno a este comportamiento y debatir la política fiscal en función de sus propios méritos. El costo económico del impasse de la deuda estadounidense es enorme, y las repetidas amenazas de caer en default pueden socavar seriamente la confianza en la capacidad de Estados Unidos para hacer frente a sus deudas.
Según estimaciones creíbles, un default breve podría costar medio millón de puestos de trabajo en 2023. Un default más prolongado supondría la pérdida de 8,3 millones de empleos y un aumento del desempleo de 5 puntos porcentuales. Un impago a corto plazo revertiría los importantes avances registrados en el mercado laboral: una transición hacia un crecimiento sólido y constante, con el desempleo en los niveles más bajos de los últimos 50 años, incluido el más bajo registrado entre la población negra estadounidense. La combinación del aumento de las tasas de interés y el menor crecimiento económico terminará empeorando el déficit: la recaudación disminuirá y los egresos por servicio de deuda aumentarán, justo al contrario del objetivo declarado de quienes actualmente mantienen al gobierno de rehén. Nuestra democracia ofrece tres formas fundamentales de hacer frente a los excesivos déficits. Podemos aprobar a través del Congreso aumentos de impuestos, como ser un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las corporaciones que se han enriquecido como bandidos durante la pandemia y la guerra en Ucrania, al tiempo que muchos estadounidenses sufrían, en parte debido a los altos precios que las empresas con poder de mercado lograron cobrar. O podemos aprobar disminuciones del gasto a través del Congreso, tanto ahora como en el futuro. Si el Congreso desea reducir la Seguridad Social o recortar el Medicare, o vaciar nuestros programas de educación, infraestructuras, medio ambiente y tecnología, puede hacerlo; tenemos procesos constitucionales que requieren la aprobación del poder ejecutivo, con la posibilidad de que el Congreso anule cualquier veto. Pero una cosa que ni el Congreso ni las urnas pueden cambiar es la aritmética: la realidad de que los déficits son la simple diferencia entre gastos e impuestos, y la deuda no es más que la acumulación de déficits y superávits.
Joseph Stiglitz, para el Roosevelt Institute
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