Hace ya más de un año que, compareciendo ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el presidente del BCU informó de la existencia de unos 633.000 deudores en su central de riesgos en condición de “irrecuperables”.
En la ocasión se analizaba un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que buscaba solucionar la situación de endeudamiento y posterior marginación del sistema financiero de decenas de miles de familias uruguayas que habían quedado atrapadas en un laberinto de insolvencia, caracterizado por altísimas tasas de interés y de mora tras haber incumplido con los pagos programados.
El titular del BCU dijo compartir la preocupación por el funcionamiento del crédito en el país y que consideraba razonable la existencia de mecanismos de solución. Sin embargo, se mostró crítico del proyecto bajo consideración, expresando una preferencia por evitar modificaciones de las condiciones oportunamente acordadas por las partes privadas.
Apoyándose en una tradicional defensa de la usura, sugirió que una acción retrospectiva podría generar una retracción del crédito, afectando tanto buenos como malos pagadores. Lo cual lleva a una conclusión algo confusa, ya que si se descartan de plano las propuestas con efecto retroactivo, la única alternativa restante sería otorgar nuevos préstamos.
El tiempo pasa
Un año más tarde poco se ha avanzado. Cabildo ha modificado su propuesta en función de comentarios recibidos, pero ni el Poder Ejecutivo ni el Banco Central han aportado avance alguno. Es una lástima. La manera lógica de proceder hubiera sido que el BCU reuniera un dossier con toda la estadística relevante a la situación y la compartiera. Bien se podría haber integrado una comisión mixta con representación del equipo económico y los partidos políticos para analizar distintas opciones, pero nada se ha hecho salvo criticar la propuesta circulante.
Más grave aún es que nuestro conocimiento del problema en nada ha mejorado durante el año perdido. Se ignora el total adeudado por esta masa de “irrecuperables” así como su distribución por monto, ya sea global o por sectores. Nada sabemos de la naturaleza de los préstamos, ya sea su modalidad o su destino. Tampoco sabemos cómo está distribuida dicha deuda entre la banca formal y otras entidades del sistema financiero. Desconocemos si se trata de los montos originalmente desembolsados (netos de amortización), o si incluyen capitalización de intereses a tasas astronómicas.
¿Cómo se pretende que sin esta información se pueda elaborar una propuesta destinada a aliviar el peso del servicio de esta deuda? Sin estos (y otros) datos, cualquiera se encuentra tanteando en la oscuridad a la hora de diseñar mecanismos de reestructuración. Si bien no resulta difícil imaginarse la angustia de las familias afectadas, con los magros datos hoy al alcance resulta difícil proponer algo más que un abordaje tentativo al tema.
Causa y efectos
En realidad la situación se compone de dos temas analíticamente separados: su causa y sus efectos. No hay duda que la causa del altísimo endeudamiento ha sido la aplicación por parte de los prestamistas (bancos, empresas administradoras de créditos y demás) de tasas de interés y de mora de una magnitud inusitada y totalmente divorciada de la realidad que vivía el país en materia de inflación moderada, todo ello habilitado por la llamada Ley de Usura del año 2007.
Los efectos han sido la exclusión financiera de un importante segmento de la población, que a su vez repercute en su marginación de distintas oportunidades, beneficios y servicios por el hecho de figurar negativamente en los varios registros de deudores. Además del impacto directo en los hogares afectados, debe tomarse en cuenta el impacto económico de su exclusión laboral y disminuido nivel de consumo.
Es por ello que las propuestas se dirigen a reducir los topes a las tasas de interés, por un lado, como morigerar sus efectos mediante la adopción de mecanismos dirigidos a reducir el endeudamiento de los hogares afectados y recuperar sus niveles de actividad, por el otro.
El bluff de la banca
La situación no deja de ser perpleja. El BCU admite que hay un problema pero no hace nada al respecto. No comparte –si es que existe– su análisis de la situación, ni ofrece información detallada para que los demás lleguen a sus propias conclusiones. Reclama autonomía, pero es incapaz de ofrecer transparencia a cambio. Como en la fábula de Esopo, no hace ni deja hacer.
Sin datos resulta imposible evaluar la seriedad del problema en términos de estabilidad del sistema financiero. Esto es crucial para evaluar el mérito de las críticas que adjudican un potencial efecto desestabilizador a las medidas de reestructuración propuestas.
En este contexto, mi percepción es que existe una gran exageración al respecto, promovida por quienes temen perder una fuente de lucro exorbitante y sus adláteres, o quienes buscan eludir el costo político de ser expuestos como ideólogos del nefasto esquema adoptado.
Aprovechando el hecho de que la falta de información detallada acerca del problema no permite un análisis a fondo, se fomentan versiones infundadas acerca de un posible impacto en la estabilidad del sistema. Los magros datos de que se dispone no respaldan dicho augurio. Este es el “bluff” que busca ahuyentar a los aguafiestas que vienen a corregir los excesos e inyectar un poco de razonabilidad en el sistema.
Consulta popular
Ante la inacción de quienes debieran asumir responsabilidad en la situación, se está considerando juntar firmas para someter a plebiscito una ley constitucional que modifique el procedimiento de fijación de la tasa de usura, a la vez que disponga de medidas transitorias para paliar la situación de sobrendeudamiento de los hogares afectados.
Sin duda el nivel de apoyo dependerá de la percepción popular en cuanto al acierto de la medida en identificar el perfil de los hogares merecedores del alivio a proponer, así como del propio alcance de dicho alivio. En cuanto a la tasa de usura, fuera de los prestamistas no creo que haya nadie que se oponga a reducirla.
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