Los regímenes de promoción de inversión se han vuelto una institucionalidad relevante e importante en la generación y orientación de inversiones y crecimiento. Por promoción de la inversión se entiende todas las actividades y medidas destinadas a crear condiciones favorables para la inversión, pudiendo aplicarse tanto a nivel de la inversión extranjera como de la nacional.
Si bien en el formato actual que los conocemos son instrumentos relativamente nuevos, se han constituido como herramientas fiscales ampliamente utilizadas y relevantes a la hora de incentivar la inversión, determinadas actividades y sectores. En Uruguay, donde se vienen usando ampliamente, se plantea la necesidad de su reformulación, buscando mejorar su funcionamiento, seguir las recomendaciones en los planos internacionales y a la vez generar los incentivos necesarios, tanto para apalancar sectores como para atraer inversiones en sectores de interés, promover el empleo, ayudar a la descentralización y ser clave a la hora del crecimiento sostenible. Este último tema no es menor, ya que la promoción de inversiones se suma a ser un elemento para favorecer la transición verde en detrimento de actividades que no lo son.
El sistema de promoción de inversiones tiene como norma madre la Ley 16.906, conocida por todos como Ley de Inversiones, que se fue complementando y concretando con la misma comisión y los decretos 455/007, 02/012, 143/018 y 268/020, que materializan el régimen aportando los beneficios fiscales a aquellas empresas que son contribuyentes de IRAE y que al realizar inversiones pueden estar amparadas para exonerar aportes en función de los indicadores. Algunos aspectos que destacar del régimen en Uruguay es que no distingue entre inversión local o extranjera, pudiendo ambas gozar de los mismos beneficios. Ha tenido un desarrollo en etapas a través de sus sucesivos decretos, se ha instalado como una herramienta de relevancia determinante a la hora de la toma de decisiones de muchos inversores y ha posibilitado a muchos la concreción de proyectos.
En este proceso que ha tenido el régimen, se destaca su realidad sistémica, como conjunto coherente de políticas, normas, instrumentos de apoyo e instituciones, que regulan, orientan y promueven la inversión. De esta forma, como plantea el informe del BID elaborado por Ons en 2016, “la función básica de este sistema es establecer y aplicar la regulación y promoción de las inversiones de forma consistente con los objetivos de la estrategia de desarrollo y proporcionar el soporte institucional para respaldarlo y adaptarlo a los cambios de contexto”. En particular, el documento destaca que en los países en desarrollo, estos regímenes han tenido como forma de aportar el crecimiento y a la demanda un importante sesgo promocional dirigido a mejorar las condiciones para la atracción de inversiones. Pero al mismo tiempo cumplen una clara función orientadora para el desarrollo de determinadas actividades y rubros cuyo crecimiento importa incentivar: promoción del empleo, por ser sectores estratégicos, por agregado de valor o por diversificación en el plano territorial.
En la realidad, estos sistemas son parte importante de los sistemas tributarios y al igual que son responsables de porcentajes relevantes de inversión, también implican grandes esfuerzos fiscales en términos de renuncia de recursos que podrían estar ingresando a las arcas del Estado. Pero ante todo el sistema de promoción de inversiones y el sistema tributario en general tiene desafíos impostergables en los tiempos que corren como herramientas fundamentales para la promoción del desarrollo sostenible, siendo una de las políticas claves para concretar mayores tasas de crecimiento, fomentando la inversión, contemplar aspectos laborales y sociales, que van desde la generación de empleo de calidad hasta la ubicación en zonas de la ciudad y del país estratégico, como ser un elemento para ayudar a la transición verde.
De esta forma, en un momento donde el crecimiento es fundamental, esperamos que se concreten propuestas y normas que tengan como eje el fomento de más y mejores inversiones que permitan concretar el verdadero salto hacia un mayor PIB, a mejoras en el empleo, a mejoras en agregado de valor, ciencia y a tecnologías limpias que cuiden el medioambiente y ayuden a la transición verde.
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