En un movimiento esperado por los mercados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) activó su maquinaria de financiamiento internacional, designando a un consorcio de bancos para una emisión de deuda que podría superar los US$ 2100 millones. La operación, esencial para cubrir el déficit fiscal en un contexto de desaceleración, funcionará como un barómetro de la confianza que los inversores globales mantienen en la solvencia uruguaya.
El gobierno de Uruguay, a través de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, ha dado un paso decisivo en su plan financiero para 2025, contratando los servicios de los gigantes financieros Bank of America Securities, HSBC e Itaú para que actúen como sus agentes y estructuradores en una nueva colocación de bonos. Su misión: coordinar reuniones (conocidas como roadshows) con inversores institucionales y sondeen el apetito del mercado.
La operación, sujeta a las condiciones favorables del mercado, podría materializarse en la emisión de un bono global en pesos uruguayos y/o dólares con vencimiento a mediano plazo. Además, contempla un manejo inteligente de pasivos, que típicamente implica la recompra de títulos de corto plazo para alargar los plazos de la deuda y suavizar el perfil de vencimientos, reduciendo riesgos de refinanciamiento.
Este movimiento no es aislado. Responde a una necesidad de financiamiento concreta: las arcas del gobierno central requieren unos US$ 6326 millones en 2025, según el reporte oficial. Hasta septiembre, el endeudamiento bruto ya sumaba US$ 3610 millones, de los cuales US$ 1907 millones provinieron de bonos externos (en dólares y francos suizos) y US$ 1453 millones del mercado doméstico.
Contexto macro
Esta emisión se enmarca en un escenario fiscal complejo, heredado en parte por “inercia fiscal” de compromisos anteriores, pero que el actual gobierno ha explicitado. El déficit fiscal del gobierno central-BPS se proyecta en 4,1% del PIB para 2025, una cifra que demanda acceso a financiamiento.
Sin embargo, lejos de ser una medida desesperada, esta colocación es una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Como se detalla en el Presupuesto Quinquenal 2025-2029, el plan oficial busca reducir gradualmente el déficit hasta un 2,6% del PIB para 2029, combinando una modernización de la recaudación con un control del gasto.
La confianza para ejecutar este plan se sustenta en la solidez de los fundamentos económicos de Uruguay: una inflación controlada (4,2% en agosto), un crecimiento económico moderado pero positivo (2,1% interanual en el segundo trimestre) y, crucialmente, el mantenimiento de su grado de inversión (BBB con perspectiva estable, según Fitch Ratings).
La confianza del mercado
La importancia de esta operación va más allá de la recaudación inmediata. Como afirmó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante el acto del Día de la Construcción, el lunes pasado: “Yo creo que lo que tengamos como respuesta en las próximas horas, en los próximos días, también va a ser una demostración de cómo nos están evaluando en el exterior”.
El éxito se medirá en los términos que logre Uruguay. En su última emisión significativa en dólares (febrero de 2025), el país colocó US$ 1500 millones a 12 años pagando “la prima de riesgo más baja de la historia para un nuevo bono en dólares”, un hito que ahora busca replicar o superar.
En definitiva, la nueva incursión de Uruguay en los mercados internacionales de deuda es un capítulo más en la gestión de un desafío fiscal reconocido y cuantificado. No es una señal de pánico, sino la ejecución de un plan financiero previsible en un país que aún goza de credibilidad externa. El resultado de esta colocación, y especialmente las tasas de interés que se deban pagar, ofrecerán un diagnóstico inapelable sobre cómo ven los inversores la sostenibilidad de la economía uruguaya en el mediano plazo y la credibilidad de su nueva regla fiscal que ancla la deuda neta en un 65% del PIB.
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