La peligrosa retórica de la austeridad: una historia que se repite
Hace diez años y diez meses, Barack Obama anunció en el Discurso del Estado de la Unión de 2010 que había llegado el momento de la austeridad. Tan grande era la aparente necesidad de austeridad que incluso se comprometió a “imponer esta disciplina (fiscal) mediante el veto”, por si los congresistas demócratas tenían otras ideas. Inmediatamente después de estas apreciaciones (que parecían contrarias al sentido común económico), algunos en el gobierno de Obama trataron de convencerme de que las declaraciones del presidente eran puro teatro. Pero el teatro político puede incidir profundamente en la discusión de políticas, al determinar qué argumentos tendrán capacidad de generar consenso en la esfera pública. Tras la crisis financiera de 2008, varios autores sostuvimos que en un contexto de desempleo que se mantenía elevado y tipos de interés extremadamente bajos, el costo de seguir financiando el gasto público con deuda sería insignificante en comparación con los beneficios. Pero la retórica de Obama dio a la austeridad el atractivo bipartidista que necesitaba para imponerse.
En 2012, Lawrence H. Summers (director del Consejo Económico Nacional de la presidencia de Obama hasta enero de 2011) y yo advertimos que, al no tener nuevos paquetes de estímulo fiscal a gran escala, la tasa de empleo, la productividad y el ingreso real jamás volverían a las tendencias de antes de 2007. En los últimos dos indicadores acertamos; la tasa de empleo terminó recuperándose, pero solo después de doce años (el triple de tiempo que en otros ciclos económicos de la posguerra). Ahora me acuerdo de esta historia de tiempos idos porque parece cada vez más evidente que vamos camino de repetirla.
En una política nacional sensata, el gobierno federal gastaría todo el dinero que hiciera falta con el fin de generar la demanda necesaria para que a los empleadores les convenga volver a contratar a esta veinteava parte de la población en edad de trabajar. La discusión de lo que podemos o no permitirnos dejémosla para cuando los ahorristas del mundo ya no consideren que la deuda pública de los Estados Unidos es un activo especial y particularmente valioso. Puede que ese día nunca llegue. Como observó John Maynard Keynes durante la Segunda Guerra Mundial: “Lo que podemos hacer, podemos permitírnoslo”.
Bradford de Long, profesor de economía de la Universidad de Berkeley, y exsecretario adjunto del Tesoro durante la administración del presidente Clinton (EE.UU.)
Empresas estatales china e italiana controlan sector eléctrico en Chile, lo que le está prohibido al propio Estado chileno
Esta semana, la empresa estatal china State Grid Corporation compró la distribuidora eléctrica más grande de Chile, CGE, por USD 3 mil millones. El año pasado, State Grid ya había adquirido otra de las tres mayores distribuidoras, Chilquinta, en más de USD 2 mil millones. Así, la República Popular China controlará el suministro eléctrico de 3,7 millones de hogares chilenos, el 57% del país. La otra gran distribuidora es Enel, cuyo dueño principal es otro Estado, el de Italia. Entre chinos e italianos, distribuirán el 89% de la electricidad de Chile y de ellos dependerá el suministro del 79% de los hogares.
Así, 33 años después de la privatización de Chilectra, Chile vuelve a tener su distribución eléctrica estatizada, pero en manos de Estados extranjeros. Además, el 28% de la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, Transelec, ya pertenece a otra estatal china, Southern Power Grid. La Constitución de 1980, en tanto, prohíbe al Estado chileno y sus organismos “desarrollar actividades empresariales o participar en ellas”, salvo que una ley de quórum calificado lo autorice…Nótese la paradoja: la República Popular China o la República Italiana pueden comprar y controlar libremente empresas en Chile, incluso en un área estratégica como la eléctrica, pero nuestra República de Chile lo tiene prohibido.
Columna de Daniel Matamala, en la Tercera de Chile
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