Las pymes enfrentan dificultades a la hora de acceder a financiamiento, y esta es una realidad mundial. Las instituciones financieras tienden a rechazar una proporción mayor de los préstamos solicitados por este tipo de empresas, al mismo tiempo que cobran tasas de interés más elevadas para asumir los riesgos adicionales de colocar en este segmento del mercado. A las pymes también se le exigen mayores niveles de garantías que a las empresas más grandes, y a menudo sus propietarios deben depositar garantías personales, que llegan hasta la hipoteca de la vivienda familiar.
A diferencia de las empresas grandes, las pymes tampoco pueden acceder al mercado de capitales, lo que las deja dependientes del sistema bancario o de su círculo familiar y de amigos para obtener financiamiento. Visto desde la óptica del sistema bancario, este segmento es probablemente el más costoso de atender en forma rentable. En un extremo se encuentran las grandes empresas, que demandan menos recursos por dólar prestado para evaluar los riesgos, en el otro se encuentran los préstamos al consumo, que se pueden otorgar con métodos estadísticos aprovechando la ley de los grandes números. Y en el caso concreto de Uruguay, las altas tasas de interés reales que consiguen las instituciones compensan con creces las pérdidas por morosidad. Visto de esta manera, las pymes se encuentran en un limbo.
Este problema es universal y requiere políticas públicas, ya que evidentemente las fuerzas del mercado conducen a una inevitable concentración empresarial y la consecuente desaparición de las pymes, las principales generadoras de empleo. Con variantes, todos los países desarrollados tienen políticas e instituciones dedicadas a la protección de las pymes. En muchos casos, esto incluye a los propios bancos centrales, que implementan políticas para favorecer los préstamos a este tipo de empresas por parte del sistema bancario, sea público o privado.
Este es el caso de Australia, cuyo Banco de Reserva introdujo a comienzos de la pandemia un paquete de políticas que contribuyó a reducir los costos de financiación de las pymes a niveles históricamente bajos, al mismo tiempo expandiendo la oferta de crédito. Esto lo hizo mediante la Facilidad de Financiación a Plazo (TFF), que proporciona financiamiento a los bancos a bajo costo, ofreciéndoles incentivos para que aumenten sus préstamos a empresas no financieras, con énfasis especial en las pymes. Concretamente, por cada dólar de préstamo adicional que el banco otorga a una pyme, el mismo se hace acreedor a un préstamo de cinco dólares por parte del Banco de Reserva.
A lo anterior se agrega a una serie de medidas adoptadas por el gobierno australiano para apoyar los flujos de caja y los balances de las empresas, que van desde programas de preservación de empleo a mejoras en los incentivos fiscales a la inversión.
Todas las medidas apuntan a reducir los costos de las empresas, aumentar el ingreso disponible de los hogares y apoyar la demanda agregada en general, lo que ha resultado a una menor necesidad de muchas empresas de pedir préstamos.
Desde el punto de vista de la oferta de créditos, el Banco de Reserva creó un Fondo de Apoyo Estructurado por 15.000 millones de dólares australianos, destinado a ayudar a pequeños emprendimientos financieros a repasar préstamos a pymes, no limitando las ayudas a los grandes bancos. Esto facilita que las Fintech provean soluciones rentables para atender el mercado de pymes. A esto se agregan planes de garantía de préstamos por 40.000 millones de dólares australianos, para que los bancos puedan conceder préstamos más baratos a las pequeñas empresas. Las pymes pueden solicitar préstamos garantizados por el Gobierno (hasta 80%) por hasta 5 millones de dólares a 10 años, y los fondos también pueden utilizarse para la refinanciación de préstamos existentes.
El gobierno australiano ha activado también al mercado de capitales, como mecanismo de financiación en que las pequeñas instituciones financieras y empresas financieras no bancarias puedan descargar créditos a pymes mediante securitizaciones. Dentro de estas iniciativas se encuentra el Fondo Australiano de Securitización Empresarial, por 2.000 millones de dólares. Otra iniciativa es el Fondo Australiano para el Crecimiento de las Empresas, que proporcionará financiación de capital a largo plazo a aquellas pymes más establecidas que deseen expandirse, un emprendimiento conjunto del Gobierno australiano y algunos bancos.
Pero las medidas del Gobierno australiano no se limitan a incentivos fiscales, préstamos e inyecciones de capital. Para evitar un reguero de quiebras, modificó recientemente las leyes de insolvencia que aplican a pequeñas empresas. También ha implementado regulaciones que limitan los plazos que se toman las grandes empresas para pagar a sus proveedores pymes.
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