Los recortes en la función pública australiana y la creciente dependencia del gobierno federal de consultores privados no sólo han malgastado miles de millones de dólares de los contribuyentes. Han socavado el servicio público y la integridad de las decisiones gubernamentales. El anterior gobierno federal concedió a las consultoras una bonanza multimillonaria a cambio de un asesoramiento poco independiente. Y lo hizo mientras realizaba recortes en los servicios públicos promovidos como un dividendo de eficiencia para los contribuyentes. Pero esa reducción de recursos y la creciente presión política sólo sirvieron para rebajar la capacidad de los funcionarios públicos de ofrecer el tipo de asesoramiento franco y sin temores que exigen los ciudadanos. Ante la comisión de investigación del Senado sobre los servicios de consultoría, varios expertos se refirieron este año a la posibilidad de que se produjeran conflictos de intereses cuando organizaciones tan herméticas como las consultoras globales colaboraban tan estrechamente con el Gobierno mientras prestaban servicios a clientes corporativos afectados por decisiones gubernamentales. Se informó a la comisión de investigación de que el gasto público solo en las grandes consultoras había aumentado de unos US$ 400 millones en 2013 a US$ 3.000 millones en 2022. Como observó el director del Centro para la Integridad Pública, Geoffrey Watson, SC: “Nuestro gobierno se estaba privatizando a escondidas”.
Editorial, Sidney Morning Herald, Australia
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