La asignación de DEG por US$ 585 millones permitiría al BCU utilizarlos para sustituir deuda en moneda nacional muy cara, generando un ahorro anual de US$ 40 millones que podría emplearse programas de alto impacto social según la intención de la iniciativa de FMI/G-7
El pasado mes de marzo adelanté en esta página la posible asignación al Uruguay por parte del FMI de una partida de derechos especiales de giro (DEG) por un monto superior a los US$ 500 millones. La operación –que se hizo realidad en agosto por US$ 585 millones– se enmarcó en una asignación general de DEG a todos los miembros en apoyo a medidas para paliar el impacto de la pandemia.
Cabe señalar que no se trata de un préstamo, sino de la creación de un activo internacional de reserva similar a la creación de dinero. El FMI crea los DEG como activo y los asigna a cada banco central como pasivo. Si éste los mantiene en cartera (activos de reserva) no le genera costo alguno. Si el banco decide utilizarlos –por ejemplo, canjeándolos por moneda extranjera– le genera un costo mínimo de 0,05%.
En el caso del Banco Central del Uruguay, lo lógico sería aprovechar esta posibilidad de sustituir deuda onerosa por deuda baratísima. El ingreso de capital especulativo obliga al BCU a emitir pesos para comprar dólares. Luego emite letras de regulación monetaria (LRM) para esterilizar el exceso de pesos en el sistema. Los dólares se colocan en valores del tesoro USA que rinden una tasa insignificante del 0,08% a un año. En cambio, el BCU debe pagar 7,00% sobre las LRM (en pesos).
Aplicado al monto actual circulante de LRM (ligeramente superior al equivalente de US$ 7 mil millones), el diferencial entre intereses pagados y recibidos roza los US$ 500 millones anuales. En buen romance y con tipo de cambio estable, el BCU está pagando US$ 500 millones al año por alquilar US$ 7,000 millones de reservas que nos brindan algo de imagen, pero nada de rendimiento. En el proceso se acumula un déficit cuasifiscal que periódicamente debe asumir el gobierno central –es decir– nosotros.
Un “reverse tapering”
La idea entonces sería utilizar la reciente asignación de DEG para sustituir reservas existentes y en el proceso disminuir gradualmente el saldo circulante de LRM (al no renovar vencimientos) en un monto equivalente a los DEG utilizados. En primera instancia ello produciría un ahorro anual cercano a los US$ 40 millones, dineros que bien podrían canalizarse hacia un destino más acorde con la motivación de los impulsores de la iniciativa de la asignación general (G-7 y FMI).
El impacto monetario seria de un aumento de liquidez en plaza en moneda nacional, presionando al alza los títulos públicos y por ende a la baja las tasas de interés, reduciendo así el diferencial de tasas entre LRM emitidas y reservas colocadas. Seguramente contribuiría también a detener el proceso de atraso cambiario que ha vuelto a caracterizar a la economía.
Sería un vuelco bienvenido en la actual situación de incertidumbre en cuanto a la evolución del nivel de actividad y del empleo, más acorde con lo que se ha visto a nivel global en el manejo de la política monetaria en el contexto pandémico
Creando espacios
Precisamente para asistir a los países en el aprovechamiento de los fondos puestos a su alcance, el FMI ha publicado un manual1 destinado a esclarecer su tratamiento contable y sus posibles aplicaciones. Se enfatiza que los fondos buscan crear un “espacio para políticas que brinden un aumento en la capacidad de emprender políticas macroeconómicas discrecionales que no hubiesen sido posibles en ausencia de la asignación de los DEG”.
Este concepto de política macroeconómica comprende claramente el gasto fiscal destinado a paliar y remediar situaciones sociales gravemente afectadas por la súbita caída en el nivel de actividad, como ser la migración urbana motivada por pérdida de empleo o rentabilidad en actividades de índole rural.
En su discusión acerca del uso o la retención del espacio para políticas, el FMI opina que existe mayor alcance para su uso cuando el nivel de reservas internacionales de un país no representa un tema de preocupación. La inferencia es que, si un país logra manejarse en los mercados financieros con su actual nivel de reservas, sería un uso poco apropiado simplemente agregar la asignación de DEG a dicho nivel habiendo situaciones donde su impacto social pudiera ser mayor.
Una aplicación a considerar
Específicamente el párrafo #29 sostiene que el DEG podría emplearse para reducir la deuda pública interna cuando esta es muy onerosa, descripción apta de la situación que sugerimos remediar. Como hemos señalado, dicho ahorro podría significar US$ 40 millones anuales.
En un momento en que la ejecución de varios programas de alto impacto social ha debido suspenderse por restricciones presupuestales, la aparición de un ahorro no contemplado en el servicio de deuda del BCU bien podría canalizarse hacia el programa de erradicación de asentamientos, por ejemplo, donde seguramente el impacto de la pandemia ha vuelto más urgente la búsqueda de soluciones.
No debe perderse de vista que no se trata de gastar los fondos puestos a disposición del país, sino emplearlos con vistas a maximizar su impacto en la reducción del monto y el servicio de la deuda incurrida por el BCU en apoyo a la imagen crediticia del Uruguay. Lo que se propone es integrar los ahorros provenientes de dicho empleo a programas de alto impacto social, sin impacto presupuestario y en consonancia con los objetivos enunciados por la iniciativa de asignación de DEG.
*Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Ex Director Ejecutivo del Banco Mundial.
Nota al pie:
1 Guidance note for Fund Staff on the treatment and use of the SDR Allocation”, IMF, Agosto 2021
TE PUEDE INTERESAR
