Gregory Mankiw, profesor de Economía de Harvard y autor de uno de los textos más populares sobre esa disciplina, afirmaba: “A los economistas les gusta hacerse pasar por científicos. Lo sé porque yo mismo lo hago con frecuencia. Cuando doy clase a los estudiantes universitarios, describo premeditadamente el campo de la economía como una ciencia para que ningún novato en estas lides piense que se ha embarcado en una empresa académica de mala muerte”.
Si el presente ensayo se pudiera resumir en una sola línea, sería: “La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas”. Pero para lograr dicho objetivo es necesario desacralizarla. Esta tarea, y en forma casi salvaje, es emprendida por… un economista. Pero no cualquiera. Ha-Joon Chang, nacido en Corea del Sur, es especialista en Economía del Desarrollo y profesor de la Universidad de Cambridge. Ha logrado en el 2005 el premio Wassily Leontief. Aparte de los textos académicos, es autor del fascinante e imprescindible “23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo”.
Crítico duro del liberalismo, ha elaborado una teoría sobre la política industrial, una vía media entre la planificación central y el libre mercado sin control. A partir de estos desarrollos, ha elaborado una aproximación más amplia a la economía: la llamada “política económica institucionalista”. Esta perspectiva ubica a la historia económica y los factores sociopolíticos como eje de la evolución de las prácticas económicas.
Su línea de pensamiento se acerca a la corriente institucionalista, considerando que los mercados son construcciones políticas y no un orden natural que emerge espontáneamente. Por lo tanto, no tiene sentido y no es posible una despolitización de la economía, alejándose de enfoques como el neokeynesianismo que defiende la intervención del Estado en la economía, en calidad de regulador, con el fin de corregir las distorsiones del mercado. El Estado “debe regular, sobre todo en los países en desarrollo, porque hay sectores estratégicos en los cuales el sector privado no quiere intervenir por el riesgo. Como regla general, diría que el Gobierno y la empresa privada pueden trabajar conjuntamente, pero la regulación es básica, porque los mercados no pueden autorregularse”, agregando que respecto a la relación entre Estado y empresarios, que “lo óptimo es que sean aliados, que se comprendan mutuamente y que tengan la capacidad de trabajar en conjunto”.
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