El Centro de Vitivinicultores de Uruguay (CVU) realizó el pasado domingo elecciones en las que resultó electo presidente el dirigente Aramir Silva.
En medio de una situación por demás difícil para el sector, hubo un quiebre en la directiva y se produjo una renuncia masiva de dirigentes. Un grupo de productores le solicitó a Aramir Silva que se presentara con una lista, la cual fue la única registrada y votada en la asamblea del domingo pasado.
En diálogo con La Mañana, el novel presidente dijo que uno de los principales desafíos es llevar adelante el proyecto de la construcción de una planta de mosto para la producción de concentrados de uva y azúcar de uva, entre otros productos. “De esta manera buscamos cambiarle la cara al sector, para buscar productos alternativos que verdaderamente nos devuelvan la rentabilidad y la soberanía del negocio” señaló.
Silva dijo: “Hoy estamos jugados solo al vino, que cada vez se vende y se exporta menos, entonces tenemos que buscar productos alternativos. Hay que buscar una estrategia, ya que la gente está acostumbrada solo al consumo de vino, por lo cual hay que diversificar los productos”. A esto agregó que se debe “buscar una salida más fuerte para que el productor y la pequeña industria de este país no caigan, sino que se alimenten de los productos alternativos y puedan generar un buen negocio”.
La producción de vino ha tenido diversas variaciones con los años, pero 2023, marcado por la sequía, fue uno de los años de menor producción, llegándose a unos cincuenta millones de litros cuando el promedio de años anteriores era de sesenta a setenta millones de litros.
El presidente de la CVU dijo que “los productores de uva vienen en decadencia y perdiendo pie en la barranca. La pequeña y mediana industria da un paso para atrás y de esa manera termina apretando a la más chica”. Para Silva se está “en una crisis importante que debemos revertir”, aunque destacó que desde el gobierno se dio un apoyo fundamental, “no siendo lo que está pasando culpa del sistema político, sino también de nosotros, que no entendimos el desafío de encarar una salida en defensa del trabajo de la gente”.
“Si se buscan beneficios personales, la gente sigue cayendo y se culpa a un tercero, pero la culpa no la tiene el sistema político”, aclaró Silva. Es por esta razón que la instalación de una planta de mosto se considera un cambio fundamental de esta realidad, ya que podrá consumir seis millones de kilos de uva en cada zafra. Esta planta podrá producir mosto concentrado, rectificado, sulfitado y azúcar de uva.
En la actualidad el proyecto se encuentra en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) a la espera de que se apruebe la contratación de una consultora para desarrollar un plan de negocios nacional e internacional. Al llamado se presentó únicamente una empresa alemana y el costo es de 54 mil euros. Por otra parte, el proyecto agroindustrial ya está hecho, habiéndose realizado en el gobierno anterior y financiado en un cincuenta por ciento por el Ministerio de Industrias y el restante cincuenta por ciento por la CVU.
Silva recordó que esta idea de una planta de mosto nació hace veintitrés años. Cuando se le pregunta por qué la resolución sobre la consultora está detenida en Inavi, sostiene que “durante estos años se han ido generando monopolios dentro de la industria y esto les hace perder el mango de la sartén. Tener el mango de la sartén hace dominar la jugada, pero ahora hemos trancado nosotros”.
Por lo tanto, para que la planta de mosto se concrete, solo falta que Inavi pague los 54 mil euros a la consultora. El presidente del CVU destacó que los inversores para llevar adelante la construcción de la planta están. Se trata de un grupo empresarial uruguayo, aunque también adelantó que viajará a Argentina, en donde existe interés en invertir en la planta. Estos inversores se sumarían como socios a los uruguayos. La construcción llevará menos de un año, por lo cual hay optimismo de que para la próxima cosecha esté funcionando. La inversión se estima en dos millones de dólares. La idea es poder exportar a Japón y la Unión Europea. Algunos de los productos son usados por la industria de refrescos.
“Vamos a ver cómo llevamos adelante este desafío y logramos nada más y nada menos que nazca una industria nueva en el departamento de Canelones que asegure el trabajo no solo de los pequeños productores, sino también de la familia rural. Los asalariados rurales van de la mano nuestra y cuando nosotros caemos, cae el asalariado rural”, sostuvo Silva.
La pregunta más lógica es por qué razón un emprendimiento de este tipo no había prosperado. Silva sostiene: “Hace veintitrés años que vengo luchando con esto. El INIA había realizado una convocatoria hace muchos años para un proyecto de investigación, en el cual el CVU quedó con el mayor puntaje y probamos que el sector no caería con una planta de esta naturaleza. Lamentablemente, los años fueron pasando y nunca se le dio bolilla, pero la coalición de gobierno y el Frente Amplio lograron que saliera la ley que hace esto posible”. Se trata de un artículo en la Rendición de Cuentas, votado por amplia mayoría a pesar de los argumentos en contra que desde el sector industrial se mencionaron en las Comisiones de Hacienda de Diputados y del Senado que trataron el proyecto.
En todo este proceso, Silva destacó el accionar de los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech por el impulso al proyecto.
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