Panamá sancionó la denominada Ley de Política Agroalimentaria de Estado a través de la cual se busca proteger al sector productivo del país.
El miércoles 18 de enero, el presidente de Paraguay, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley de Política Agroalimentaria de Estado, en un acto desarrollado durante la Feria de San Sebastián de Ocú (provincia de Herrera), rodeado de productores.
Al hacer uso de la palabra, Cortizo dijo que fue un “día histórico y de mucha emoción”, y destacó que la ley se sanciona luego de 30 meses de pandemia y problemas climáticos. El actual Gobierno asumió el 1 ° de julio de 2019, hace 42 meses.
“Este debe ser un día histórico”, enfatizó, porque estamos ante una ley que es la primera en el continente en su tipo y cuenta con el apoyo de toda la dirigencia política con representación parlamentaria ya que fue aprobada por unanimidad.
El mandatario agregó que “con la Política Agroalimentaria de Estado también se corrigen errores del pasado que en el futuro no se pueden volver a cometer”, en ese sentido dijo que el país “no puede privilegiar las importaciones; cuando se necesiten, para eso están las cadenas agroalimentarias y podemos ponernos de acuerdo en lo que hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no importar cuando están los productores cosechando”.
Finalizado el acto Cortizo escribió en sus redes sociales: “El fortalecimiento del sector agropecuario está enfocado en mejorar la producción, con el propósito de mantener la calidad y estabilidad de los productos alimenticios que conforman la canasta básica de los panameños”, y agregó: “Una vez más, los panameños nos hemos puesto de acuerdo para lograr una política de Estado que contribuya al desarrollo. Es fundamental que los beneficios de los programas y proyectos lleguen a los hombres y mujeres del campo para ir cerrando las brechas de la desigualdad”.
Priorizar la producción nacional
En su articulado, la ley declara la prioridad la producción agropecuaria nacional, como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población, y la seguridad y soberanía alimentaria nacional.
También limita las importaciones al establecer que el Gobierno no podrá importar productos para sus programas que se produzcan a nivel nacional, a excepción por motivos de la disponibilidad y de emergencia.
También se deberá asegurar la incorporación de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores al mercado nacional e internacional, a través de la creación de circuitos alternos de comercialización, del fomento de la asociatividad y de la capacitación.
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