En el año 2022, la propuesta hecha pública por el Dr. Nicolás Olivera, intendente del departamento de Paysandú, de aplicar un impuesto diferencial a empresas de transporte de carga por el uso de la caminería rural generó inmediata reacción de productores, transportistas y hasta jerarcas de otros departamentos, que en el Congreso de Intendentes no apoyaron la iniciativa. Desde la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, su presidente, el economista Jorge Núñez, integrante del Banco Interamericano de Desarrollo y Consultor del Banco Mundial hasta 2019, comenzó una investigación sobre el Programa de Caminería Rural, lo que derivó en denuncias presentadas en Fiscalía por un presumible desvío de dineros públicos. Para conocer más detalles respecto de un tema que involucra a la producción nacional, La Mañana entrevistó al Ec. Núñez.
Cómo presidente de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, ¿qué información nos puede brindar sobre la investigación que están realizando?
A raíz de una investigación que llevamos adelante hace ya cuatro años y medio, cuando se aprobó el Presupuesto Nacional y su artículo 666, investigamos qué era lo que estaba pasando con los dineros públicos, que en definitiva son lo que nos preocupaba, cuáles eran los criterios de evaluación y realmente si llegaban de forma eficiente, eficaz y transparente como lo marca el artículo 213 de la Constitución de la República. Y en ese sentido empezamos a investigar. Comenzamos primero por aquí, por San Jacinto, Canelones, con un contacto con el señor alcalde de la localidad. Nos encontramos con que para lo que hace la alcaldía no había una respuesta concreta, que pasaba todo por la intendencia, es decir, el programa de caminería rural nace, como decíamos, en la Ley del Presupuesto Nacional. El artículo 666 es muy claro, hay dos proyectos: el 999 y el 994, si los sumamos, estamos hablando de una inversión –pero acá en el Presupuesto siempre se habla de gasto, porque realmente es gasto a pérdida– de 200 millones de dólares en el período 2020-2024.
Al entender que estábamos hablando de 200 millones de dólares –eso suponemos– hicimos una denuncia de presunción de desvío de dinero público. En estos cuatro años, a raíz de identificar algunas irregularidades, nos hemos reunido también con funcionarios de la OPP y de las diferentes intendencias, haciendo pedidos de acceso a la información pública. La documentación prueba lo que denunciamos. Encontramos que, por ejemplo, las intendencias no hacen presupuestos por obras de mantenimiento ordinario ni extraordinario, dependiendo de cuando se trata de la gestión propia, es decir, de la intendencia.
Por otro lado, nos preocupa y nos ocupa que a partir del año 2021 la OPP toma una decisión que no sabemos si tiene que ver con una posición realmente institucional, de Presidencia –donde está la OPP–, o si se considera abuso de funciones por algún funcionario que toma esa decisión. Realizamos la primera denuncia el 9 de setiembre del año pasado, ante la Fiscalía de Delitos Económicos, y fuimos a declarar, en primera instancia, en noviembre pasado. Desde entonces hacemos lo que se llama la ampliación de la denuncia, porque si bien mencionamos los 200 millones de dólares del Presupuesto, en abril del año pasado, el Congreso de Intendentes solicita al gobierno nacional un aporte de 15 millones más de dólares, para lo que se denomina Programa de Emergencia Vial, por el tema de la lluvia. En el marco de esta investigación que venimos haciendo, obviamente, dividimos los 15 millones entre los 19 departamentos y nos dio aproximadamente 800 o 900 mil dólares.
Ahora bien, ese monto supera largamente el monto máximo que propone el texto ordenado de contabilidad y migración financiera para hacer compra directa, que son 18.750 dólares. Entonces, se transfieren los dineros públicos en la modalidad de transferencia bruta. Hablamos de dineros importantes, de 800 mil dólares, aproximadamente, un poco más o menos, dependiendo de los diferentes gobiernos departamentales, y lo que encontramos es que se hacen compras directas. Nosotros hicimos los pedidos de acceso a la información pública a las 19 intendencias, a las 19 juntas departamentales, porque son el órgano contralor, según la Ley 9515, artículo 1, y lamentablemente no encontramos respuesta alguna a nuestra consulta concreta. El pedido de acceso a información pública pregunta cuáles fueron los criterios utilizados para el uso de los 15 millones de dólares que aprobó el gobierno nacional en el marco de la emergencia nacional.
Ustedes lo vienen trabajando hace bastante tiempo, pero el anuncio que hace el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de aplicar un nuevo impuesto para el uso de la caminería rural, ¿fue lo que disparó, lo que aceleró este trámite y la presentación judicial?
No, a mí me parece que la declaración o propuesta del señor intendente es un disparate. Porque en un país donde el sector agropecuario conforma o compromete fuertemente el Producto Bruto Interno, estar multando al sector privado, porque tiene que salir, porque no puede salir en días de lluvia, no puede ingresar ganado, a mí me parece un disparate. Para mí es un disparate que un funcionario público lo proponga y de hecho hay una ley al respecto. Hay que apostar a otra cosa, a una caminería rural como la gente, y con lo que nos hemos encontrado, justamente, es que la gestión integral, la gestión del Estado, y las transferencias, se vienen haciendo sin un control de las obras.
Otro de los temas que encontramos es que la OPP incluso redactó un documento que se llama “Mejores prácticas en caminos rurales”, y los que estamos en la investigación y fuimos al hueso, realmente, le decíamos a la señora Fiscal que la verdad es que no se hacen presupuestos, no se controla la calidad de la tosca que se está utilizando, si se compacta o no, no se limpian los lugares cerca de arroyos o ríos, porque eso es lo que después deteriora la caminería rural. Si no estamos limpiando permanentemente, cuando vienen las lluvias, es lo que nos pasa. El tema no es que estamos en una emergencia hoy, hace 40 años que el país está en una emergencia en lo que corresponde a caminería rural.
Desde la Oficina de Descentralización de Planeamiento y Presupuesto informaron sobre la financiación de proyectos para las alcaldías. ¿La OPP es omisa o complaciente ante lo que usted denuncia como desvío de fondos públicos?
Puedo mostrar un documento de la OPP que confirma lo que digo. Tengo un documento que dice que a partir del 2021 la OPP toma la decisión de no controlar más las obras, sino trasladar esta actividad, que es nuestra responsabilidad, que es muy delicada. Se traslada la auditoría, que es la certificación de una obra en cuanto a costo, calidad y garantía, al gobierno departamental, y se abre la pregunta para la señora directora, que es quien debería responder, si cree que puede haber una auditoría de calidad cuando le trasladamos a quien hace la obra la responsabilidad de controlar. Es decir, yo me cobro y me doy el vuelto. Nosotros, que estamos en el terreno y que vivimos en zonas rurales, ya hemos identificado que si no se hacen presupuestos para la obra, si no se controla la calidad al terminar, si no se controla la limpieza que es parte de la gestión integral de un camino rural, lo que encontramos es que hay una carencia total del órgano contralor, que en este caso es la OPP, que tiene ciertas preferencias y que por años certificaba las obras. Lo que puedo comentar es que no se hacen los controles. En una visita que hicimos a Treinta y Tres y Lavalleja, estuvimos con el alcalde de Vergara, en Treinta y Tres, y nos confirma que él estuvo trabajando por años en caminería rural y nunca se hizo un presupuesto. Entonces, si no se hace un presupuesto y tenemos el costeo por rubros, ¿cómo sabemos si es más eficiente hacer un camino con tosca o que con carpeta asfáltica?
O sea, acá entonces no podemos cargar la responsabilidad en las alcaldías, que de repente esperan por los dineros del gobierno nacional para otro tipo de necesidades, y no para esto que son de urgencia, porque además afectan directamente la cadena productiva.
Vamos a partir de la base de que el que tiene la responsabilidad de ejecución de labores son los gobiernos departamentales y la caminería rural.
Cada intendencia departamental tiene una dirección de caminería rural. Ahora, usted habla de las alcaldías, y ellas tienen poder para ejecutar en tanto y en cuanto se les adjudiquen rubros, que van de acuerdo con los proyectos que presentan, y la OPP aprobó 130 proyectos para las alcaldías. Entonces, ¿cuál es la prioridad que dan las mismas, por ejemplo, para la caminería rural y no priorizar otros proyectos?
Sí, pero le reitero, no es responsabilidad de las alcaldías. Hoy por hoy, según el presupuesto nacional, que es una ley, la ley 19.924, hoy el responsable directo de la caminería rural es, por un lado, de ejecutarlo los gobiernos departamentales, y de controlar y hacer las transferencias la OPP. No hay otra. Ese sería el workflow, como se llama, o el procedimiento. Es decir, se limita la cuenta de rentas generales, tanto del 999 como del 994, que son el proyecto 994, son de organismos internacionales de los que trabajé. Es más, permítame decirle que una de las cosas que encontramos, hago un paréntesis acá porque es importante que la audiencia lo conozca, esto es un tema bastante delicado. El 999 es rentas generales que los ciudadanos nosotros contribuimos con la contribución y con el pago de patente. Eso es lo que conforma el 999. Después se divide en la tabla al 994, que es el aporte del financiamiento que es del Banco Interamericano de Desarrollo. Fuimos, hicimos la denuncia también, tuvimos una reunión en Washington. Fuimos al portal del Banco Interamericano, vimos la base de datos, que esto lo hemos planificado por muchos años, que es la trazabilidad de la cartera del presupuesto, y encontramos que no son 200 millones, son 600 millones que están en ejecución.
Entonces, fíjese si será delicado este tema. Hasta uno queda mareado realmente porque dice, a ver, por un lado, tenemos 200 millones y sumamos, ojo, el proyecto 994 y 999. Por otro lado, si vamos a la cartera de proyecto, tenemos en ejecución que el BID dice que está ejecutando para la comunidad rural en Uruguay, si va a Uruguay y se pregunta cuánto es la ejecución de los proyectos, el total suma 600 millones de dólares. Hicimos la denuncia y dijimos, a ver, señores, ¿cómo es posible que el país esté ejecutando según el presupuesto nacional un monto y en cartera el BID tenga otro monto completo casi tres veces más de lo que marca o han dispuesto del presupuesto nacional? Entonces, insistimos, hay muchas irregularidades, como dice la señora fiscal, las variables o las aristas, ella usa la palabra, las aristas difieren, digamos. Acá puede haber, de hecho, abuso de funciones, ni que hablar porque alguien tomó la decisión de no controlar más y hay un decreto, ¿dónde salió la decisión de no controlar más un programa tan importante de 200 millones de dólares? Después, encontramos esta diferencia entre 600 y 200, es un tema no menor, que acá creemos que también hacemos énfasis en lo que es la participación, no debería ser la participación no solamente de las juntas departamentales como órgano contrario al ejecutivo del gobierno departamental, que hemos solicitado el amparo nosotros como asociación nacional de control y participación ciudadana para conocer cuáles fueron los criterios reales, que ellos nos ayuden también porque, a ver, nosotros, el ciudadano vota al representante nacional y vota al representante local, digamos, de alguna manera, ni la junta departamental, son los ediles, lo que tiene que de alguna manera el amparo es lo que nosotros le pedimos, que comiencen a controlar, vamos a empezar a ver qué está pasando porque, a ver, reiteramos, aquí se hace una obra de 13 kilómetros por un camino rural, lo mínimo que requiere un ciudadano para hacer una obra es conocer, si lo están haciendo con los dineros de los ciudadanos, es conocer, bueno, cuáles son los rubros de gasto y qué costo tiene, porque nosotros lo que planteamos, si me permite, es justamente hacer lo que se llama el costo de oportunidad en una inversión, no en un gasto, pero permítame, el gasto va a perdida, entonces hace 40 años que los ciudadanos pagamos y no tenemos caminería rural porque entendemos, y yo esto lo defiendo, pero tenemos que sentarnos con documentación y técnicamente, no con documentos. Entonces, ¿cómo es posible que en 40 años no hemos podido solucionar una caminería rural que, como usted bien dice, ha crecido y va a seguir creciendo, porque ahora vienen los famosos tritrenes, ¿cómo nos vamos a arreglar con los tritrenes en esta caminería rural.
¿Qué piensan hacer con esto? ¿Cuentan con el apoyo de los productores para poder ir aumentando la presión judicial y para que el gobierno entrante tome cartas en el asunto?
Es una gran pregunta, y acá justamente lo que se requiere es como se llama la sanación, control y participación. Lamentablemente, como no hay controles del Estado, los ciudadanos nos tenemos que volcar y juntar, unirnos y de alguna manera poner presión para que el administrador de los dineros públicos, que en este caso fueron votados por nosotros, por el voto de cada uno de los ciudadanos, se haga responsable. Y ya sí, usted está hablando de un caso que me acaban de llamar, porque hice algún comentario en 33, y me llama una señora, bueno, se contactan con el delegado, nosotros estamos en los 19 departamentos, se contactan con el delegado nuestro en Río Negro. Este es un caso que es bastante atípico, pero es lo que está pasando, lamentablemente. Fíjese qué delicado que llega a ser el tema del mal manejo de los dineros públicos en el programa de la Comunidad Rural. Se contacta una señora que tiene un tambo, y le dice el delegado nuestro, Jorge Hernández, en Río Negro, le manifiesta su intención de cerrarlo. La señora tiene una pyme, es un tambo, vaya si ahora hemos tenido de estos cinco años conocimiento de la cantidad de tambos que están cerrando. La señora ya está cansada, ya no da más, va a cerrar el tambo por la situación del camino que permanentemente tiene, cuando llueve que salir con el tractor y con una linga, tirar del camión cisterna de leche, de la cooperativa que trabaja en la zona de San Javier de Río Negro, porque el camino es inviable, y el camión no puede llegar al tambo. Lo mismo para cuando tiene que salir. He hablado con esta señora es una colona, que está en el Instituto de Colonización, y ya lo hablé con el presidente el señor Julio Cardoso. Y bueno, estamos viendo a ver cómo podemos solucionar para no perder una pyme más en el país. A ver, acá tenemos que darnos cuenta de que no podemos estar en este juego de diferencias y jugar a la escondida con los dineros públicos. Hay que hacer los caminos de forma, de costo, con calidad y garantía. Y no hay otra forma. Son nuestros dineros y no podemos, dando lujo a la economía como está del país, seguir perdiendo pymes. Las pymes conforman en el país el 98,56% de la cantidad de empresas que tenemos en Uruguay. Y generan el 60% del empleo general. Entonces, para una familia, si le negamos lo mínimo, lo básico, que es ingresar y salir un camino cisterna de un campo, yo creo que esto tiene que ser un aviso no solamente para el gobierno departamental y la OPP, que son los que de alguna manera están involucrados en esta situación. Reitero, de presunción de desvío de dineros públicos. Acá tiene que estar el BPS.Y hay que hablar del Ministerio de Economía porque se cruzan los aportes. Esta señora deja de trabajar y ya lo hemos visto en otros países donde hemos trabajado. Los incumplimientos generan pobreza cuando esta gente, lamentablemente, por la actividad que genera, quizás o no quizás, no tengan otra oportunidad que ir a una ciudad a vivir o a buscar una fuente de trabajo. Entonces, me sigue un poco lo del resultado, que es hasta dónde trasciende el mal uso que se le están dando a los dineros públicos.
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