Entrevistado en la pasada edición radial de La Voz de La Mañana, Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), reclamó que las autoridades atiendan estos fenómenos y puedan brindar información precisa.
Un problema es el cierre de empresas que “ronda las 10 y 12 mil unidades económicas”, estimó. En agosto de 2020, la Agencia Nacional de Desarrollo manejó la cifra de 7 mil las empresas que habían cerrado desde el comienzo de la emergencia sanitaria; pero Villar cree que en diciembre esto se incrementó, y que durante lo que va de 2021 fue extensivo en algunos sectores que se mantuvieron imposibilitados de trabajar, y en los que “el cierre siguió siendo una herramienta”.
Para Villar es fundamental contar con “información precisa” del Ministerio de Trabajo y de BPS y DGI sobre las empresas cerradas. “Debiera ser un dato público, porque para todas las partes es relevante para poder tomar decisiones”.
El otro problema que se ve es un proceso de “informalización” de las empresas. “Una empresa que ha bajado 40, 50 o 60% su nivel de facturación, al ser ese el modo de vida del empresario y de sus dependientes, seguramente pueda no estar haciendo frente a sus obligaciones fiscales, pero no va a dejar de realizar esa actividad, sino que la va a comenzar a realizar desde la informalidad”, explicó Villar.
“A nosotros nos parece que es el peor de los fenómenos y el peor de los resultados que puede tener la pandemia, si no le buscamos buenos instrumentos de reenganche de la empresa con la formalidad, pero oportunos y rápidos”, expresó. Villas entiende que mientras se espera una reactivación económica “una de las cosas más importantes es defender los niveles de formalidad que había alcanzado Uruguay”.
Según el presidente de Anmype, “hay que generar una batería de instrumentos, conjuntamente con algunos instrumentos de crédito (que seguimos insistiendo que tienen que ser a tasa cero) que le permitan tener un aire financiero a las empresas, y que le permitan tiempos para poder engancharse en la reactivación económica”. Para Villar, estos “son instrumentos fundamentales y no tenemos duda de que es la mejor inversión pública, porque estamos defendiendo formalidad; que esto impacta, desde el sistema mutual hasta los ingresos al BPS, pero además, mantiene al mercado interno, y mantiene la competencia leal”.
Además, recordó que Anmype ha venido presentando desde hace un año “una de las herramientas más potentes que nosotros vemos para mejorar una reactivación económica para los sectores de micro y pequeña empresa, que es realizar un ajuste impositivo; obligando a que parte del beneficio que obtendrían por medio de esta modificación tributaria, el empresariado la reinvierta en nuevas tecnologías”. “A nosotros nos interesa que una micro empresa, en vez de pagar un 25% de renta pague un 5%; y que del 20% de beneficio, el 10% lo reinvierta en actualización tecnológica, que mejore su competitividad y le permita crecer”, concluyó.
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