Una de las características del territorio de nuestro país desde sus albores fue la posesión de suelos propicios que favorecieron el surgimiento natural de “verdes praderas”, muy aptas para la cría de ganado y que fueron aprovechadas a partir de la época hispánica, a fin de introducir vaquerías inicialmente para uso propio, pero luego ser explotadas también para su exportación.
Esta actividad económica comercial se canalizó del punto de vista logístico, a través de la bahía de Montevideo, pues ofrecía excelente abrigo a los buques mercantes como fondeadero natural, con profundidades adecuadas y al reparo de los elementos naturales, llámese vientos pamperos y sudestadas.
En ese escenario nació la ciudad de Montevideo a partir de 1724 con su “puerto”, íntimamente relacionado a la “pradera” y posteriormente también nuestro país, enmarcado en un espacio geopolítico a modo de “frontera” entre dos imperios, según términos usados por eximios historiadores. Así fue que en 1830 surge con la Jura de la Constitución el Estado Oriental del Uruguay. Pradera, puerto y frontera.
A posteriori, con el devenir de los acontecimientos de los gobiernos de la República, se aplicaron diferentes políticas que contribuyeron a potenciar el desarrollo del sector ganadero que, junto a los avances tecnológicos, entre otros factores, profundizaron la explotación de nuestra “pradera verde”, haciéndose extensiva a múltiples actividades agropecuarias y forestales, entre otras…
Estas actividades han hecho del mismo un amplio sector primario estrechamente vinculado a las industrias alimenticias y derivados forestales, convirtiéndose en la actualidad en los principales rubros de exportación del país.
En síntesis, en estos casi tres siglos, el más importante desarrollo económico del país ha estado centrado en las capacidades productivas y explotación de nuestras praderas y en el papel clave y estratégico de la posición ventajosa del Puerto de Montevideo y su capacidad de operar de forma competitiva , como nodo logístico para conectarnos con el mundo a través de las rutas marítimas comerciales, que son los caminos en el mar para sacar nuestras riquezas y recibir las importaciones de otros productos o mercancías.
Por otro lado, más allá de las actividades productivas desarrolladas en las praderas dentro de nuestros límites terrestres, a partir de 1969 por Ley de Pesca, se declaró de interés nacional la explotación, la preservación y el estudio de las riquezas del mar y se extendió la soberanía de la República más allá de su territorio continental hasta las 200 millas marinas, estableciéndose la explotación racional de los recursos vivos acuáticos por parte de buques nacionales y el eventual otorgamiento de permisos a extranjeros.
Asimismo, en noviembre de 1973 se firmó el Tratado del Rio de la Plata y su Frente Marítimo entre Argentina y Uruguay, promulgándose el marco legal para la protección ambiental y desarrollo sostenible de los usos y recursos de esos espacios. Este hecho, marcó un hito histórico en nuestra legislación marítima y fluvial, ejemplo a nivel internacional por el empleo de diferentes herramientas jurídicas.
Posteriormente, Uruguay ratificaría en 1992 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay (Jamaica) de 1982 (CONVEMAR), verdadera “Constitución de los Océanos”, que definió la plataforma continental que no podría exceder las 350 millas, limitó el Mar Territorial (MT) hasta las 12 millas a partir de la linea base, creó la Zona Contigua (ZC) hasta las 24 millas, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) hasta las 200 millas y diferenció, según se trate de la columna de agua, el lecho o subsuelo marino, el régimen jurídico particular para cada zona.
También se definió por un concepto residual el “Alta Mar”, como aguas de carácter marítimo con un régimen jurídico de libertad, ejercida con ciertas condiciones de acuerdo con las normas del Derecho Internacional y que no están enmarcadas en ninguno de los espacios mencionados en las delimitaciones anteriores.
Por otra parte, nuestro país por la Ley de espacios Marítimos de 1998 ajustó los mismos de acuerdo con la CONVEMAR, y determinó las acciones correspondientes para fijar el límite exterior de la plataforma continental con la participación entre otros del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA), para llevar a cabo los estudios y trabajos requeridos, incorporando a tales efectos, el Buque Científico ROU “Oyarvide”, que, habiendo cumplido con su misión, próximamente será radiado del servicio.
Después de arduos trabajos y varias presentaciones ante las Naciones Unidas de los correspondientes estudios geológicos, batimétricos, sísmicos, etc., este organismo aprobó en 2016 el límite exterior de nuestra plataforma continental hasta casi las 350 millas, accediendo así a los derechos de soberanía sobre el lecho y subsuelo en una superficie de 83000 km, que incluye, entre otros, minerales y organismos vivos de especies que se desplazan por el fondo, como también todas las riquezas minerales o de otro tipo que podrían existir en el subsuelo.
En suma, Uruguay pasó a tener casi un 20% más de territorio marítimo que el terrestre, que en números significan 206 000 km cuadrados de territorio sumergido en comparación con los 176 000 km cuadrados del terrestre.
Por otra parte, hace poco más de una semana fracasó estrepitosamente el tan esperado acuerdo previsto para fines de agosto de este año, a fin de iniciar la protección de los océanos cuidando el “Alta Mar”, que se esperaba fuese el primer acuerdo mundial en el marco de las definiciones de la CONVEMAR de 1982 y que representa casi las 2/3 partes de los espacios oceánicos globales.
Los océanos del mundo y muy especialmente el vacío del Atlántico Sur, lo exponen como nunca a intereses internacionales estratégicos y económicos, a la pesca industrial indiscriminada e ilegal, a la amenaza de la minería internacional en aguas profundas y a la creciente contaminación debido a la falta de controles de todo tipo en la mayoría de los espacios de la Alta Mar.
A esto se agrega las continuas incursiones furtivas en las zonas económicas exclusivas por parte de buques de las flotas pesqueras depredadoras, en procura de las riquezas propias que se acumulan mayoritariamente en las plataformas continentales.
Es una muy mala noticia para la humanidad y compromete mucho los objetivos previstos por ONU a nivel mundial para el 2030, de no llegar a obtener a la brevedad un instrumento jurídico vinculante, que asegure la protección de la biodiversidad biológica marina en la Alta Mar, a fin de alcanzar un mínimo de áreas protegidas para esa fecha.
Solo nos queda el compromiso voluntario de más de 100 países miembros de la CONVEMAR, que en la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas en Lisboa hace un par de meses, expresaron estar dispuestos a garantizar “exclusivamente” que las zonas marítimas bajo su soberanía o jurisdicción nacional, se encuentren en buen estado ambiental y a declarar para el 2030 por lo menos el 30% de las mismas como protegidas.
Uruguay actualmente solo tiene un 0,7% de áreas marinas protegidas y se comprometió a través del Ministerio de Ambiente llegar a un 10% para fines del 2022 y, hoja de ruta mediante, al 30% para el 2030; pero esto no es suficiente, los espacios requieren también Investigación, Desarrollo y planes de extracción sustentable de las riquezas.
Mientras tanto, Brasil hace años viene haciendo un balance geoestratégico para la protección preservación, explotación, control y gerenciamiento de la denominada “Amazonia Azul”, donde se encuentra una enorme diversidad y potenciales riquezas propias de su ZEE y de su litoral atlántico , como también Argentina lo viene haciendo con el desarrollo de actividades sustentables para proteger el medio marino, promoviendo la investigación con varios buques científicos y la explotación sustentable de los recursos y su control a través de la iniciativa “Pampa Azul”.
Uruguay oportunamente apeló a través del anunció público en la Plaza de la Armada y ante todas las autoridades de gobierno, la necesidad imperiosa de proteger nuestras riquezas en la que entonces se denominó “Pradera Azul” y lo viene reiterando desde hace años.
Para ello, tenemos que tomar conciencia de la importancia y la necesidad urgente de disponer de medios marítimos y aeronavales para su protección y control para evitar la depredación, la pesca ilegal, la contaminación, como así también la vital importancia de incorporar por lo menos un buque científico de investigación de bandera nacional y no depender de otros.
Todo lo expresado deberá ser acompañado de políticas públicas con planes pesqueros para la extracción sustentable de las diversas riquezas disponibles, generar energías renovables, desarrollar la biotecnología azul, ofrecer una amplia formación educativa de técnicos y científicos hoy casi inexistente, para empezar a gestionar eficientemente nuestros ecosistemas marítimos.
Así como hace tres siglos aprovechamos los ricos suelos de la “pradera verde” para el posterior desarrollo y explotación productiva, el siglo XXI plantea enormes desafíos, que requerirá de políticos con una visión más holística e integral, propia de verdaderos estadistas, para impulsar nuestra “Pradera Azul” a la cual lamentablemente le seguimos dando la espalda.
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