Recientemente comenzaron a ejercer las nuevas autoridades ministeriales, entre ellas Jorge Larrañaga, quien pasó a ser el responsable del Ministerio del Interior (MI). Esta cartera que nuclea, entre otros, a los funcionarios policiales, ha sido de las más criticadas en cuanto a su gestión durante los períodos del gobierno saliente, y es vista como una de las responsables del crecimiento de la delincuencia en general.
El nuevo ministro debió enfrentar esta situación desde el primer momento que ingresó, y en lo que refiere a la Policía, a partir del día uno se comenzó a trabajar en la recuperación de la autoridad de la misma frente a la sociedad.
Luis Clavijo, secretario de Organización del Sindicato Único de Policía del Uruguay (SUPU), en diálogo con La Mañana explicó que la Policía tiene varias cosas para resolver pero que les genera “mucha esperanza lo que se está realizando y planteando en estos primeros tramos de gobierno”.
Añadió que hoy pueden decir que están en plena recuperación de la institución. “Algo que siempre le planteamos al ministerio saliente, e incluso se lo dijimos fuerte, es que ellos tenían miedo de aplicar la represión lícita del Estado, es decir: actuar dentro de la ley pero previniendo, porque vimos que en 15 años el país perdió totalmente la prevención de la delincuencia”, indicó Clavijo.
El entrevistado aseguró que las rutas del país se dejaron totalmente liberadas, pero ahora, la nueva administración les permite comenzar con controles. Aseguró que hace falta que la policía trabaje más secretamente. “No anunciar tanto lo que se va a hacer, que haya elementos sorpresivos que nos ayuden a trabajar, porque esa es una gran manera de ser preventivos. Y considero que por ese lado empezamos bien”, reafirmó.
Otro hecho que resaltó es que se están recibiendo los pedidos de los sindicatos, ya sea por los jefes o representantes, y eso es tomado como una buena señal del comienzo. “No podemos vaticinar que eso seguirá así para siempre, pero al menos marca una esperanza de poder solucionar cosas”, dijo Clavijo.
Según el entrevistado, la Policía Republicana deberían haber estado siempre en la calle como lo está ahora, ya que considera que están preparados para eso. Agregó que “muchos pedían al ejército, pero tenemos una policía que está en gran nivel para controlar la seguridad de las calles. Creo que las mismas fuerzas del gobierno pasado no se ponían de acuerdo. Pero la policía en las calles no se debía haber dejado nunca de lado”.
PADO insuficiente y armamento acorde
“Para nosotros nunca fue suficiente, fue una solución momentánea”, respondió el secretario del SUPU al ser consultado sobre los beneficios del PADO para disminuir los crímenes. Insistió en que los funcionarios policiales deben dotar de un factor sorpresa a favor para trabajar. “No me parece bueno anunciar con anterioridad cómo se va a manejar la policía, considero que es importante sorprender y eso brinda tener medidas disuasivas. El control de ruta es muy disuasivo, pero se dejó de hacer mucho tiempo y todos vimos la cantidad de droga que se encontró.
“¿Cómo no van a bajar avionetas repletas de drogas en el Interior si en esa zona los controles brillaron por su ausencia?”, se cuestionó. Afirmó que con varias rutas liberadas y sin personal que recorra la zona de campaña, prácticamente se liberó el país. “No digo que esa haya sido la intención, pero sí fue una política desacertada”.
En cuanto al armamento que utiliza hoy en día la policía, relató que el uso de las pistolas se tornó más común a partir de la época de la dictadura cívico-militar, pero que después la delincuencia empezó a estar mejor armada que la policía. A veces sucedía que las armas de los propios funcionarios no funcionaban correctamente y esto significaba un gran riesgo. “Entonces vimos con muy buenos ojos que se traigan las glock, ya que tienen mayor poder de fuego”, aseveró.
Clavijo aseguró que si a la policía se la dota de armamento, sea cual sea, se los prepara para utilizarlo. “Lo que hay que hacer, si alguien se sale de la línea, es proceder con él, por eso somos especialistas en nuestra arma”, dijo.
Indicó además que una escopeta es totalmente disuasiva, porque no es lo mismo apuntar con una pistola de la cintura que un arma de gran porte. “Sé que cuando ocurre un hecho de que un policía actúa mal, es más fácil quitarle las armas a los funcionarios para evitar los dolores de cabeza, que proceder puntualmente con quienes se equivocan, eso fue un poco lo que pasó estos años y por lo que únicamente utilizamos pistolas”, explicó.
Urgencia institucional debido a deudas millonarias
Clavijo expuso que el MI tiene atención sanitaria en el Hospital Policial para los policías en Montevideo, al tiempo que en los restantes 18 departamentos la atención se brinda a través de mutualistas, tanto a efectivos en actividad como retirados. La cartera contrata por licitación, en el marco de un procedimiento que se retrasó y cuando eso ocurre, reitera el gasto por unos meses hasta que la licitación quede efectiva. Sin embargo, esto no ocurrió y el ministerio posee una deuda millonaria con 22 instituciones médicas.
El atraso es de seis o siete y son aproximadamente $45 millones por mes y son un total de 35.000 usuarios en los 18 departamentos. Por eso este hecho se ubica dentro de las principales urgencias de la policía hoy. El secretario aseguró que ya sea han pautado algunas reuniones con las nuevas autoridades y otras ya fueron concretadas para ir en búsqueda de la solución final.
Otro tema que los aqueja es el fondo de vivienda que se creó con el ministerio. A partir de 2017, la cartera comenzó a trabajar en un plan de vivienda que buscaba permitir que los policías que viven en barrios peligrosos puedan mudarse financiando la casa con el 1% del salario. En ese año se estimaba que se entregarían viviendas a 100 policías, sin embargo las autoridades únicamente entregaron 16 en diciembre de 2019.
“Terminamos haciendo una denuncia penal contra el MI el año pasado y aún no hemos sido citados, pero la denuncia se mantiene. Con las nuevas autoridades queremos presentar toda la documentación. Queremos ver si de una vez por todas nos brinda el balance desde que se aprobó hasta hoy”, informó Clavijo. Agregó que siempre buscaron las soluciones a través de pedidos de informes. “Luego fuimos a Agesic, porque el ministerio no nos brindaba la información pedida, y nuestros economistas no podían estudiar el asunto”.
Desde hace mucho tiempo la policía empezó una lucha con negociaciones colectivas permanentes con el MI y tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque el sindicato tiene prohibido el derecho a huelga por ser un servicio esencial. “Pero tenemos que tener también una negociación permanente para poder reivindicar y anticiparnos a cualquier problema que tengamos para solucionarlo con tiempo”.
Clavijo comentó que los policías que se lesionan a consecuencia de su servicio, terminan recibiendo el 65% de su salario ya que pasan un régimen especial. “A un policía le dicen “no te lastimes porque vas a cobrar poco más de la mitad de tu salario”, cuando en realidad se lastimó trabajando en defensa de la sociedad. Pero creemos que si se respetan los derechos humanos fundamentales de los policías, la seguridad tiene solución”, indicó. “Sabemos que no todo fue malo, hay aportes que se consiguieron, subas salariales, pero el problema fundamental estuvo en la quita de autoridad a la Policía, así como las condiciones de trabajo”, dijo.
A última hora del viernes 6 la agente policial Daniela Da Silva de 31 años fue baleada por delincuentes a pocos metros de su casa en las inmediaciones de San Martín y Matilde Pacheco, en barrio Ellauri, cerca de la Gruta de Lourdes.
Según testigos, los dos delincuentes que se desplazaban en moto trataron de robarle su arma de reglamento y al resistirse Da Silva recibió una herida de bala en el cuello, por la cual falleció pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital Policial.
La agente se encontraba uniformada al momento de la rapiña. Su esposo siendo testigo de lo que estaba ocurriendo desde su domicilio salió inmediatamente disparando contra los delincuentes, por lo cual, se presume que uno de ellos estaría herido producto de dichos disparos.
El velatorio de la policía asesinada se realizó el pasado lunes y su cuerpo fue trasladado al Cementerio del Norte. Varias autoridades concurrieron a presentar sus respetos a la familia de la agente asesinada, entre ellos, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el presidente Luis Lacalle Pou. Según informó Montevideo Portal, el fiscal Juan Gómez investiga este caso, por el que aún no hay detenidos.
