La Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) nació en 1999 con el objetivo de cambiar la percepción negativa que existía sobre los residenciales en ese momento. A lo largo de los años han logrado profesionalizar el sector y que se establezcan normas de funcionamiento.
Muchos residenciales operan informalmente, lo que dificulta su control y pone en riesgo los derechos de los residentes. La Mañana dialogó con Gerardo Notte, vicepresidente de Aderama, quien aseguró que es importante hallar un equilibrio entre la regulación y la accesibilidad de los servicios para garantizar una atención adecuada, sin dejar de contemplar que los residenciales son empresas con fines de lucro que, además, generan puestos de trabajo.
Encontrar el equilibrio implica coordinar esfuerzos con organismos como el MSP, el Mides, empresas privadas, dueños o socios de residenciales, incluso con Bomberos y, en muchos casos, con los usuarios o sus familiares.
A 25 años de la fundación de Aderama, parece no existir una política pública clara que genere ese equilibrio. Al inicio pretendieron brindar servicios de información, asesoramiento, facilidades para compra insumos, pero, con el tiempo, los integrantes de Aderama entendieron fundamental revertir el estigma que de las mal llamadas “casas de salud”, para eso fue importante profesionalizar a los empleados, capacitarlos e interactuar con los organismos reguladores.
Regulación actual
El decreto 356 de 2006 estableció el funcionamiento de un residencial. “Antes debíamos tener un médico geriatra y como éramos pocos los podíamos tener, pero luego creció el número de residenciales y estos médicos no podían abarcar todo, entonces lo ampliaron para todos los médicos, no solo gerontólogos”, relató el entrevistado. Además, el decreto indica que es necesario contar con la presencia de un asistente o psicólogo social.
Para trabajar en regla, los residenciales deben presentar una serie de documentaciones en el MSP: una carta del dueño con los detalles de la ubicación de la casa, el nombre fantasía, certificado notarial de empresa con el número correspondiente y detallar el director o directores, documento del médico y asistente social responsables. Se solicita la cantidad de funcionarios, planos de la casa, ubicación de los elementos, entre otras cosas.
Luego comienza el trámite y se entrega un informe al Mides que da cuenta del residencial para fiscalizarlo. Cuando está todo en regla se emite un certificado social, lo que significa el cumplimiento de un segundo paso.
“Para poder tener la habilitación final del MSP se necesita una habilitación de Bomberos que requiere de trámites costosos, lo que constituye una barrera que muy pocos residenciales pueden pasar”, detalló Notte.
Para el entrevistado, cuando una persona va a un residencial no pregunta si es una empresa, si tiene habilitaciones, certificado social o habilitación de Bomberos. “Cuando suceden cosas como el incendio en Treinta y Tres, empiezan a preocuparse un poco más, pero generalmente no le dan importancia. Además, las exigencias son tan altas que la mayoría pasa por debajo de la barrera”.
En Aderama no se apunta a que se evadan las reglas, no se afilia a residenciales clandestinos, pero cuando hay empresas que están en vías de habilitación o quieren asesoramiento al respecto, las ayudan para que inicie su reglamentación.
Una regla invertida
Para abrir una estación de servicio primero se hacen los trámites y luego se instala, lo mismo si se quiere poner una farmacia, por ejemplo, pero en los residenciales es al revés. Primero se encuentra una casa, se evalúa el espacio, se acondiciona y luego se inician los trámites. “Por peor que le vaya a un residencial, siempre va a dar más dinero que un sueldo mínimo, entonces, alguien con una casa a disposición, muchas veces, decide vivir al fondo y hacer un residencial en la casa principal”, explicó Notte. Se empieza a funcionar con todo en negro, pero después precisan contratar algún empleado y registrarlo, para eso se crea una empresa que lo permita. Cuando registran a la persona en la seguridad social y comienzan a pagar aportes ven cómo los costos se incrementan y necesitan incorporar más usuarios, lo que conlleva la contratación de más empleados.
“En ese proceso hay quienes vieron una actividad lucrativa y, a su vez, una forma de ayudar a las personas. Están los que entendieron que esto puede ser lucrativo pero que trabajando bien se pueden ofrecer cosas mejores como actividades recreativas, espacios más cómodos, etcétera. A estas personas queremos ayudar desde la asociación”, indicó el entrevistado.
Precarización laboral
En marzo de este año, el MSP identificó unos 1500 residenciales en el país, pero solo unos 200 están habilitados totalmente y unos 600 cuentan con certificado social. “De esos 1500 identificados algunos no tienen registro, pero nosotros estimamos que, por la cantidad de residenciales que abren constantemente, existen más de 2000”, apuntó el vicepresidente.
“Una prueba es lo que sucedió en Treinta y Tres, donde murió una persona debido al frío. Allí había 15 personas y no estaba registrado. Como esos hay muchos más”, afirmó. A Aderama llegan llamados de personas del interior profundo que trabajan en residenciales y comentan que cobran 15 mil pesos al mes, que no les pagan aguinaldo ni licencia, “y nosotros les sugerimos tomar acciones legales, pero no quieren porque temen quedarse sin trabajo. Es un gran problema”, añadió Notte.
La raíz de la clandestinidad
“Hay clandestinidad porque pusieron la barrera muy alta”, sentenció el vicepresidente. Se debe tener un empleado cada cinco residentes dependientes o uno cada 10 autoválidos. “Si tengo 10 personas en mi residencial y cobro 100 mil pesos por cada uno, puedo tener cinco empleados con un negocio bastante próspero. Pero si cobro 40 mil pesos con esas 10 personas y también debo tener dos empleados en la mañana, dos en la tarde y uno en la noche, más la cocinera, el director técnico, el asistente social, al hacer los números no da”, explicó.
Los directivos de Aderama solicitaron a economistas de la Cámara de Comercio una paramétrica en el 2022. El resultado fue que un residencial que cobra 35 mil pesos necesita 16 residentes para llegar al punto de equilibrio. “¿Cómo hacen los residenciales que cobran 15 o 20 mil pesos y tienen 10 residentes? No cumplen con nada”, respondió el entrevistado.
Un residencial con 10 usuarios debe tener un baño aparte para los empleados, y dos baños para los residentes. El que cobra 100 mil lo puede hacer; sin embargo, quien cobra 15 o 20 mil pesos tiene un hogar en una casita familiar y no tiene tres baños.
“No veo mal que un empleado use el mismo baño que los residentes. No somos un hospitalito, los residenciales no son sanatorios, son hogares sustitutos. Los mismos cuidados que tenía en su casa son los que se pretende que tenga en el residencial, entonces, ¿por qué la empleada no puede ir al mismo baño?”, se cuestionó.
Dijo que, si alguien quisiera tener a su familiar cuidado en su casa, pretende que se le haga la comida, los quehaceres de la casa, se le dé la medicación, “y en los residenciales es igual, no somos un servicio de salud. El decreto lo especifica bien, no tenemos ni que hacer curaciones, solamente darles la comida, ayudarlos a bañar y si podemos entretenerlos, mejor”, detalló.
“El residencial brinda los cuidados que la familia no le puede dar, pero si te ven como un hospitalito te exigen tener un médico, un asistente, un técnico prevencionista, estar habilitados por Bomberos, un baño para empleados. Son tantas las exigencias que al querer hacer las cosas bien te ves obligado a subir el precio. Quienes no pueden cumplir con el reglamento se quedan en la clandestinidad y no les pasa nada, porque nadie cierra los residenciales clandestinos”, subrayó.
¿Por qué no se cierran?
“Supongamos que en Uruguay hay 2000 residenciales y cada uno cuenta con 10 residentes en promedio, estamos hablando de 20 mil personas. El Piñeyro del Campo aloja a 200 personas, ¿cómo hacés para llegar a las 19.800 personas que faltan si no tenés residenciales privados?”, planteó Notte.
Los privados que tiene residenciales precarios, así como los excelentes, cumplen una función social que el Estado no puede dar con el Piñeyro y otros centros “porque en total no llega a cubrir las 400 camas”. Sin embargo, los privados tienen unas 20.000 camas, “y el Estado, que no las puede asumir, a los pocos privados que dan servicios les exige un montón de cosas”.
“No digo que no nos regulen, pero lo cierto es que las personas tienen un promedio de ingresos de 20 mil pesos no puede acceder a casas de 40 mil pesos o más, y cuando busca un residencial se debe adaptar a sus ingresos, por lo que terminan eligiendo lugares de entre 10 mil a 18 mil pesos con elementos básicos como una cama, una mesa de luz, un baño con agua caliente, alimentación y, lo que es fundamental, estar en un lugar del que nadie los va a sacar”, agregó.
A los residenciales se les pide la mitad de empleados que de residentes para cumplir la normativa. “El Piñeyro atiende a 200 usuarios, por lo que necesita 100 empleados, sin embargo, tiene más de 500. Al Estado le sale más barato cerrar el Piñeyro del Campo y enviar a cada uno de los adultos a los residenciales LAR, que cobran unos 5 mil dólares. De los más de 500 empleados debe haber unos 200 certificados médicamente, no hay control. Al Estado se le hace imposible controlar todo lo que conlleva un organismo como ese”, denunció el entrevistado.
El vicepresidente afirmó que si el Estado es ineficiente no le puede poner la vara tan alta a los residenciales que cobran 15 mil pesos, porque haciendo eso generan que “se escondan” y funcionen clandestinamente. “Mi cuestionamiento es si no sería preferible que esos residentes tengan los derechos humanos respetados. Para eso se debe saber dónde están y procurar algunas cosas, sabiendo que si no pueden tomar el caso existen alternativas con buena atención”.
Soluciones: oír a quienes saben
Entre los planteamientos de Aderama para amortiguar el problema de la clandestinidad surge la idea de permitir la compra de aires acondicionados en cuotas y evitar hogares sin calefacción o con riesgos por las estufas. No exigir una asistente social ni médicos, pero sí que cada residente cuente con atención de salud y un servicio de emergencia. Que si no se cuenta con un baño exclusivo de empleados usen el mismo que los pacientes. “Eso sí, que no haya camas pegadas, ni cuchetas, ni personas en un galpón de chapa, que haya sentido común”, dijo.
“Sabemos que hay casos de personas que abusan de los adultos mayores y todo eso se debe controlar, hay que hacer un relevamiento de las casas y si realmente no cumplen con nada que se cierren. Le ofrecimos al Mides unas 200 camas en caso de cerrar residenciales para que no se queden sin cobertura”, comentó.
En ese sentido, Notte dijo que si un residencial cobra 60 mil pesos y el Mides indica que una persona pagaba 15 pero necesita ingresar, se arregla para tomarlo y que el Estado haga un esfuerzo y complete un porcentaje del pago. “Si se cierran residenciales el Estado tiene que hacer algo al respecto, no es solo cerrar y distribuir, se debe aportar”, argumentó.
El entrevistado considera que se debe dar participación a los que realmente saben del tema, por eso Aderama, que nuclea 250 residenciales de 11 departamentos, pretende que se escuchen las soluciones y los aportes que pueden hacer.
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