La divulgación de las actas de los interrogatorios a los que fuera sometido Gilberto Vázquez en 2006 ha representado un fogonazo moral a la luz del cual la opinión pública comienza, finalmente, a aquilatar la ambigüedad ética y la hipocresía en la que se ha envuelto la discusión relativa a los derechos humanos bajo la dictadura de 1973 a 1985.
El exsenador frenteamplista Rafael Michelini ha tomado sobre sí la defensa de la actuación de las autoridades de su grupo político al frente del Ministerio de Defensa Nacional entre 2005 y 2019, así como la del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, y lo ha hecho a través de una carta dirigida a un conmilitón residente en el exterior, comprensiblemente conmocionado por lo que viene de trascender.
Michelini, al igual que el exministro José Bayardi y el presidente del Frente Amplio, ensaya en su carta una tesis verdaderamente bochornosa: las espeluznantes declaraciones de Gilberto Vázquez a sus interrogadores le habrían sido escamoteadas a las autoridades del ministerio por “aquellos que cometieron los crímenes, los que hicieron desaparecer personas”. Leyó bien: Michelini tiene para sí que quienes cometieran crímenes en la década de 1970 siguen actuando, directa o indirectamente, en la actual administración.
Bayardi no ha sido menos injurioso en su defensa: nos ha dicho que las actas (integradas y foliadas en un expediente) habrían sido desglosadas, guardadas en otro lugar, le habrían sido escondidas, que él es médico y que no lee actas, junto con otras excusas de similar calado. En suma: el expediente de Gilberto Vázquez habría sido aviesa y premeditadamente escondido dentro del expediente de Gilberto Vázquez. Vaya, vaya.
El frenteamplismo ha cavado, así, una fosa conceptual: la de sostener que las investigaciones que se documentan en expedientes constituyen una forma de esconder los hechos investigados … pese a que es una investigación lo que ese mismo frenteamplismo le hace reclamar a sus adherentes todos los años en las calles.
Solo que el infantil argumento no se sostiene. Las personas que intervienen en un trámite investigativo son tantas, las actuaciones que un expediente documenta tan abundantes, los rastros de papel tan elocuentes, que lo que resulta imposible de esconder es el grado de inepcia y desapego con el que los jerarcas frenteamplistas encararan este tema, supuestamente central a los intereses de su causa partidaria.
Hoy, pues, la chapuza está expuesta a los ojos de todo un país, al igual que los pilotes de la regasificadora que nunca iba a ser, el tren de los pueblos libres o el corredor Garzón y, como ellos, es testimonio claro de una fenomenal incompetencia, que seguirá gritando las próximas semanas.
El eventual desafuero del senador Guido Manini Ríos encierra, así, un grave riesgo para los que quieren hacer de él la distracción respecto a sus responsabilidades: les toca ahora probar la insensatez de que un jerarca pueda incurrir en omisión por el hecho de permitir el curso de una investigación y elevar sus resultados por escrito, a la atención del Poder Ejecutivo.
O enfrentar una adversidad aún mayor: la de que la responsabilidad llegue donde realmente está, y es el seno de ese Poder Ejecutivo y el entonces presidente Tabaré Vázquez, de quien Gilberto Vázquez asevera que negociaba penas y confesiones con militares presos, a pedido de un gobierno extranjero y a través de los mandos militares.
¿O solo vamos a creerle a Gilberto Vázquez aquello que nos conviene creer?
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