Tras el homicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano, vuelve a estar en discusión un negocio que éste había denunciado y que el actual presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, junto a su compañero de fórmula, el extinto Dr. Jorge Larrañaga había criticado duramente en 2014. Las objeciones planteadas eran en torno a un contrato de US$ 6500 millones que involucraba a ANCAP con la empresa Trafigura y donde se sospechaban hechos de corrupción.
¿Qué denunció Fernando Villavicencio?
En el año 2013 el candidato ecuatoriano, en su rol de periodista, había denunciado hechos de corrupción que comenzaron en Ecuador y terminaron en Uruguay. La denuncia fue contra la firma y ejecución de un contrato de intercambio de crudo por derivados entre Ancap y PetroEcuador que tenía la intermediación de la empresa de trading de petróleo Trafigura.
Estados Unidos investiga
A pesar de las pérdidas millonarias sufridas por Ecuador y Uruguay y de estar bajo investigación judicial durante un tiempo prolongado, no hubo consecuencias y el hecho quedó en el olvido.
Sin embargo, la Justicia de Estados Unidos continúa investigando la trama de sobornos y Ancap está en el expediente.
En un programa televisivo en los días previos a su asesinato, Villavicencio afirmó: “Yo denuncio el gran atraco de Ancap de Uruguay”, a la vez que exhibió una foto del expresidente en la refinería de La Teja expresando que “era un gran show entre Rafael Correa y Raúl Sendic”.
A los pocos días Villavicencio presentaría una denuncia en Fiscalía relacionada “al mayor atraco petrolero en Ecuador” que involucra al expresidente Correa y a su vicepresidente Jorge Glass.
Partícipes del negocio
En el entendido y ante la comprobación de que el acuerdo se realizó sin recurrir a los procesos licitatorios correspondientes, el entonces senador y hoy fallecido Jorge Larrañaga realizó un pedido de informes al presidente del Senado, Raúl Sendic.
Entre los actores principales del negocio que generó más de US$ 6000 millones en dos años, están, además del exvicepresidente Raúl Sendic, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, mencionando al Estudio De Posadas quien fue duramente cuestionado por Lacalle Pou y Larrañaga por su participación en la firma del contrato y, como actor principal, la empresa Trafigura. Coincidentemente el cofundador de Trafigura tiene importantes negocios en Uruguay.
Crandall y sus inversiones
Mark Crandall es extitular de las empresas Glencore y Trafigura, esta última denunciada en varios países por hechos de corrupción. En el año 2021, el semanario Correo del Este informaba que mediante la adquisición del 100% de Frutifor Lumber Company, aserradero ubicado en Tacuarembó, los empresarios Mark Crandall de Estados Unidos y Matías Abergo (Enkel Group) de Uruguay, confirmaban el desembarco de Arboreal en nuestro país. El cual fue anunciado en su momento como un proyecto transformador para la industria maderera de Uruguay, ya que aumentaría de forma inmediata la capacidad de secado del aserradero, duplicando la producción y por tanto las exportaciones de madera procesada a partir del tercer trimestre de 2021.
Asimismo, la inversión transformaría la matriz productiva de la madera en Uruguay, posicionando al país en el mercado mundial de CLT (Madera Laminada Cruzada, por su sigla en inglés), con la instalación de la mayor y más avanzada planta del producto en Sudamérica. El montaje se realizó en año 2022 y se estima que la inversión, rondó los US$ 20 millones durante 2021-2022, generando aproximadamente 45 nuevos empleos en Tacuarembó de forma directa.
Evadiendo controles
El Sr. Crandall, que figura como el principal inversor, según el portal “The Black Sea”, ha recaudado ingresos por el desarrollo y la venta de energías renovables utilizando muchas jurisdicciones extraterritoriales, como Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Luxemburgo, Chipre, el estado de Delaware (EE.UU.) y Malta.
La empresa no es propietaria ni desarrolla un parque eólico en ninguno de estos países.
A finales del año 2015 el Sr. Crandall y socios transfirieron activos, en su mayoría parques eólicos australianos, de su empresa estadounidense a un fideicomiso de Malta, lo que tiende a generar confusión sobre quiénes son los verdaderos propietarios. A pesar de que el sistema no parece ser ilegal, existe preocupación en diferentes gobiernos en el entendido de que este tipo de operativas puede dificultar a las naciones donde operan a realizar un correcto control fiscal.
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