La inclusión financiera contribuye a sustentar un sistema financiero cada vez más oligopólico. Lejos de fomentar una sana competencia que ayude a aumentar el acceso al crédito, bajar las tasas de interés y mejorar la calidad de los servicios, los reguladores bancarios han favorecido el mantenimiento de un status quo que resulta incompatible con el desarrollo de las PYMEs uruguayas.
A esta altura no es necesario explicar cómo la forzada inclusión financiera ha complicado la vida de miles de uruguayos y contribuido a aumentar los costos a las PYMEs. Resulta bastante evidente que el sector bancario y sus proveedores de servicios han sido prácticamente los únicos beneficiarios.
Lejos de ser un capricho del equipo económico, esta ley forma parte de un conjunto de políticas que el MEF ha llevado adelante, contribuyendo a despejar la competencia para un sistema bancario anquilosado que teme por la llegada de su Uber.
Estos últimos años han estado marcados por un dominio de la banca sobre su regulador. En efecto, la ley de inclusión financiera consagró al sistema bancario el monopolio sobre el dinero y el sistema de pagos en la economía. Antes, cuando el ciudadano mantenía dinero en efectivo, su relación contractual era directa con el Estado. Ahora, la ley obliga que exista un intermediario en esta relación, ya que el ahorrista debe aceptar un crédito contra los bancos. La diferencia no es trivial en un país que ha sufrido crisis bancarias cada 20 años.
Personajes notables de nuestra historia dieron batalla a monopolios que capturaban de forma desmedida las rentas de la producción uruguaya. Benito Nardone escribía: “nos repugnan los monopolios, sean del Estado o particulares, así como los privilegios y proteccionismos anti-económicos”. Preocupaba a Chico Tazo el control que el Frigorífico Nacional y la industria frigorífica extranjera ejercía sobre la producción ganadera. Décadas antes, José Batlle y Ordoñez fomentó el transporte carretero para generarle competencia al ferrocarril controlado por los ingleses y así bajar los costos del transporte.
Precedida del calificativo “inclusión” esta ley de hoy da la impresión de ser una conquista de los trabajadores, pero llamativamente estos nunca la reivindicaron. El efecto práctico es que un trabajador que antes cobraba su sueldo en efectivo, ahora lo deja depositado en un banco que le paga 0 % por su dinero. Esta nueva masa de fondos que entró a los bancos se presta cada vez más a las familias a tasas que pueden fácilmente exceder el 100 %.
Estos últimos años han estado marcados por un dominio de la banca sobre su regulador
De hecho, según la última información proporcionada por el BCU, la tasa media de interés para préstamos en pesos a familias es de 111 %, al mismo tiempo que la tasa máxima es de 172 %. Esto último quiere decir que si un cuentapropista necesita tomar prestado $ 30.000 para comprar una herramienta, a esta tasa de interés le terminará costando $ 81.600 si la financia a un año, y $ 221.952 si la financia a dos años; una maravilla que seguro los jurados internacionales tomaron en cuenta al momento de seleccionar la cocarda al mejor equipo económico de la historia. Peor aún, estas tasas vienen en marcado ascenso desde hace 5 años y podría seguir subiendo si no se toman medidas.
Por si faltara poco, la ley también regula la emisión y circulación de cheques diferidos, estipulando que los pagos se deben hacer “no a la orden”. Esto implica que cuando entre en vigencia la regulación, una empresa que reciba un cheque diferido no podrá endosarlo para pagar a sus proveedores, dejándola a merced de los bancos para descontarlo.
Mediante otras regulaciones menos conocidas, el BCU ha contribuido también a fortalecer la posición dominante de los bancos en el otorgamiento de créditos a empresas. Siempre existió en Uruguay un mercado de créditos privados que permitía a las empresas acceder a créditos que no se encontraban disponibles en la banca. Corredores de bolsa y otros agentes financieros organizaban colocaciones para empresas, que ofrecían a grupos de clientes interesados en este tipo de operaciones. Estos son clientes que preferían arriesgar en una empresa uruguaya, y no en acciones de empresas extranjeras, operaciones estas últimas que sí son permitidas por las normas del BCU.
Con el supuesto objetivo de “transparentar” el mercado, el BCU reglamentó un sistema de emisiones simplificadas que lleva el récord de cero colocaciones. El resultado práctico es que se ha restringido al mínimo una vía de financiamiento que hubiera contribuido a asistir financieramente a las empresas en esta difícil situación por la que atraviesan.
En este contexto regulatorio, pensar que se puedan desarrollar nuevas plataformas tecnológicas para la intermediación financiera pasa a ser un ejercicio de ciencia-ficción. Aquellos jóvenes emprendedores que creyeron en el Uruguay que aparece en los reclames de la OPP y apostaron al “fintech” fueron rápidamente decepcionados.
Según informe del BCU, las tasas de préstamos a las familias llegan hasta el 172 %. Esto en un contexto donde los ahorristas reciben cero tasa de interés cuando les depositan el sueldo en el banco
Muchos de ellos emigraron y aplican con éxito esas tecnologías innovadoras en otras partes de América Latina y Europa. Acá el roundup regulatorio no deja crecer nada.
Como banco de fomento, el BROU podría haber cumplido un rol de regulador del mercado de crédito que contribuyera a mejorar la competencia en el mercado bancario. Pero atraído por la trampa de las altas tasas en créditos al consumo, en los hechos esta preciada institución terminó convertido en un ladero de la banca privada, validando tasas de interés exorbitantemente altas.
George Stigler estudió a fondo el problema de la regulación y cómo determinadas industrias lograban utilizar al Estado para sus propios fines. Los mecanismos son variados e incluyen el otorgamiento de subsidios y rescates, las restricciones a la entrada de competidores, la supresión de posibles sustitutos y siendo permisivo hacia los acuerdos de precios en industrias oligopólicas.
Muchas de las normas del BCU que deberían supuestamente proteger a los ahorristas, en la práctica constituyen barreras a la competencia y de hecho entregan al sistema bancario el monopolio del otorgamiento de créditos.
La regulación bancaria y las normas de Basilea están concebidas para cubrir riesgos sistémicos, no para consagrar monopolios en la captación de ahorro y el otorgamiento de créditos. Los reguladores no deben perder de vista que están para proteger a los ahorristas y no a los bancos. Mientras todos los países desarrollados cuentan con mecanismos alternativos que permiten a sus empresas obtener financiamiento de forma más ágil y conveniente, el sector financiero uruguayo se va quedando atrás.
Resultará necesario que el nuevo gobierno revise lo que está haciendo el BCU en términos de regulación si no queremos seguir asistiendo a la desaparición de la empresa nacional
- M. Sc., Instituto Tecnológico de Massachussets, Contador Público.
