En mayo, el semanario Búsqueda publicó que el Poder Ejecutivo había autorizado a la empresa japonesa Oji Holdings Corporation, firma líder en pulpa y papel, la compra de 41.289 hectáreas de tierras en Uruguay por un monto de casi US$ 300 millones. Los campos adquiridos por la multinacional son padrones rurales de Rivera y Tacuarembó, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Colonización y con base en la resolución presidencial ya firmada. En una publicación del medio El Acontecer de Durazno, se mencionaba que grupos ambientalistas entienden que este movimiento empresarial se relaciona con una nueva planta procesadora de pasta de celulosa en Uruguay, dado que la firma cuenta con una planta de producción de celulosa y papel en el estado de Minas Gerais, Brasil.
El 25 de abril pasado, el presidente Luis Lacalle Pou firmó la resolución junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, para autorizar la titularidad de los bienes inmuebles. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Raúl Viñas, en entrevista concedida a La Mañana, dejó en claro su posición al respecto.
¿Cómo encara Movus esta noticia de la adquisición de más de 41.000 hectáreas de terrenos entre Tacuarembó y Rivera por parte de un consorcio japonés? ¿Significa la instalación de una nueva planta de celulosa aquí en Uruguay?
Desde Movus vemos esto con mucha preocupación. No tanto porque compraron tierra, sino porque esta compra parece ser precursora de la instalación de una cuarta planta de celulosa en el país, que podría ser, justamente, esta empresa japonesa que ya tiene una planta parecida a la de Fray Bentos en Brasil. El tema acá no es que se instale una empresa y que se ponga a producir celulosa y demás, sino, en primer lugar, el uso del suelo, y, en segundo lugar, el uso del agua. Si vamos a seguir permitiendo que crezcan las áreas plantadas con árboles en forma masiva que se utilizan para la celulosa, de las cuales ahora algunas ya van a estar cumpliendo casi 30 años y ahí veremos cómo queda esa tierra después, o qué se puede hacer con esa tierra. Evidentemente los requerimientos de una planta que tiene ese tipo de crecimiento –que continúa todo el año, porque las temperaturas invernales de Uruguay no paran el crecimiento del eucalipto– producen un gran desgaste de uno de nuestros principales recursos. Podemos tener la mejor tecnología y la mejor genética, pero si no tenemos un suelo adecuado y no tenemos agua, nada de lo que tratemos de hacer se va a lograr.
También es importante tener en cuenta cómo se instalan estos emprendimientos. Si la empresa viniera a competir con las reglas comunes, incluso sería más justo para la compra de tierra, pero a las plantaciones de árboles les sacamos todos los impuestos, durante 15 años les pagamos la mitad del costo de plantarlos. Verdaderamente es una actividad subsidiada en beneficio, principalmente, de multinacionales extranjeras, a un nivel no visto en ninguna otra actividad: un 50%. Recuerdo claramente que se decía que había que industrializar la madera porque el puerto de Montevideo no podría sacar la cantidad que se iba a estar produciendo. Cuando se hizo la industrialización, que llegó nada más que al nivel de la celulosa, o sea, un primer nivel básico para producir una commodity, se les sacaron todos los impuestos, se les dieron todavía más ventajas. Entonces, se van a seguir instalando empresas que utilizan porciones de nuestro territorio aptas para otras cosas, porque estos árboles no se plantan en las zonas de prioridad forestal, ahí no rinden tanto, los plantan en zonas donde compiten con la producción de alimentos. Uruguay tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, si todavía después, en la industrialización, les va a dar una zona franca, no les va a cobrar ningún impuesto, les va a dar todas las facilidades y permitir el uso de la infraestructura, porque la cuarta planta se supone, así se informó en algún medio de prensa de Cerro Largo, que se instalaría en esa zona. Allí hemos visto que se han hecho varias obras importantes de infraestructura y ahora se está trabajando en algo que puede ser importante e interesante, como es el canal San Gonzalo, que une la laguna Merín con la Laguna de los Patos, permitiendo la salida fluvial por el puerto de Río Grande, que es un verdadero puerto de aguas profundas. Entonces tenemos que preguntarnos ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Poner una planta nueva? Va a lograr que aumente el producto bruto interno. ¡Qué importante! Nuestra economía crece, pero de una manera complicada. Es como decir que tu cuerpo crece porque se desarrolla internamente en ti un tumor canceroso. Tienes adentro tuyo algo que crece, que te hace pesar más, pero en realidad ese crecimiento no es bueno. Ese crecimiento no deja nada en el país y utiliza masivamente recursos que podrían ser destinados a otras cosas y ser la base de lo que verdaderamente necesita el Uruguay, que no es crecer.
¿Esto puede tener algo que ver con el veto presidencial de aquella ley forestal que habían votado entre los legisladores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, por ejemplo?
Por supuesto que sí, pero aclaremos, que esa ley el presidente de la República la vetó porque si no teníamos que empezar a pagarle extra a UPM. En el contrato –que nosotros llamamos “pacto colonial” y se firmó en el otro gobierno, en el año 17, pero en el que después se agravaron varias condiciones en este gobierno que ahora está terminando– Uruguay se comprometió a que si durante el plazo del contrato, que supera el año 2060, el Parlamento o cualquier organismo uruguayo sacaba alguna reglamentación, ley, decreto o lo que fuere que pudiera afectar las ganancias de la empresa UPM o sus subsidiarias, Uruguay tenía que resarcir a la empresa. Entonces, si le prohíbes plantar en zonas que no sean de prioridad forestal, que era lo que procuraba esa ley para limitar de alguna manera lo que incluso la Federación Rural del Uruguay denunció como una práctica desleal por cómo estas empresas van acaparando la tierra, si le sacas esa ventaja, si la obligas a plantar en terrenos que no rinden tanto y que implican una logística más complicada, la empresa exigirá el resarcimiento. De ahí que, lamentablemente, el presidente tenía que vetar la ley propuesta. Y ese es un lastre con el que corremos, porque todos estos contratos configuran una legalidad paralela que favorece a las empresas, que va en contra del Uruguay y que va en contra de los uruguayos, en especial de aquellos que quieren desarrollar actividades productivas.
Tengamos en cuenta que en Uruguay crecer por crecer no sirve de nada. O sea, si vas a crecer con empresas que no te dejan un peso en tu país, cuyas ganancias no entran en tu economía y que no pagan impuestos, crecer no sirve. Lo que Uruguay necesita es otro verbo, del que lamentablemente en la campaña política que no se habló, el verbo desarrollar. El Uruguay necesita desarrollarse. Dados los recursos que utilizamos, por ejemplo, para la producción de soja, no puede ser que vendamos la soja como poroto, falta vender la planta arrancada. Tendríamos que hacer que la soja sirviera para generar acá plantas de oleaginosos, para producir aceites, que sirviera para producir harina de soja. No tenemos que ir muy lejos: más del 80% de la soja que exporta Argentina, que es 10 veces más de la que exportamos nosotros, lo hace en forma de aceite, alimento animal y harina de soja. De alguna manera lograron ponerle un valor agregado que genera trabajo, que genera cadenas productivas y no es el único caso.
En Uruguay se exporta la madera a las plantas de celulosa en zona franca y de ahí se vende celulosa al exterior. Es imposible averiguar a qué país y cuánto se vende. Uno puede averiguar eso de de cualquier empresa, saber a quién vende Conaprole y qué vende, por ejemplo, para hablar de un exportador grande. De las plantas de celulosa no se sabe, esa información es de ellos y lo único que se sabe es que todos los meses le mandan un numerito a la agencia de propaganda, que se llama Uruguay 21, y esa agencia se encarga de replicar que exportaron tantos millones de dólares en celulosa sin que haya comprobación, sin que haya documentos, sin que haya nada. En Uruguay, nosotros, el gobierno nuestro, todos los uruguayos no tenemos ninguna forma de conocer lo que en estas porciones de nuestro territorio estas empresas hacen, de una manera muy parecida a lo que eran las factorías inglesas en la costa de la India en el siglo XVIII, explotando las riquezas de la India en beneficio de las empresas indias y de la corona británica.
Esta empresa japonesa tiene una planta en Minas Gerais, la pregunta que surge es por qué Uruguay.
Acá les regalamos el suelo, les regalamos el agua, les subvencionamos su transporte. Ahora le dimos, por ejemplo, US$ 10,5 millones a UPM y sus subsidiarias para que desarrollen un proyecto de hidrógeno, que dicen que cuesta 43 millones de dólares para 12 camiones. Son camiones muy caros, evidentemente, pero Uruguay ya, por las dudas, les dio en fondos no reembolsables, o sea, en donación, 10,5 millones. Yo quiero saber a qué empresas del Uruguay, los uruguayos les regalamos US$ 10,5 millones para crear un proyecto, en este caso, para manejar 12 camiones de transporte de madera. Les damos demasiadas ventajas y esas ventajas vienen, como decía al principio, desde ese subsidio que se generó a partir de la Ley Forestal. Esa legislación no hubiera logrado nada de plantaciones, no hubiera pasado nada en este país si no hubiera sido por un oscuro artículo, el artículo 45 de la Ley 16.200, que ordenó al Poder Ejecutivo generar un fondo forestal con dinero del Poder Ejecutivo, no como el fondo lechero que generan los lecheros o los fondos de la granja que generan los granjeros, no, esto era con dinero del Ejecutivo para pagar un subsidio del 50% a todas las plantaciones con un fondo mínimo del equivalente a la plantación de 10.000 hectáreas.
Si diéramos ventajas a otras producciones que realmente generaran trabajo, cadenas productivas importantes dentro del país, seguramente nos iría mucho mejor, pero por alguna razón hay un enamoramiento, podríamos llamarle así, de los diferentes gobiernos con las plantas y las empresas de celulosa que hoy llegan prácticamente a dominar el accionar del gobierno. Cualquiera sea el color, está atado a esos contratos que se firmaron, y que no debieran de firmarse nunca más. Su anulación es muy difícil, pero para que no se puedan firmar más alcanza con que se saque de nuestro ordenamiento legal el decreto 477-2008, que es el que genera esto. Pero ningún gobierno está dispuesto a sacarlo porque les parece que tener la posibilidad de firmar contratos con empresas extranjeras, salir en la prensa extranjera y demás les da buena propaganda. En realidad, lo que están haciendo es entregar el país, sus recursos, el futuro, entregarnos a todos a manos de estas empresas, a las que lo que menos les importa son el Uruguay y los uruguayos.
¿Todo esto forma parte del contrato original o ha sufrido modificaciones con el paso de los años y a pesar de los cambios de gobierno?
En el caso del contrato con Montes del Plata, que fue el primer contrato de inversión que se firmó allá por el año 13, llegamos a que en una adenda por decreto del presidente Mujica se le sacó a la empresa la obligación del pago del impuesto al patrimonio. El segundo mayor latifundista del país no paga impuesto al patrimonio. Las plantaciones de eucaliptos de la empresa Montes del Plata han sido declaradas de interés nacional. No lo serían las plantaciones que puedas hacer tú, que pueda hacer un amigo tuyo o que pueda hacer incluso UPM. Aquello de que todos somos iguales ante la ley deja de existir.
Con la empresa UPM, el primer contrato se firmó en noviembre del año 17. El 5 de abril del año 18, seis meses más tarde, se firmó un cambio –a pesar de que se dijo que había sido el mayor contrato en la historia del Uruguay, la mayor inversión de la historia del Uruguay, siempre son las mayores inversiones en la historia del Uruguay las que vienen–. El contrato tenía dos versiones, una en castellano y otra en inglés, en cada versión decía cosas diferentes. A partir de ahí, se firmó en septiembre del 19, un mes antes de la elección, una adenda al contrato, después se firmó una modificación allá por julio o agosto del 20 y hubo una última modificación en el año 21. ¿Qué tienen todas ellas en común? En cada una de ellas nos enterramos un poquito más.
¿La traducción del contrato fue donde se detectó aquel error vinculado con el canon que tenía que pagar la empresa por el traslado del material?
Por el uso de la vía que se denominó Ferrocarril Central, pero que todos sabemos que es el tren de UPM. Ese que en aquel momento se suponía que costaba US$ 800 millones y que el ministro Falero, hace dos meses, dijo que ya iba costando 2896 millones, casi 3000, a los cuales hay que sumarles las expropiaciones, todos los costos para que el tren ande más o menos y que termina haciendo el recorrido entre el portón de la empresa UPM en Centenario al portón de la terminal de UPM, porque ese es el recorrido marcado oficialmente en el sitio gub.uy. No viene de Paso de los Toros como se decía, es mentira. El puente sobre el río Negro sigue siendo el mismo de antes, sin ningún refuerzo, con durmientes de madera y con los mismos rieles viejos que quizás vengan del tiempo de los ingleses. O sea, la vía nunca cruzó ni va a cruzar el río Negro para llegar a Paso de los Toros, donde sí quedó la piedra fundamental que puso el ministro Rossi para inaugurar las obras. Ese tren está circulando hoy a una exorbitante velocidad de 37,5 kilómetros por hora. Demora 7 horas y 35 minutos, de acuerdo con los horarios publicados, en hacer 265 kilómetros. Ese es el tren del siglo XXI. Ese es el tren que nos está costando US$ 3000 millones y que ahora la empresa nos está reclamando, de acuerdo con lo que decía un semanario la semana pasada, US$ 100 millones. Todos los días los uruguayos estamos pagando, desde la empresa constructora, US$ 500 mil. Todos los días.
¿El sistema político se bloquea? ¿Se juntan para evitar responder? Porque parece que no importa el partido que sea, todos le dan el aval a este tipo de inversiones.
Es realmente increíble lo que pasa en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, es una vergüenza. Hay algunos medios de prensa con mucha propaganda de UPM, de alguna manera está todo amordazado, muy limitado. La información está, pero es muy difícil que la gente se pueda enterar de los desastres que nos están haciendo. Cosas que no deberían pasar, que hay que pensarlas bien y seguimos metiendo la pata. Ahora acaban de dar el aval ambiental al proyecto de Arazatí, que también es una obra parecida a la del tren, no cuesta ni US$ 300 millones, pero se va a pagar 830, 840, más IVA, reajustables… El presidente de OSE, Raúl Montero, y la vicepresidenta, Susana Montaner, firmaron una resolución declarando que se destinaba todo ese dinero a pagar esa obra, una OSE que dice que no tiene dinero para arreglar las redes. Esto significa que si el proyecto de Arazatí llega a funcionar la mitad del agua que saque del río para potabilizar y sea potabilizada, cuando llegue a Montevideo, se va a perder. Por otra parte, todos los uruguayos, no solo los de Montevideo, vamos a estar pagando aproximadamente US$ 47 millones más IVA anualmente a las empresas constructoras, que son las que en este momento están haciendo el verdadero negocio con estas cosas.
TE PUEDE INTERESAR:
