“No confiéis en quien haya perdido la fe”
William Shakespeare, Enrique VI.
Al leer el Informe Preliminar de Estadísticas Criminales 2025, elaborado por la AECA, uno podría respirar aliviado. Las cifras muestran ligeras bajas: los homicidios caen un 3,4% respecto al año anterior, las rapiñas se reducen un 10,5% y el total de delitos desciende un 4,7%. Son números que, presentados en tablas y gráficos, podrían pintar un escenario de lenta mejoría. Pero detrás de esos porcentajes hay una realidad que los datos agregados no capturan: la violencia se ha vuelto más brutal, más audaz y más cotidiana.
Mientras el ministerio que dirige Carlos Negro muestra leves variaciones porcentuales como trofeos, los uruguayos vivimos una sensación de desprotección creciente. No se trata solo de que haya más o menos delitos, sino de cómo se cometen. El informe registra, por ejemplo, que las personas heridas por arma de fuego apenas disminuyeron un 0,2% entre 2024 y 2025. Es decir, el poder de fuego de los delincuentes sigue intacto, y la amenaza de un disparo en un asalto, una disputa o incluso en plena calle sigue siendo una posibilidad tangible.
Esta semana lo hemos visto con crudeza. En Paysandú, un hombre encapuchado y armado irrumpió en una carnicería, encañonó a los empleados y se llevó 35.000 pesos entre gritos y golpes. En Montevideo, en plena avenida 18 de Julio, cuatro personas arrinconaron a un joven, lo golpearon y luego le dispararon a quemarropa. “¡Me pegaron un tiro!”, se le escucha gritar en el video que circuló por redes. Estos hechos no son anomalías: son la expresión de una violencia que ya no se esconde, que se filma, se viraliza y nos interpela a diario, no importa ya si vivimos en un barrio tranquilo, o en una ciudad del interior del país.
Frente a esto, el mensaje del ministro del Interior sigue siendo insuficiente, como lo ha venido siendo desde un principio cuando declaró que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida de antemano. Pero lo peor es que a menudo parece desconectado de la emergencia. Y aquí llegamos a otro frente de preocupación: la credibilidad de su máxima autoridad.
El ministro Carlos Negro no solo no logra transmitir firmeza o una estrategia clara frente al delito; ahora además enfrenta un cuestionamiento moral por su propia conducta. Circular con la licencia de conducir vencida, no respetar una señal de Pare y provocar un accidente que dejó a un motociclista lesionado no es solo una anécdota o un “descuido que le puede pasar a cualquiera”. Es, sobre todo, un mensaje devastador desde quien debe encarnar el respeto a la ley. ¿Qué autoridad moral puede tener un ministro del Interior para exigir a los ciudadanos que cumplan las normas si él mismo las incumple?
La oposición ha pedido su renuncia, aunque con voces divididas. El oficialismo lo ha defendido, minimizando el hecho. Pero el problema no es solo político; es de confianza pública. ¿Cómo podemos creer en un plan de seguridad, en un discurso de mano dura contra el crimen, si quien lo lidera no es capaz de lidiar con sus propias responsabilidades al volante?
El informe estadístico, técnicamente impecable, se convierte así en un espejo opaco. Refleja números, pero no el miedo. Registra variaciones, pero no la sensación de que la violencia se ha normalizado. Y mientras las autoridades se aferran a ligeras mejorías porcentuales, la ciudadanía clama por una respuesta contundente, coherente y creíble.
No se trata de negar los datos. Se trata de interpretarlos con honestidad, de reconocer que detrás de cada pequeña baja hay aún una enormidad de dolor, de impotencia y de rabia. Y de entender que la seguridad no se gana solo con gráficos, sino con presencia, con estrategia, con recursos y, sobre todo, con el ejemplo.
Es tiempo de que el Ministerio del Interior deje de mirarse en sus propias estadísticas y mire a la calle. Y es tiempo, también, de que su ministro entienda que su mayor desafío no es explicar porcentajes, sino recuperar la confianza que hoy, con razón, está en entredicho.
La violencia sigue campeando a sus anchas. Sin embargo, la respuesta del Estado probablemente venga en marzo cuando el prometido plan de seguridad esté pronto para aplicarse.
