Tres fallecimientos de menores que se encontraban bajo la protección del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), ocurridos desde fines de diciembre a la fecha, colocaron nuevamente al organismo en el centro de la polémica.
Los hechos, registrados en Montevideo y en el interior del país, se produjeron en contextos distintos. Fueron por una fuga, una internación médica y un incendio en un hogar, pero tienen en común que las víctimas estaban bajo la responsabilidad directa del Estado. Las muertes son investigadas tanto en el plano administrativo como judicial y dieron lugar a reclamos políticos desde la oposición, que ha solicitado explicaciones oficiales y determinación de responsabilidades.
El primero de los tres fallecimientos ocurrió en el último día del año pasado, el 31 de diciembre de 2025. Tuvo como protagonista a Andrés Silva, un adolescente de 15 años que se encontraba alojado en el Centro de Breve Estadía (ex Tribal) ubicado en Capurro y Uruguayana.
Ese día, sobre las 17:35 horas, según señaló el INAU, se registró una salida no autorizada del joven, presuntamente tras un conflicto cotidiano dentro del centro. Minutos después de abandonar el hogar, el adolescente desapareció, lo que inició un operativo de búsqueda.
Horas más tarde se informó que su cuerpo fue localizado por personal de la Armada en las inmediaciones de la rambla Baltasar Brum y Bulevar Artigas. Según informó Radio Sarandí, el parte policial señala “ingresa llamado al servicio de 911 manifestando usuaria que menor está pidiendo ayuda dado que su amigo se estaba ahogando. Una vez equipo en el lugar constan que se encontraría móvil del SUAT quien le realiza RCP por varios minutos, constatando fallecimiento a la hora 17:34”. Obsérvese que la marca del fallecimiento constatado es 17:34 y la ausencia marcada por INAU es 17:35, un minuto después de que se había constatado su muerte.
La familia del adolescente, sin embargo, manifestó públicamente dudas sobre lo ocurrido y reclamó explicaciones claras acerca del trayecto del joven desde que salió del hogar hasta que fue hallado sin vida, así como sobre los controles y protocolos de custodia del centro.
En este caso se abrieron dos líneas de investigación. Por un lado, la administrativa de urgencia dentro del INAU, orientada a establecer si hubo fallas en la supervisión, y otra judicial, a cargo de Fiscalía.
Muerte de niño de 10 años
Otro de los hechos que generaron impacto fue el fallecimiento el 12 de enero de un niño de 10 años que se encontraba internado en la Clínica Bulevar, un centro especializado que mantiene convenio con el INAU.
Según la información oficial, el niño estaba bajo la tutela del Estado desde los dos años, cuando ingresó a un centro CAIF, y a los seis pasó al amparo del INAU por resolución judicial. En 2023 se decidió que debía ser internado en la referida clínica por indicación médica. Presentaba una discapacidad y una patología vinculada a la salud mental que requería atención permanente. En un comunicado, el INAU explicó que, según las cámaras de seguridad y el reporte del centro, se acostó a las 21:30 del sábado sin presentar síntomas de malestar. A las 7 del domingo, un enfermero fue a despertarlo para desayunar y notó que no tenía signos vitales.
Se solicitó entonces la presencia de una emergencia médica que constató su fallecimiento en el lugar. Desde el instituto se indicó que no se habían detectado signos previos que anticiparan un desenlace crítico.
Tras el hecho, el organismo dispuso una investigación de urgencia para recabar toda la información vinculada a la atención médica del niño y a las condiciones de su estadía en el centro. En paralelo, Fiscalía tomó intervención, ordenando la realización de una autopsia y la recolección de distintos elementos probatorios, incluidos registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de determinar con precisión las causas de la muerte. El caso abrió interrogantes sobre los tratamientos aplicados, los controles médicos y el seguimiento institucional en situaciones de alta complejidad sanitaria.
Adolescente fallecida tras incendio
El caso más reciente corresponde a Alexandra Píriz Díaz, una adolescente de 15 años, que falleció luego de permanecer internada en cuidados intensivos tras un incendio ocurrido en un hogar vinculado al INAU en la ciudad de Tacuarembó. El incendio ocurrió el 20 de enero, en el Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) “Idea Vilariño”, un hogar que funciona mediante convenio con el INAU en la ciudad de Tacuarembó.
De acuerdo con la información brindada por el propio INAU, el fuego se inició en una habitación dormitorio que se encontraba vacía al momento del hecho. En el centro había cuatro adolescentes presentes. Tres de ellos lograron salir por sus propios medios, pero Alexandra Píriz Díaz quedó atrapada en una de las habitaciones. Fue hallada por los bomberos desvanecida en el piso con un cuadro severo de intoxicación por inhalación de humo. Tras ser rescatada, fue trasladada al hospital local, donde quedó internada en el CTI con graves afectaciones en las vías respiratorias. Pese a la atención médica recibida, falleció ayer.
Desde el INAU se informó que, desde el momento del incendio, se activaron dispositivos de protección y acompañamiento para los adolescentes vinculados al hogar, así como instancias de apoyo a la familia de la joven. Paralelamente, la institución comenzó una investigación administrativa de urgencia para determinar las causas del incendio y establecer eventuales responsabilidades, al tiempo que se coordina con otros organismos para esclarecer lo sucedido.
“Un descontrol en el organismo”
La sucesión de estos tres fallecimientos en un lapso de poco más de un mes motivó una fuerte reacción política. El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian cuestionó el funcionamiento del organismo y reclamó explicaciones urgentes por parte de sus autoridades.
“Por los casos que se han conocido en estos últimos días, lo que estamos viendo claramente es que hay cosas que fallaron, que hay controles que no se hicieron y que en definitiva es inadmisible que esto siga ocurriendo”, afirmó el legislador. Según explicó, lo que se reclama es conocer con precisión “cuáles son las razones de estas muertes y cuáles fueron las actuaciones”, dejando de lado excusas para “determinar responsabilidades y que se actúe en consecuencia”.
Jisdonian señaló que estos tres fallecimientos, ocurridos desde el 31 de diciembre, fueron los que motivaron la alerta desde el Parlamento. “Claramente, tenemos en menos de un mes hechos gravísimos y, a raíz de eso, consideramos indispensable que las autoridades aparezcan y expliquen qué es lo que está pasando”, sostuvo. Jisdonian hizo asimismo referencia al caso de una menor de 13 años que se fugó de una dependencia del INAU y fue encontrada en una boca de venta de drogas en Rivera.
El diputado también cuestionó el silencio del INAU y la falta de respuestas formales a los pedidos de informes que presentó por los dos primeros casos. En particular, se refirió al niño de 10 años fallecido mientras estaba internado. “Hemos tenido conocimiento de la carga de medicación que tenía y queremos saber si era el tratamiento correcto, si se cumplieron todos los procesos médicos que eran atinentes al caso”, señaló el legislador. Acotó que “se percibe un descontrol en el organismo”. No obstante, aclaró que el objetivo de sus pedidos de informes es confirmar esa percepción con información oficial y no con especulaciones. “Por eso estamos insistiendo en obtener respuestas”, dijo. Jisdonian subrayó además la extrema vulnerabilidad de los menores involucrados. “Son chiquilines que muchas veces no tienen a nadie atrás y están al cuidado del Estado. El Estado no puede permitirse que estos menores se mueran y que no haya una autoridad que dé la cara y explique qué pasó”, enfatizó.
Sobre la falta de pronunciamientos oficiales, consideró que el silencio “ya no es solo una falta administrativa, sino una falta de respeto con la sociedad. Cuando alguien no habla, o no quiere que se sepan cosas o no sabe qué pasó, y eso es lo peor”.
En cuanto a los próximos pasos, el diputado adelantó que el tema será tratado en la coordinación de la coalición de gobierno y que se evalúan acciones parlamentarias, entre ellas la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a las autoridades del INAU en el mes de marzo. Por otra parte, las mismas autoridades podrían ser llamadas a la Comisión Permanente del Poder Legislativo en los próximos días.<
