El informe preliminar del Ministerio del Interior muestra una reducción del 3,4% en homicidios y caídas significativas en rapiñas y hurtos durante 2025. Sin embargo, los fraudes informáticos crecieron más de un 1250% en una década, marcando un cambio en el perfil delictivo.
El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior publicó su informe preliminar de estadísticas criminales correspondiente al cierre del año 2025, ofreciendo una radiografía detallada de la evolución de la delincuencia en Uruguay durante el último año y en comparación con la última década. Los datos, extraídos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, revelan una reducción general en la mayoría de los delitos contra las personas y la propiedad, aunque también muestran áreas de preocupación persistente, como el elevado número de denuncias por violencia doméstica y el crecimiento histórico de los fraudes informáticos.
Homicidios y violencia interpersonal: una tendencia a la baja moderada
Uno de los indicadores más observados, la tasa de homicidios, muestra una leve mejora. En 2025 se registraron 369 homicidios, lo que representa un descenso del 3,4% respecto a 2024 (382 casos) y una tasa de 10,3 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 2021. No obstante, esta cifra se mantiene por encima de los niveles prepandémicos (7,6 en 2013).
La reducción es más pronunciada en el caso de víctimas menores de 18 años, con 19 homicidios en 2025, un 17,4% menos que el año anterior. Asimismo, las lesiones personales y las amenazas registraron ligeras disminuciones (-1,1% y -0,6%, respectivamente). El número de personas heridas por arma de fuego se mantuvo prácticamente estable (1191 casos), aunque su tasa se ha reducido desde el pico de 2022 (37,2).
Violencia de género y delitos sexuales: resultados mixtos
Los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG) presentan un panorama ambivalente. Por un lado, los homicidios de mujeres por violencia basada en género cayeron un 18,2%, de 22 en 2024 a 18 en 2025, alcanzando la tasa más baja de la serie (1 por cada 100 mil mujeres). Este es un dato alentador.
Por otro lado, las denuncias por violencia doméstica y asociados volvieron a aumentar ligeramente (+1%), llegando a 43.445 casos, con una tasa que supera los 1210 por cada 100 mil habitantes. Este incremento sostenido en los últimos años podría reflejar, en parte, una mayor disposición a denunciar, pero también señala la persistencia estructural de este tipo de violencia.
Los delitos sexuales denunciados experimentaron una reducción del 4,8% (3124 casos), aunque el número se mantiene en un nivel históricamente alto, más del doble que en 2013. Esto sugiere que, si bien puede haber un retroceso puntual, la problemática sigue siendo de gran magnitud.
Delitos contra la propiedad: caídas significativas
Este rubro muestra las mejoras más contundentes. Las rapiñas (robos con violencia o intimidación) cayeron un 10,5%, continuando una tendencia a la baja que las ha llevado a su nivel más bajo en más de una década (15.656 casos). Los hurtos también disminuyeron un 8,3% (100.337 casos), al igual que los vehículos hurtados (-8,5%).
La excepción a la baja generalizada son los abigeatos (robo de ganado), que repuntaron un 11,9% tras años de descenso, lo que podría indicar un resurgimiento de este delito característico de las zonas rurales.
El auge imparable de la ciberdelincuencia
A pesar de una caída del 16,7% en 2025, los delitos de estafas y fraudes informáticos constituyen la categoría de más explosivo crecimiento en la última década. Mientras en 2015 se registraban 1934 denuncias, en 2025 la cifra fue de 26.181, lo que implica un aumento de más del 1250% en once años. La tasa pasó de 55,8 a 729,5 por cada 100 mil habitantes, consolidándose como una de las principales modalidades delictivas de la era digital. La nueva Ley 20.327 de 2024, que tipifica específicamente el fraude informático, ha permitido una mejor clasificación, pero la magnitud del fenómeno exige respuestas continuas y adaptadas.
Delitos complejos: extorsiones y secuestros en niveles bajos
Los delitos considerados de mayor complejidad organizativa muestran números reducidos. Las extorsiones cayeron un 16,2% (534 casos) y los secuestros un 53,3% (7 casos). Si bien sus tasas son bajas en comparación con otros delitos, su impacto social es profundo.
Consideraciones metodológicas y advertencias
El informe AECA es preliminar y los datos pueden sufrir ajustes menores en el anuario definitivo que se publicará a fines de febrero de 2026. Es crucial tener en cuenta que:
- La mayoría de los datos se presentan en forma agregada, sin distinguir entre tentativas y hechos consumados (excepto homicidios, heridos por arma de fuego y vehículos hurtados).
- Los datos de violencia doméstica y delitos sexuales se registran por fecha de ingreso al sistema y no por fecha de ocurrencia, lo que puede afectar la comparación temporal.
- Las variaciones porcentuales en delitos con pocos casos (como secuestros) deben interpretarse con cautela, ya que un solo caso adicional puede alterar significativamente el porcentaje.
Un panorama con luces y sombras
El informe de cierre de 2025 pinta un escenario de mejora moderada pero generalizada en la seguridad ciudadana uruguaya, con reducciones en los delitos que más afectan la percepción de inseguridad, como los homicidios y los robos. Esto podría indicar un efecto positivo de políticas focalizadas o de dinámicas sociales y económicas específicas.
La evidencia estadística subraya, por tanto, la urgencia de estrategias diferenciadas y simultáneas. El país ya ensaya algunas respuestas: desde la descentralización policial y el uso de tecnologías como software predictivo y videovigilancia, hasta la búsqueda de cooperación internacional para combatir el narcotráfico. El plan en construcción propone ir más allá, priorizando desde el control de armas y medidas alternativas a la prisión para delitos no graves, hasta la creación de comisiones público-privadas para una seguridad colaborativa.
La lectura final es que Uruguay se encuentra en una encrucijada. Si bien los datos de 2025 permiten un cauteloso optimismo sobre una tendencia a la baja en crímenes callejeros, el camino hacia una seguridad integral y sostenible depende de la capacidad para gobernar los hechos con políticas de Estado. Esto requiere sostener lo que funciona, reformar lo que está obsoleto (como el sistema carcelario) y anticiparse con inteligencia a las nuevas amenazas digitales y del crimen organizado, en un esfuerzo que, como se ha reconocido, debe ser colectivo o no será.
