Sin dudas estamos en una situación crítica en materia de seguridad pública. Hace rato que venimos reclamando la declaración de emergencia en esa materia, como forma de alinear a todos los esfuerzos para solucionar un grave problema que aqueja a nuestra sociedad. Porque ¿de qué sirve aplicar políticas de educación, salud, vivienda, si no somos capaces de asegurarle a la gente su derecho a la vida y a la propiedad?
El gobierno decidió mandar a menores infractores, detenidos en la órbita del Inisa, a unidades militares en busca de su rehabilitación mediante un programa de capacitación. No es una tarea punitiva tradicional, sino una intervención socioeducativa con enfoque en rehabilitación e inserción social. La experiencia piloto se implementará, inicialmente con 20 jóvenes, a los que se les abrirá la posibilidad, si lo desean y cumplen determinados requisitos, de continuar en la carrera militar. Está claro que el éxito del plan dependerá del apoyo adicional que se brinde a los participantes, como educación continua, tratamiento psicológico y seguimiento tras la salida del programa.
Siempre hemos dicho que, en materia de seguridad pública, si seguimos haciendo más de lo mismo, seguiremos cosechando los mismos resultados. Esto significa cada vez más delitos, más presos, más inseguridad. El paso por dar con los internados en el Inisa es novedoso y es una señal de que se van dejando atrás ciertos prejuicios ideológicos en aras de intentar solucionar un problema que está adquiriendo proporciones alarmantes y que tiene preocupada a buena parte de nuestra población. Es bueno que el Estado decida emplear todas las herramientas a su alcance, en este caso al Ejército Nacional, esa institución que le ha sacado las castañas del fuego a los diferentes gobiernos y que no siempre es reconocida debidamente.
Sin embargo, debemos hacer algunas valoraciones sobre la medida que se prevé implementar. Se trata de atender la realidad de jóvenes que han delinquido, que ya se han iniciado en un camino al margen de la ley tal vez con acciones muy graves como pueden ser delitos de sangre. Se busca rehabilitarlos, recuperarlos para la sociedad, en definitiva, “enderezarlos”. En muchos casos seguramente será difícil, los resultados podrán no estar acordes a las expectativas, por la sencilla razón de que no es fácil apartar a un ser humano de un camino ya emprendido.
Hace unos años propusimos un proyecto para emplear unidades militares y otras reparticiones del Estado que tuvieran las características apropiadas para darle a jóvenes que no estudian ni trabajan la oportunidad de adquirir herramientas que les permitieran salir adelante en la vida. Se trataba de una suerte de cursos de entre 7 y 9 meses en régimen de seminternado, en los que a jóvenes de entre 16 y 30 años, que fuesen voluntarios, se les impartiría nociones de oficios, higiene, disciplina personal, práctica de deportes y educación cívica. Como se ve, nada que no sea necesario en cualquier ciudadano de nuestro país.
La idea era, a jóvenes que ven cerrarse la noche a su alrededor, darles una luz en el horizonte, un camino a transitar por el cual salir adelante en la vida. En definitiva, suplir la gran tragedia que hoy significa el abandono de la enseñanza o nacer en un entorno desfavorable, brindándoles una nueva oportunidad en la vida.
Para implementar nuestra propuesta era necesario contar con ciertos recursos, convenios con instituciones como la UTU y facilitar la inserción una vez egresado el joven del programa. El límite en cuanto a cantidad de participantes estará dado por el interés que este tipo de cursos despierte en la sociedad, la capacidad locativa de nuestras instalaciones públicas pertenecientes al Ministerio de Defensa o a otras reparticiones y los recursos disponibles. Estos recursos siempre serán menos de los que hoy pierde la sociedad por no lograr recuperar a estos jóvenes.
El Ejército Nacional es una institución polifuncional que ha servido de comodín a distintos gobiernos para superar emergencias de todo tipo: climáticas, sanitarias, sociales, entre otras. La nueva tarea que se le asigna seguramente la cumplirá como ninguna otra repartición estatal podría hacerlo, y la abordará como una misión subsidiaria, que no debe apartar a nuestra institución militar de su rol esencial, que sigue siendo la preservación de la integridad territorial y el control de nuestras fronteras. Para facilitar el éxito de esta tarea es necesario contar con el mayor respaldo político y social, así como el adecuado marco normativo, en el que se deberán prever todas las circunstancias que se pueden presentar, antes de que sucedan. No puede ocurrir que por una falta de previsión en este sentido, y ante cualquier situación de lamentar, se termine haciendo pagar al eslabón más débil de la cadena.
Esta propuesta del Poder Ejecutivo apunta a rehabilitar a quien violó a la ley, tal vez con consecuencias irreparables, por lo que entendemos que hay que apuntar más alto y capacitar a esos jóvenes antes de que equivoquen el camino. De todas formas, es un comienzo al fin, la herramienta está y la sociedad uruguaya es la beneficiaria directa de su uso. Al menos se va a hacer algo diferente. Nuestras expectativas son que también los resultados sean diferentes…
