A tres meses de la aprobación de la ley de eutanasia, La Mañana conversó con el doctor y especialista en psiquiatría (retirado), quien también ejerció como docente de la Facultad de Medicina, Marco di Segni. Para el experto, muchas solicitudes de eutanasia responden a patologías tratables, miedos, desinformación y presiones, más que a un deseo real de morir. Además, cuestionó la ley por menospreciar la dignidad humana y no incorporar una evaluación obligatoria de salud mental.
“La voluntad de muchos pacientes que solicitan la eutanasia podría cambiar si veláramos por su salud mental”, afirmó a La Mañana Jorge Patpatian, fundador de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. ¿Qué opina al respecto?
Atravesar por este grave trance exige un acompañamiento integral. Más que no desear vivir, el paciente desea vivir sin sufrimiento. En salud mental, suelen observarse ansiedad y depresión tratables, temor a ser una carga, creencias irracionales y falta de información sobre los cuidados paliativos, además de presiones familiares o testamentarias, todo lo cual limita la autonomía y empuja al paciente a solicitar la opción expeditiva de la eutanasia.
Psicólogos y psiquiatras trabajarán en equipo ante las situaciones límite, detección de patologías y enfoque de las fases del duelo ante la enfermedad.
Usted ha cuestionado la ley de eutanasia que se aprobó pocos meses atrás. ¿Qué elementos considera más discutibles?
Uno de ellos es ignorar que, por detrás de la justamente promovida autonomía, la base es la dignidad humana, el valor de ser personas, según señala el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se desprende del art. 7 de la Constitución. Ofrecer la eutanasia es declarar tácitamente que hay personas cuyas vidas no parecen tener valor como para ser vividas y preservadas.
Como la ley se refiere al paciente que en “etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables”, podrán ser “candidatos” los discapacitados, ancianos, cardiópatas o diabéticos y otras patologías tratables. En esta pendiente resbaladiza cada vez califican más personas, en lugar de ser protegidas dada su fragilidad.
En Canadá desde 2016 se dispararon las cifras de eutanasia de 200 a 13.000 casos: o sea, si solo se facilita la oferta del atajo, las muertes aumentan.
Otros puntos problemáticos son la derogación del art. 46 (contra la eutanasia) de la Ley 19.286 (Código de Ética Médica, plebiscitado entre los médicos y que es ley) y del artículo 17, numeral D, de la Ley del Usuario Nº 18.335, que también prohibía esta práctica.
Asimismo, se destaca que la revisión de los procederes éticos en la actuación médica se realizará a posteriori del fallecimiento del paciente, ¡no antes!, así como pretender considerar natural la muerte por este método.
Otro cuestionamiento es informar en las entrevistas al paciente sobre los cuidados paliativos “que estén disponibles”, cuando la ley de cuidados paliativos Nº 20.431 obliga a que deben ser universales y oportunos.
Si se reconoce un derecho a morir (en realidad, el derecho es a la vida), se establece a la vez un deber de alguien de matar, y si esgrimiere objeción de conciencia, solo cambiaría el ejecutor, ya que por ley debe cumplirse con el procedimiento. Además de las secuelas psicológicas en los ejecutores, no se entiende que un médico formado para curar o alguien “a su orden” como una enfermera, formada para cuidar, desempeñen este rol. ¿Debemos incluir en los programas de formación en salud el enseñar a dar muerte, contraviniendo el principio hipocrático que nos guía hace 2500 años? Más que un avance en derechos, estamos ante un retroceso.
Otros ataques al crecimiento demográfico, aparte de la ley de eutanasia, han sido la legalización del aborto, las condiciones socioeconómicas adversas que desalientan la conformación de una familia y tener hijos, y la indiferencia mundial ante belicismos que suponen importantes pérdidas humanas.
Dado el escenario actual de Uruguay en materia de salud mental y las cifras alarmantes de suicidio, ¿fue un mal momento para avanzar con esta legislación?
El ofrecimiento de eutanasia es opuesto a la prevención del suicidio. A toda persona joven activa laboralmente se buscará tratarla si presenta riesgo suicida, mientras que a otra persona de iguales características, pero vuelta vulnerable por una enfermedad irreversible, se le ofrece eventualmente morir. Nuevamente, dos categorías: a una se le reconoce valor, a otra no. Los enfermos graves ya no califican para el circuito útil de la rentabilidad.
La inviolabilidad de la vida humana es independiente del momento, de coyunturas políticas, demográficas o electorales, porque es inherente a la persona. El argumento de “mi vida es mía y hago lo que quiero” ignorando los límites de la autonomía y la afectación a otros, choca con esta inviolabilidad y supone ejecutores, violando una norma básica en toda comunidad organizada: no matar. El ser humano es inviolable por ser quien es, no por la situación de hándicap por la que transite. Entre los depresivos que soliciten eutanasia seguramente se encuentran muchos suicidas que podrían haber sido ayudados.
La normativa establece criterios médicos, pero no incorpora una evaluación obligatoria de salud mental. ¿Qué lectura hace sobre eso?
Según la ley de eutanasia, el psiquiatra aparece solo en ocasión de una junta médica, pero no llega a intervenir si la opinión de dos médicos avala la petición del paciente. Como estos dos médicos no tienen por qué ser psiquiatras según la ley, es lógico que puedan no distinguir patologías mentales no evidentes, cuya comprensión, competencia del especialista, habría sido central para decidir.
¿La aplicación de la ley podría afectar especialmente a personas vulnerables emocionalmente o con depresión?
Un terapeuta que trabaje en creencias irracionales y en el duelo, un médico paliativista que actúe a tiempo, aliviando e informando, y todo agente social que acompañe espiritualmente (presencia, empatía, encuentro), son recursos imprescindibles. Obviamente, si hay patología previa o predisponente, el apremio emocional que genera la ley será más desequilibrante y producirá confusión. Todo paciente tendrá, en esa situación límite, alteraciones que obnubilen su autonomía, y, por ende, sus decisiones. Resultaría bueno contemplar que el equipo no debería asentir a todo lo que se le solicite si ello no respeta la vida del paciente o supone que existan ejecutores de darle muerte.
¿Qué rol juegan los cuidados paliativos en la discusión sobre el final de la vida?
Oportunamente planteamos, tras la aprobación de la ley de cuidados paliativos, una propuesta que no prosperó: que se diera un tiempo de un año para implementarse universalmente esta ley, y un año más para evaluarla. Al cabo de ese tiempo obtendríamos cifras reales y allí podría replantearse el tema eutanasia, pero con datos a la vista.
Los números que arrojan ciertas estadísticas exhibidas parecen viciados por desinformación sobre cuidados paliativos. Además, si se formula la pregunta “¿usted prefiere la eutanasia o sufrir?”, casi todos tenderán a elegirla; la verdadera pregunta, en cambio, es “¿usted prefiere la eutanasia o ser cuidado por un equipo que lo alivie y acompañe hasta el fin?”. Más de un 95% de las personas que piden que se les practique eutanasia, cancelan esta solicitud si acceden oportunamente a cuidados paliativos.
Existe una ley de voluntades anticipadas (Nº 18.473) por la que el paciente puede decidir que no se le apliquen las maniobras que no desea que se le practiquen. Por otro lado, se aprobó la ley de cuidados paliativos, que promete analgesia para el dolor, acompañamiento, y eventual sedación paliativa ante el sufrimiento físico y psíquico por síntomas de difícil control. Entonces, ¿era necesaria una ley de eutanasia?
