La toma de tres prisiones y el asesinato de diez policías en ataques coordinados, ordenados desde la cárcel por el líder Aldo Dupie, “El Lobo”, han forzado al presidente Arévalo a decretar el estado de sitio. Este reportaje investiga el origen transnacional de Barrio 18, su estructura criminal y el enorme desafío que su poder supone para Guatemala.
Una tormenta perfecta de violencia coordinada desde las celdas de máxima seguridad ha llevado a Guatemala a uno de sus puntos de crisis más graves en años. El presidente Bernardo Arévalo, en un mensaje a la nación el 18 de enero, declaró un estado de sitio por 30 días tras la toma simultánea de tres prisiones y el asesinato de al menos diez agentes de policía en ataques represalia.
Fuerzas de seguridad asaltan la cárcel Renovación en Escuintla, Guatemala, el 18 de enero del 2026
Las imágenes de fuerzas especiales irrumpiendo en el Centro de Detención de Máxima Seguridad “Renovación I” se transmitieron en todo el país, marcando el clímax de un fin de semana sangriento. Detrás de esta ofensiva, según las investigaciones, está la mano de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, el líder máximo de la pandilla Barrio 18 en Guatemala, quien desde su celda ordenó la ofensiva después de que el gobierno se negara a conceder privilegios carcelarios como camas más grandes, aire acondicionado y comida a domicilio.
El estado de sitio, que requiere la aprobación del Congreso pero entra en vigor de inmediato, permite a las autoridades detener a cualquier persona sin orden judicial y está diseñado para “garantizar la seguridad contra el terrorismo”. Arévalo fue enfático: “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”.
Cronología de una crisis: del motín al estado de sitio
Los eventos se desarrollaron con una coordinación militar que alarmó a las autoridades:
- Sábado 17 de enero: Reclusos identificados como miembros de Barrio 18 toman el control de tres centros penitenciarios de forma simultánea: Renovación I (Escuintla), Fraijanes 2 y el Preventivo de la Zona 18 (Ciudad de Guatemala). Toman como rehenes a aproximadamente 50 guardias.
- Domingo 18 de enero (mañana): Las fuerzas de seguridad, incluyendo escuadrones antidisturbios, asaltan y recuperan el control de las prisiones. Se libera a los guardias rehenes sin bajas que lamentar.
- Domingo 18 de enero (tarde): En una aparente represalia, grupos de pandilleros en libertad ejecutan ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos de la capital. El saldo final es de diez policías asesinados y varios heridos.
- Domingo 18 de enero (noche): El presidente Bernardo Arévalo anuncia en cadena nacional la declaración de un estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional.
El sociólogo y criminólogo Eddy Morales, de la Universidad San Carlos, señaló que nunca antes en la historia del país había ocurrido una toma simultánea de tres penales, y atribuyó la coordinación a mensajes transmitidos a través de llamadas desde prisión o por familiares durante las visitas.
Barrio 18: la exportación criminal de Los Ángeles a Centroamérica
La pandilla detrás de esta crisis no es un fenómeno local. Barrio 18, también conocida como la 18th Street Gang, tiene sus raíces a más de 3,500 kilómetros de Ciudad de Guatemala, en el este de Los Ángeles, donde fue fundada en la década de 1960 por jóvenes de ascendencia mexicana.
- Expansión transnacional: En los años 90, políticas de deportación masiva de Estados Unidos enviaron a miles de pandilleros centroamericanos de regreso a sus países de origen. Estos individuos, muchos ya organizados en “clicas” (células), replicaron las estructuras criminales en los barrios marginales de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
- Poder en Guatemala: En Guatemala, Barrio 18 encontró un terreno fértil. Es la mara más numerosa del país, con un estimado de 22,000 miembros, frente a los aproximadamente 10,000 de su eterno rival, la Mara Salvatrucha (MS-13). Su principal bastión es la Zona 18 de la capital, una de las áreas más pobladas y marginales, cuyo nombre no es casualidad y refuerza su identidad.
- Designación como terrorista: Tanto el gobierno de Guatemala como el de Estados Unidos han designado formalmente a Barrio 18 como organización terrorista. El Departamento de Estado estadounidense la calificó como tal en septiembre de 2025, señalando que “ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles”.
Anatomía de una pandilla: estructura y códigos
Barrio 18 opera con una estructura jerárquica y roles bien definidos, lo que le otorga una notable capacidad operativa.
La lealtad al grupo es el valor supremo. Un exmiembro convertido en pastor, Edwin Cordón, describe la iniciación: “Tres miembros nos dieron la pateada durante 18 segundos… Tenías que aguantar de pie, no caer”. Los miembros se identifican con tatuajes del número 18, ya sea en números arábigos, romanos, o mediante señas con las manos como el “XB3”.
La economía del terror: extorsión y control territorial
La principal fuente de ingresos de Barrio 18, y su herramienta de control social, es la extorsión sistemática, conocida coloquialmente como “la renta”.
- Alcance nacional: Se estima que prácticamente todos los comerciantes de Guatemala, desde pequeños tenderos hasta grandes empresas de transporte, sufren algún tipo de extorsión. La Cámara de Comercio calcula pérdidas superiores a 260 millones de dólares anuales para el sector empresarial debido a este delito.
- Ciclo de violencia: Quienes se niegan a pagar son amenazados, y muchos son asesinados. Alicia (nombre ficticio), dueña de una tienda en un barrio controlado por la MS-13, relata cómo asesinaron a su esposo en 2013 por negarse a un segundo pago: “Pagamos impuestos y pagamos renta. Apenas nos queda para comer“.
- Operaciones desde prisión: La Fiscalía guatemalteca estima que entre el 80% y el 90% de las llamadas extorsivas se realizan desde las prisiones, gracias a la corrupción que permite el ingreso de teléfonos celulares. Esto convierte a las cárceles en centros de mando desde donde líderes como “El Lobo” siguen dirigiendo sus imperios criminales.
Contexto regional: El fantasma de Bukele y la presión sobre Arévalo
La crisis guatemalteca no ocurre en el vacío. En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele inició en marzo de 2022 una ofensiva sin precedentes contra las pandillas, bajo un régimen de excepción que ha llevado a la detención de más de 90,000 presuntos pandilleros.
Esta campaña diezmó a Barrio 18 y a la MS-13 dentro de El Salvador, forzando a miles de miembros a huir hacia países vecinos como Guatemala y Honduras. Para analistas como Misael Rivas Soriano, las tácticas violentas recientes en Guatemala, como los asesinatos de policías, podrían ser una forma de las pandillas de “copiar varios aspectos de lo realizado en El Salvador para demostrar su fuerza” y desmoralizar a las fuerzas públicas.
Bukele ha convertido su guerra contra las pandillas en un modelo exportable, visitando incluso a otros líderes regionales. Esto ejerce una presión política inmensa sobre el presidente Arévalo, quien insiste en que su enfoque es diferente. Aunque en octubre de 2025 el Congreso guatemalteco aprobó una ley que declara terroristas a las pandillas y contempla la construcción de una prisión de máxima seguridad exclusiva para mareros —similar al controvertido centro salvadoreño—, Arévalo ha descartado públicamente estar “emulando el modelo Bukele”.
Un sistema al límite: cárceles y corrupción
Guatemala enfrenta esta batalla con instituciones debilitadas. El sistema penitenciario está colapsado, con una ocupación carcelaria del 367.2%, la segunda más alta de la región después de Haití. Esta sobrepoblación, impulsada por políticas punitivas que llenan las cárceles de delincuentes de bajo nivel, facilita que las pandillas recluten y se reorganicen tras las rejas.
La corrupción es el oxígeno que mantiene vivas las operaciones pandilleras desde prisión. El criminólogo Eddy Morales explica que los líderes mantienen el control “gracias a la corrupción imperante en el sistema penitenciario, que permite el ingreso de teléfonos celulares y routers”. Además, el sistema judicial es descrito por organizaciones como la Global Initiative Against Transnational Organized Crime como un “sistema judicial criminal fallido”.
El presidente Arévalo ha vinculado la violencia directamente con grupos que “se benefician de la corrupción” y resisten porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, en referencia a los cambios programados en la Fiscalía General y la Corte de Constitucionalidad para mayo de 2026.
Perspectivas de futuro: entre la fuerza y la raíz del problema
El estado de sitio otorga al gobierno de Arévalo poderes excepcionales para responder con fuerza. La instalación de más puestos de control en la capital y el patrullaje conjunto del ejército y la policía son medidas inmediatas. Sin embargo, expertos advierten que las acciones puramente represivas tienen límites.
Eddy Morales no descarta que escenas como las del motín se repitan, dada la interconexión entre las estructuras criminales dentro y fuera de prisión. “No me extrañaría que vuelva a suceder”, afirma.
La solución de fondo parece más compleja y menos inmediata. Requiere atacar no solo a los pandilleros, sino a las condiciones que permiten su reproducción: la exclusión social en barrios marginales, la economía de la extorsión que asfixia a pequeños comerciantes, la corrupción estatal que facilita sus operaciones y un sistema de justicia que necesita una reforma profunda.
Mientras el pastor Edwin Cordón, desde su trabajo de reinserción en la Zona 18, intenta ofrecer alternativas a los jóvenes, resume la disyuntiva: la pandilla ofrece a jóvenes marginales “dinero, poder o sentimiento de pertenencia”, pero “a la mayoría de ellos les espera la cárcel o una muerte violenta“. El desafío para Guatemala es construir, en medio del estado de sitio, caminos distintos a esos dos destinos.
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