Cambios en el IRPF, Fonasa y tarifas: cómo las correcciones técnicas del gobierno impactan en el bolsillo de los uruguayos y avivan el cruce con la oposición.
En menos de un año de gestión, el gobierno del Frente Amplio ha implementado una serie de ajustes en materia tributaria y de seguridad social que han reavivado el debate político sobre la dirección de la política fiscal. Desde cambios en el índice de ajuste del IRPF hasta modificaciones en las devoluciones del Fonasa y la introducción de nuevos impuestos en el Presupuesto, cada medida ha sido presentada por el oficialismo como una corrección técnica necesaria. La oposición, en cambio, la describe de forma unánime como un “ajuste fiscal” que penaliza el esfuerzo y afecta el bolsillo de los contribuyentes.
El núcleo de la discusión radica en una pregunta: ¿estas decisiones buscan principalmente sanear las cuentas públicas heredadas —que según el ministro de Economía, Gabriel Oddone, eran “peores de lo esperado”— o responden a una visión que prioriza la recaudación? El cruce abarca tanto la metodología de los cambios como sus efectos concretos sobre salarios, pasividades y el clima de inversiones.
El cambio en el IRPF: IPC versus Salarios
La primera gran polémica del año surgió con el ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que pasó de $6.576 a $6.864, un aumento del 4.38%. Este valor determina las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La decisión clave fue el cambio de criterio de ajuste: mientras la administración anterior utilizaba el Índice Medio de Salarios (IMS), el gobierno actual retomó el Índice de Precios al Consumo (IPC), más un 20% adicional permitido por ley.
Impacto concreto: El mínimo no imponible del IRPF se ubicó en $48.048 mensuales (7 BPC). La nueva estructura de franjas queda así:
| Franja de Ingreso Mensual (Nominal) | Tasa de IRPF Aplicable |
| Hasta $48.048 | 0% (Exento) |
| $48.049 a $68.640 | 10% |
| $68.641 a $102.960 | 15% |
| $102.961 a $205.920 | 24% |
Argumento oficial: El gobierno sostiene que ajustar por IPC es el criterio técnico adecuado y el estándar internacional para impuestos directos, ya que preserva el valor real de las franjas frente al costo de vida. El diputado oficialista Gabriel Otero afirmó que el IPC “es un dato objetivo” ligado a la recuperación salarial. El economista Gustavo Viñales, cercano al oficialismo, defendió que si más personas tributan es porque sus ingresos reales aumentaron, lo que calificó como “noticia positiva”.
Crítica opositora: Desde el Partido Nacional y otros sectores opositores, la medida es vista como un “mazazo fiscal”. Su argumento central es que, dado que los salarios suelen crecer por encima de la inflación (el IMS cerró 2025 cerca del 6%), al ajustar las franjas por un IPC menor (4.38%), más trabajadores ingresan o saltan a franjas superiores del IRPF, incluso si su poder adquisitivo mejora. El senador Sebastián da Silva la tildó como el “sexto ajuste fiscal en menos de un año”.
Fonasa: Menos devoluciones para equilibrar el sistema
A fines de 2025, el presidente Yamandú Orsi anunció una modificación en el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Fonasa, el valor que estima lo que le cuesta al sistema atender a cada persona y que determina el derecho a devolución de aportes.
Impacto concreto: El CPE aumentará, elevando el umbral de ingresos necesario para acceder a la devolución. Según estimaciones del Ministerio de Economía, entre 60,000 y 70,000 personas dejarán de recibir la devolución, y quienes la mantengan recibirán un monto menor. Por ejemplo, un trabajador soltero deberá ganar aproximadamente $186,000 nominales para tener derecho, frente a los $138,000 anteriores. El Fonasa obtendría entre 70 y 80 millones de dólares anuales adicionales.
Argumento oficial: Las autoridades aducen que se corrige un “error de diseño” que subestimaba el costo real. El cálculo anterior no consideraba que el Fonasa existe desde 2008 (no desde el nacimiento) y dejaba de contar gastos al alcanzar la expectativa de vida promedio, justo cuando los costos de salud se disparan. Orsi mencionó que también es una medida para “paliar el déficit fiscal”.
Crítica opositora: La oposición ve aquí un claro propósito recaudatorio. El senador colorado Pedro Bordaberry acusó al gobierno de afectar a los uruguayos “que ganan y se esfuerzan”.
El paquete impositivo del Presupuesto
La Ley de Presupuesto aprobada a fines de 2025 introdujo cambios estructurales que también generaron controversia.
1. Impuesto Mínimo Global (IMCD): Aplica a empresas locales de grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, asegurando una tasa efectiva mínima del 15%. Es un impuesto impulsado por la OCDE y adoptado por muchos países. El gobierno estima recaudar US$ 360 millones en el primer año. La oposición advirtió sobre posibles impactos negativos en el clima de inversiones.
2. Gravamen a “Temu” y compras en el exterior: A partir del 1º de mayo de 2026, se aplicará IVA (22%) a las compras realizadas bajo la franquicia, que a su vez aumenta su tope anual a US$ 800 (desde US$ 600 en tres envíos). La excepción son compras de hasta US$ 200 desde Estados Unidos, por un acuerdo bilateral. El ministro Oddone defendió la medida como una cuestión de justicia con el comercio local, negando un fin recaudatorio primario.
3. Tributación de no residentes: Se amplía el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) para gravar dividendos distribuidos al exterior si el beneficiario puede tomar crédito fiscal en su país.
Un debate que trasciende lo técnico
Más allá de las cifras, el conflicto refleja dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado y la justicia tributaria. Para el gobierno, se trata de normalizar, corregir distorsiones históricas y alinearse con estándares globales, en un contexto de restricción fiscal. Para la oposición y los críticos, es la materialización de un “ánimo fiscalista” que, sumado a ajustes tarifarios, castiga a los contribuyentes formales.
Como resume Alejandra Picco del Instituto Cuesta Duarte, el ajuste por IPC es “neutro impositivamente” y responde al espíritu progresivo del IRPF. Sin embargo, en el terreno político, la percepción de una sucesión de medidas con impacto en el bolsillo puede terminar definiendo el debate público, en un año donde la discusión sobre quién paga la cuenta del Estado promete intensificarse.
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