El incumplimiento en la entrega de los motores por parte del astillero español y la obligación de abrir una nueva carta de crédito ponen fecha de vencimiento a una decisión clave. El Estado busca fundamentos legales y técnicas para una salida que evite mayores costos.
El gobierno de Uruguay se aproxima a una decisión definitiva sobre el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV). El incumplimiento del hito de entrega de los motores Caterpillar y la inminente fecha del 15 de febrero para abrir una nueva carta de crédito han puesto al Estado ante la disyuntiva de rescindir el contrato o asumir nuevas obligaciones financieras.
El incumplimiento que cambió el escenario
El punto de inflexión ocurrió el 14 de enero de 2026, cuando venció el plazo para que Cardama acreditara ante los bancos la llegada de los motores principales del primer buque, fabricados por Caterpillar. Este hito era condición indispensable para que Uruguay procediera con un pago de aproximadamente 8.2 millones de euros, correspondiente al 20% del valor total del primer buque.
La documentación nunca se presentó, lo que automáticamente descartó el pago bajo los términos de la carta de crédito vigente. Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional confirmaron a este medio que, si bien la carta de crédito formalmente vence el 28 de febrero, el incumplimiento del requisito documental del 14 de enero hace imposible el desembolso.
La batalla legal se intensifica
Mientras el gobierno evalúa la rescisión definitiva, el conflicto ya ha escalado al ámbito judicial por varios frentes:
- Denuncia penal del Estado: Uruguay amplió una denuncia penal tras una pericia que determinó que la firma en una de las garantías presentadas por Cardama no era original, sino “calcada de otro documento”.
- Demanda civil de Cardama: El astillero español, a través de su estudio jurídico, inició el proceso para demandar civilmente al Estado uruguayo. Como primer paso, notificó al Ministerio de Defensa la citación a una audiencia de conciliación prevista para el 16 de marzo. Este procedimiento es un requisito legal previo a una demanda civil en Uruguay.
- Dos narrativas enfrentadas: Cardama sostiene que los problemas con Caterpillar se deben al deterioro de su reputación tras los anuncios públicos del gobierno uruguayo. En cambio, fuentes oficiales rechazan esa explicación, argumentando que el astillero ya había advertido con anterioridad sobre problemas logísticos y financieros para cumplir los plazos, y que el proveedor habría cortado relaciones por deudas e irregularidades del proyecto.
El informe técnico que será clave
Para fundamentar su posición, el gobierno uruguayo contrató a la firma internacional Bureau Veritas para realizar una inspección técnica independiente del estado de los buques en el astillero de Vigo. El informe final, que se espera en los próximos días, es considerado por las autoridades como una “prueba reina” que blindaría legalmente una eventual rescisión del contrato.
Fuentes cercanas al proceso anticipan que el informe confirmaría que el avance físico de la obra es drásticamente inferior al declarado por el astillero, estimándose en menos del 30% frente a un avance esperado del 60% para esta fecha.
Una carrera contra el calendario
El contrato establece que, antes del 15 de febrero, el Poder Ejecutivo debe abrir una segunda carta de crédito para garantizar los pagos de los hitos estimados para 2026, relacionados con la construcción del segundo buque. Si el gobierno no rescinde el contrato antes de esa fecha y no cumple con esta obligación, el Estado uruguayo incurriría en incumplimiento contractual.
“La prioridad del gobierno ahora es doble: recuperar los cerca de 30 millones de dólares ya pagados y activar un ‘Plan B’ con otros proveedores, pues la construcción de patrullas oceánicas sigue siendo una prioridad nacional”, explicó una fuente oficial a este medio.
La decisión final se acerca
Más allá de los aspectos técnicos y legales, fuentes gubernamentales admiten que el factor determinante es la destrucción total de la confianza con el contratista. Esta pérdida de confianza, sumada al incumplimiento de los motores y a los cuestionamientos sobre la validez de las garantías, hace que las autoridades consideren “muy difícil” reconstruir las condiciones mínimas para continuar con el proyecto.
Con el informe de Bureau Veritas en camino y la fecha del 15 de febrero en el horizonte, el gobierno del presidente Yamandú Orsi se prepara para adoptar en los próximos días una decisión que marcará el futuro de la renovación de la flota de la Armada Nacional.
Cronología del conflicto contractual
| Fecha | Hito o Evento | Estado / Consecuencia |
| 22 oct. 2025 | Pres. Orsi anuncia inicio de acciones para rescindir el contrato. | Inicio de la crisis pública. |
| 23 oct. 2025 | Gobierno consulta al BROU sobre suspender pagos. | Se le indica obligación de pagar, salvo falta de notificación del hito. |
| 14 ene. 2026 | Vence plazo para acreditar llegada de motores Caterpillar. | Hito incumplido. Pago de 8.2M€ automáticamente bloqueado. |
| dic. 2025 | Cardama notifica audiencia de conciliación (16 mar. 2026). | Inicio del proceso legal de Cardama contra el Estado. |
| 15 feb. 2026 | Fecha límite para abrir segunda carta de crédito. | El gobierno debe rescindir antes para evitar nueva obligación financiera. |
| 16 mar. 2026 | Audiencia de conciliación entre Cardama y el Estado. | Paso previo obligatorio a una demanda civil. |
