Si bien la economía uruguaya se desaceleró en 2025, sobre el final mostró señales de recuperación y podría crecer cerca de su potencial, según el análisis de la economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Silvia Rodríguez Collazo. En diálogo con La Mañana, destacó la baja de la inflación y la mejora del empleo y el salario real, aunque advirtió que la pobreza se ubicó en el 17,7%. En otro orden, profundizó acerca de las transformaciones del equipo económico tras el cambio de gobierno.
¿Qué lectura hace de la evolución de la economía uruguaya durante 2025, un año marcado por el cambio de signo político del gobierno?
En el transcurso de 2025, el crecimiento de la actividad económica se ha ido enlenteciendo. La trayectoria del PIB es atribuible a la combinación de un conjunto de eventos de carácter transitorio y cambios en el escenario internacional y regional. Durante el primer trimestre del año, el crecimiento de la actividad estuvo impulsado, entre otros factores, por la puesta en marcha de la refinería de petróleo, lo que implicó que el crecimiento del sector superara el 18% anual. Las roturas en la boya de José Ignacio, sumado a la parada general por mantenimiento de la planta de UPM en setiembre, generaron un efecto de signo contrario, que se extendió hasta el pasado mes de octubre, cuando tuvo lugar la detención de la actividad de la planta de Montes del Plata por tareas de mantenimiento.
Pero más allá de estos choques transitorios, también se ha ido procesando un enfriamiento de la economía. Así lo ilustran las cifras de crecimiento tendencial del IMAE, proceso que llega hasta el mes de agosto. Sin embargo, desde hace un par de meses este indicador ha comenzado a dar señales de recuperación, de modo que, con la información disponible, la economía uruguaya podría crecer en 2025 a una tasa próxima al crecimiento potencial.
La tasa de inflación continuó su trayectoria descendente. En enero de 2025 la inflación anual era del 5% y actualmente se encuentra por debajo del 4%.
Considerando el año móvil a octubre de 2025, las cifras fiscales están en línea con las proyecciones presentadas en el Presupuesto Nacional: déficit del 3,8% del PIB, considerando el GC-BPS, y del 4,4% del PIB en el caso del SPG.
En lo referido al sector externo, es altamente probable que 2025 establezca un nuevo récord de exportaciones. De hecho, si se incluyen zonas francas, ya se han superado los registros máximos históricos.
Es esperable una temporada turística tan buena como la anterior. El comportamiento proyectado del turismo receptivo contribuirá a mejorar el nivel general de actividad, incluso a pesar de que los precios relativos vienen empeorando si se consideran los indicadores globales, regionales y extrarregionales.
En el mercado laboral, en 2025 la tasa de desempleo se ha reducido en casi un punto porcentual, aunque persisten desafíos en términos de brecha de género y desempleo juvenil. Las remuneraciones de los trabajadores han mostrado una evolución positiva. En octubre el salario real fue 1,2% más alto que un año atrás y el ingreso medio de los hogares en noviembre, a valores constantes, se ubicó 6,2% por encima de los registros del mismo período del año anterior. A pesar de esta evolución positiva en los indicadores laborales, los datos divulgados por el INE correspondientes al primer semestre del año indican que el número de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza se ha ubicado en el 17,7%.
¿Ha habido cambios importantes en la conducción de la política económica respecto a la administración anterior?
Sí, ha habido cambios importantes. Un cambio relevante acontecido durante los primeros nueve meses de la nueva administración tiene que ver con la estrategia definida por el equipo económico para estabilizar la trayectoria que venían exhibiendo las finanzas públicas. La situación fiscal heredada de la administración anterior resultó ser sustancialmente peor que las cifras anunciadas y proyectadas por la ministra Arbeleche antes de abandonar su cargo. Esto requirió una definición clara respecto a la forma en que se corregiría el desequilibrio fiscal que había dejado la administración de Lacalle Pou. Así, en el Presupuesto Nacional se delineó una estrategia de convergencia de carácter gradual, donde se proyecta que la reducción de la brecha entre ingresos y gastos irá cerrándose de manera progresiva a partir del aumento de los ingresos del gobierno. Esta estrategia es bien diferente de la adoptada por la administración anterior, que en marzo de 2020 implementó un ajuste procíclico, con recortes generalizados del gasto, fundamentalmente por la vía de la reducción de los salarios y las jubilaciones. Después de una etapa inicial de drástico ajuste fiscal, durante los últimos dos años de la administración de Lacalle Pou, ciclo electoral mediante, el déficit fiscal alcanzó niveles históricamente elevados.
Otro cambio significativo está relacionado con la implementación de una nueva institucionalidad fiscal introducida en la Ley de Presupuesto. Los ajustes en esta materia implicaron el establecimiento de un ancla de mediano plazo basado en la definición de un nivel de deuda prudente, permitiendo un monitoreo más adecuado de los riesgos fiscales y financieros. A través de este instrumento, el seguimiento de la política fiscal deja de depender exclusivamente del cumplimiento de un conjunto de metas cuantitativas indicativas, y se pasa a priorizar que la trayectoria de la deuda pública no alcance límites indeseados. Estas innovaciones representan un cambio muy importante y apuntan a desarrollar una política fiscal sostenible y a generar mecanismos que permitan mantener estabilizados los niveles de deuda pública.
Otro ejemplo de cambio en la orientación de las políticas públicas está dado por la elaboración de los lineamientos para la undécima ronda de Consejos de Salarios. En esta oportunidad, el diseño de la propuesta del gobierno implicó un esfuerzo de coordinación interinstitucional, lo que hizo que las pautas fueran consistentes con los objetivos de inflación del BCU y con la recuperación de los ingresos de los sectores sociales con salarios más sumergidos.
Desde hace tiempo se advierte sobre limitaciones estructurales que condicionan el crecimiento de Uruguay. En ese sentido, ¿qué áreas cree que deberían abordarse con mayor urgencia?
Sin duda 10 años creciendo a tasas promedio anual del 1% indica un desempeño mediocre. Para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico se requieren mayores niveles de inversión, y para alcanzarlos, las políticas públicas desempeñan un papel importante. Configurar un clima de negocios propicio y ofrecer estímulos para lograr mejoras en la productividad son parte de la hoja de ruta.
El equipo económico ha trazado líneas de acción en este sentido, implementando múltiples medidas orientadas a la simplificación de trámites y procedimientos administrativos, junto al abatimiento de costos de transacción. Esto contribuye a mejorar el clima de negocios.
La reciente creación del programa Uruguay Innova apunta a promover desde el sector público el fomento de la innovación y la mejora de la productividad. Las políticas que están siendo aplicadas requieren un período de maduración para visualizar resultados, pero el diseño del programa promete ser un aporte al fortalecimiento de la capacidad de competencia de las empresas uruguayas y generar aumentos en la productividad.
¿Qué proyección tiene para la economía en 2026?
De acuerdo con nuestras proyecciones, la economía uruguaya crecería por encima del 2%, algo por debajo del crecimiento potencial.
¿Qué rol cree que jugará el contexto internacional en la economía uruguaya en los próximos años?
El contexto económico global está marcado por la política comercial proteccionista que está impulsando el presidente Donald Trump. La estrategia ha consistido en elevar los aranceles a nivel bilateral como instrumento para forzar negociaciones bilaterales. Esto ha generado un clima de alta incertidumbre y no representa un escenario propicio para impulsar el comercio internacional. Por otra parte, para un país como Uruguay, el creciente deterioro de los ámbitos multilaterales en materia comercial dista mucho de ser una buena noticia.
El impacto inicial de las políticas arancelarias impuestas por Trump ha sido negativo, provocando una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento a escala global. No obstante, hasta el presente, los efectos reales han sido menos adversos de lo esperado originalmente, aunque la incertidumbre persiste.
Desde Uruguay debemos seguir con atención y expectativa la eventual aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Su concreción implicaría una señal positiva, aunque las concesiones comerciales que recibiría nuestro país difícilmente implicarían un cambio radical para las posibilidades de expansión de nuestras exportaciones de bienes.
