A las puertas de su ratificación final, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una oportunidad histórica para el agro: acceso preferencial a un mercado de 450 millones de consumidores y la posibilidad de incrementar las exportaciones regionales en miles de millones de dólares. El campo se prepara para un nuevo salto productivo.
Un acuerdo en la recta final
Tras más de dos décadas de negociaciones, idas, venidas y expectativas, el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se encuentra en su fase más crítica y prometedora. El reciente avance de la Comisión Europea, que el 7 de julio de 2023 presentó formalmente el texto al Consejo de la UE para su consideración, ha inyectado un renovado optimismo, especialmente en el sector agropecuario del cono Sur. Este paso crucial traslada la decisión del ámbito supranacional al nacional, requiriendo la aprobación unánime de los 27 Estados miembro y posteriormente del Parlamento Europeo. Para el agro, este tratado representa la llave de acceso preferencial al mercado más exigente y valioso del mundo, pero el camino final está marcado por una última e importante advertencia que podría definir su destino.
El potencial económico: cifras que hablan por sí solas
La magnitud de este acuerdo es difícil de exagerar. Se trata del mayor pacto comercial jamás negociado por ambos bloques, afectando a un mercado de cerca de 800 millones de personas y representando aproximadamente el 20% del PIB global.
Para el Mercosur, las ganancias económicas proyectadas son sustanciales:
- Un estudio de la Cepal estima que el acuerdo podría aumentar el PIB del Mercosur en un 0,5% anual una vez completamente implementado, lo que equivale a miles de millones de dólares adicionales.
- Las exportaciones totales del Mercosur a la UE podrían crecer en hasta US$ 30.000 millones anuales en el largo plazo, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De este monto, se calcula que cerca de US$ 15.000 millones corresponderían al sector agroindustrial.
- La UE eliminará aranceles para el 93% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur de forma inmediata y progresiva. El 7% restante, considerados productos “sensibles”, accederá mediante cuotas preferenciales libres de aranceles o con desgravación parcial.
- Sector cárnico: se habilitará una cuota histórica de 99.000 toneladas de carne bovina con arancel 0%. Se desglosa en 55.000 toneladas para carne fresca (con un subcupo de 30.000 toneladas para cortes premium) y 44.000 toneladas para carne congelada. Para Uruguay, un exportador tradicional de carne de alta calidad, esto significa una oportunidad para aumentar sus envíos en un 10-15% anual, según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. El sector avícola ganará una cuota de 180.000 toneladas y el porcino de 25.000 toneladas.
- Etanol: se concede una cuota de 650.000 toneladas anuales, un impulso directo para la industria bioenergética de Brasil y Argentina.
- Azúcar: una cuota de 180.000 toneladas beneficiará principalmente a Brasil.
- Arroz: una cuota de 60.000 toneladas (frente a las 5000 actuales) es una excelente noticia para productores de Uruguay y Argentina.
- Productos lácteos: se accederá con cuotas para leche en polvo (30.000 t), queso (30.000 t) y suero de leche (10.000 t).
- Miel: cuota de 45.000 toneladas, vital para Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales.
- Jugos de frutas y vinos: también obtendrán acceso preferencial, diversificando la oferta exportable.
Para la Unión Europea, los beneficios son igualmente significativos, aunque de distinta naturaleza:
- Se proyecta un incremento del PIB de la UE en € 87.000 millones anuales a largo plazo (estudio del Ifo Institute de Múnich).
- El acuerdo eliminará aranceles del 91% de sus exportaciones al Mercosur, abriendo mercados para sectores donde es ultracompetitiva.
- Industria manufacturera: la maquinaria, los equipos de transporte, los productos químicos y farmacéuticos y los automóviles verán eliminados sus aranceles (que hoy oscilan entre el 14% y el 20%), ahorrando a las empresas europeas cerca de € 4000 millones anuales en derechos arancelarios.
- Servicios y compras públicas: las empresas europeas ganarán un acceso sin precedentes al mercado de servicios (financieros, telecomunicaciones, transporte) y a las licitaciones públicas de los países del Mercosur, un mercado históricamente cerrado.
- Geopolítica y estándares: el acuerdo permite a la UE afianzar su influencia en Sudamérica, promover sus estándares ambientales y laborales (Acuerdo Verde) y equilibrar la influencia de otras potencias como China en la región.
La barrera final: la “adenda” y el riesgo de la reapertura
Sin embargo, este panorama idílico choca con la realidad política europea. Como advirtió Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU, para El País días atrás, la Comisión Europea presentó el acuerdo al Consejo acompañado de una “adenda” o agregado al texto original de 2019.
Este añadido, una concesión directa para desactivar la férrea oposición de países como Francia, Polonia, Hungría e Italia, define con extrema precisión cómo se activaría la cláusula de salvaguardia agrícola. Según Bartesaghi, la adenda establece que estas salvaguardias se aplicarían automáticamente ante incrementos de importaciones de apenas un 10% en volumen y precio, un umbral considerado muy bajo y potencialmente restrictivo que podría activarse con facilidad en períodos de alta competitividad.
La gran incógnita, y el mayor riesgo actual, es la reacción del Mercosur. Los cuatro Estados parte (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) deberán analizar y aprobar unilateralmente esta nueva condición. El peligro latente es que esta adenda sea interpretada como una modificación sustancial del equilibrio a duras penas negociado en 2019, alterando las concesiones acordadas. Esto podría, en el peor de los escenarios, reabrir la negociación –algo que la UE niega categóricamente pero que es una posibilidad real en la práctica diplomática–, lo que retrasaría el proceso por años adicionales o incluso lo llevaría al colapso.
Precisamente en este escenario de incertidumbre, la postura de los líderes del Mercosur resulta crucial. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ejercido una presión constante para desbloquear el proceso, aunque insistiendo en los términos justos. En línea con lo reportado por medios internacionales, Lula afirmó recientemente: “Presionamos para que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firme este año, pero en los términos que fueron acordados”. Esta declaración enciende una luz de alerta sobre la adenda europea, dejando claro que, si bien existe un firme compromiso con la integración, el bloque sudamericano no aceptará cualquier condición y velará porque el acuerdo original no se vea alterado de manera sustancial en perjuicio de sus intereses. Esta firmeza define el tono de la negociación final: el Mercosur quiere el acuerdo, pero no a cualquier costo.
La estrategia europea interna: fondos de compensación y presión política
La Comisión Europea no se ha limitado a la adenda. Para asegurar el “sí” en el Consejo, ha propuesto internamente cuantiosos fondos de compensación dentro de la Política Agrícola Común (PAC). Se habla de € 20.000 millones en ayudas para los agricultores europeos que pudieran verse afectados por la llegada de productos sudamericanos, una medida destinada explícitamente a calmar los ánimos en Francia y otros países del este.
Esta jugada financiera y política demuestra dos cosas: primero, que Bruselas cree firmemente en el valor estratégico del acuerdo y está dispuesta a pagar un precio interno alto para lograrlo. Y segundo, que el mecanismo de votación por mayoría cualificada en el Consejo (donde se necesita el 55% de los países que representen al menos el 65% de la población total de la UE) hace matemáticamente posible aislar a un bloqueo francés si se aseguran los votos de otras grandes economías como Alemania, España e Italia.
Vigilancia optimista y unidad estratégica para el agro
El acuerdo Mercosur-UE está, sin duda, más cerca que nunca. Los beneficios económicos para el sector agropecuario son tan tangibles y cuantiosos que justifican plenamente la espera y el esfuerzo diplomático. La potencial inyección de miles de millones de dólares en exportaciones, la diversificación de mercados y la atracción de inversiones para modernizar las cadenas productivas son oportunidades que no pueden desaprovecharse.
Sin embargo, este es el momento de la prudencia y la unidad estratégica. No es tiempo de celebraciones prematuras, sino de análisis riguroso y negociación coordinada. Las cámaras empresariales, los gremios de productores y los gobiernos del Mercosur deben actuar en concierto para evaluar la letra pequeña de la adenda propuesta. El objetivo debe ser claro: asegurar que las reglas del juego sigan siendo equilibradas, que las salvaguardias no se conviertan en una barrera encubierta y que la anhelada puerta de acceso al mercado europeo no quede cerrada con llave apenas se abra.
La oportunidad agropecuaria del siglo XXI está en la balanza. De la capacidad de los líderes sudamericanos para negociar con pragmatismo, firmeza y una sola voz dependerá que finalmente se concrete un tratado que marcará un antes y un después para el campo y el futuro económico de la región.
