¡Pueblo, despierta! ¡Arranca el porvenir de tu pasado!
Zorrilla de San Martín
Cada setiembre, con la primavera asomando, Montevideo se viste de campo. La Expo Prado no es solo la vitrina de la genética ganadera y el músculo agroindustrial; es el termómetro de un sector que, año a año, se reinventa con una mirada puesta en la productividad, la innovación y el mercado global. Es la imagen de un Uruguay posible, eficiente y pujante. Sin embargo, este año, sobre la fiesta del Prado se cierne la sombra alargada de un proyecto de Presupuesto Nacional que parece empeñado en ignorar las lecciones de eficiencia y realidad que este sector predica con el ejemplo.
Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, lo decía con claridad en los días previos a la inauguración: el Prado será un espacio de diálogo necesario entre el gobierno, la oposición y los productores. Un espacio donde, como bien señaló, “lo primero es el diálogo y tener la madurez suficiente para saber las realidades que vive el gobierno, entender los equilibrios de poder”. Esa madurez, sin embargo, parece brillar por su ausencia en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el equipo del ministro de Economía, Gabriel Oddone.
El contraste no puede ser más fuerte. Por un lado, el agro, un sector que ha logrado una evolución notable –como bien explica Ferber–, que acerca la excelencia de los planteles de elite al rodeo comercial, mejorando la calidad y la productividad de toda la cadena. Es un sector que compite en el mundo con reglas claras, que invierte, innova y asume riesgos. Su éxito no es fruto del azar, sino de la constancia, la inversión en tecnología y la adaptación a las señales del mercado.
Por otro lado, tenemos un Presupuesto que, lejos de aprender de este modelo, insiste en un camino ya trillado y fracasado: el de un Estado que crece desmedidamente, gasta más de lo que recauda y, para colmo, lo hace con una proyección de crecimiento económico que raya en el wishful thinking o pensamiento ilusorio.
Un optimismo económico sin base
El proyecto presupuestal se sustenta en un pilar de arena: la expectativa de que la economía uruguaya crecerá a un promedio del 2,5% anual durante el quinquenio. Esta cifra, que podría parecer modesta en otros contextos, implica más que duplicar el crecimiento promedio de la última década uruguaya, que, no lo olvidemos, incluyó megaproyectos como UPM 2, el Ferrocarril Central y un boom de la construcción ahora en retirada.
La pregunta del millón, que ni el ministerio ni los voceros oficialistas han sabido responder con datos concretos, es: ¿de dónde saldrá este nuevo impulso? Las reformas microeconómicas anunciadas son, en el mejor de los casos, cosméticas. No hay señales de una ambiciosa reforma laboral que flexibilice un mercado rígido y costoso, ni de una apertura comercial que dinamice la competencia y abarate los costos para las empresas y las familias, ni de medidas sustanciales para mejorar la competitividad-país más allá de los discursos.
El agro, nuestro principal motor y generador de divisas, viene operando con desventaja en términos de competitividad por un incremento sensible del atraso cambiario. Esperar que sea él solo quien remolque al resto de la economía a esas nuevas tasas de crecimiento es una apuesta temeraria. La realidad es tozuda: sin reformas estructurales, ese 2,5% es una quimera. Y el primer reconocimiento tácito de esta debilidad es la eliminación de la regla fiscal.
Su reemplazo por una mera “meta indicativa” de gasto es un salto al vacío. Le devuelve al gobierno la discrecionalidad para gastar a su antojo, un lujo que ningún país serio se puede permitir en el mundo actual. Es la rendición ante la presión política de los grupos de interés que siempre piden más recursos, sin importar la factura que deba pagarse después. Como bien apuntó Ferber desde su lugar, “la realidad también marca que hay un incremento del gasto. Hay que decir todo, con argumentos, con datos, y la conclusión rápida, ahora, es que Uruguay va a seguir gastando más de lo que tiene”.
Gasto que no es inversión: el espejismo de la educación y la seguridad
Uno de los argumentos más esgrimidos para justificar este aumento del gasto –y del consiguiente déficit– es la necesidad de invertir en áreas sociales sensibles, como educación y seguridad. El reclamo es legítimo; los resultados de la inversión previa, no tanto.
Arrojar más dinero a un sistema educativo disfuncional no garantiza mejoras. Uruguay ya tiene uno de los gastos por alumno más altos de la región, mientras que sus resultados en pruebas estandarizadas internacionales como PISA no dejan de caer. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de reformas profundas en la gestión, los contenidos, faltando, a su vez, un mecanismo de exigencia de responsabilidades por malos resultados. Más presupuesto sin un cambio de modelo es como regar una planta con las raíces podridas: solo acelera su decadencia.
Lo mismo ocurre con la seguridad. Los uruguayos claman por más presencia policial y mejores resultados en la lucha contra el delito. Sin embargo, el proyecto presupuestal evidencia una contradicción flagrante: mientras se anunció con énfasis la creación de 2000 nuevos cargos policiales, la letra fina del articulado solo prevé 500 agentes para todo el quinquenio, y estos dependen del Instituto Nacional de Rehabilitación, no de una estrategia clara de despliegue territorial. Esto demuestra que la solución no pasa por un simple aumento del gasto, sino por una reforma inteligente y una focalización real de los recursos. Se crean nuevas direcciones generales (Cibercrimen, Lavado de Activos), lo cual, aunque pueda ser necesario, no sustituye la urgente necesidad de modernizar las estrategias policiales de base, agilizar la Justicia y priorizar políticas de prevención y disuasión que hayan demostrado eficacia. El presupuesto asignado para videovigilancia y dispositivos electrónicos es cuantioso, pero sin una hoja de ruta clara el riesgo de que el gasto no se traduzca en eficacia es alto. Gasto no es sinónimo de seguridad, y confundir ambos conceptos es un error caro que pagamos todos.
El clima de inversión: la otra pata del problema
Mientras el Prado muestra un sector agropecuario que compite y atrae inversiones –“tenemos más empresas de las que podríamos recibir”, celebraba Ferber–, el gobierno envía señales contradictorias y profundamente dañinas para el clima de inversión.
La designación de un ministro de Trabajo proveniente del Partido Comunista, la gestión timorata y condescendiente con la violencia sindical –como se vio en el conflicto pesquero– y los impuestos distorsivos, como el aplicado a Temu, generan una incertidumbre insoportable para cualquier inversor.
En un mundo globalizado, el capital es cobarde y vuela hacia donde se lo trata bien y las reglas son estables. Uruguay construyó a pulso una reputación de seriedad que ahora está siendo puesta en riesgo por una retórica ideológica y una práctica fiscal irresponsable. ¿Qué empresario, local o extranjero, se animará a invertir en un país donde el gobierno gasta sin control y luego mira al sector privado como la vaca lechera a la que hay que ordeñar con nuevos impuestos para tapar el agujero?
En definitiva, la Expo Prado 2025 nos muestra el camino: eficiencia, innovación, mirada de largo plazo, diálogo maduro entre sector público y privado. Es el camino de un país que confía en su gente y en su capacidad para producir riqueza.
El proyecto de Presupuesto, en cambio, representa la inercia de un Estado que cree que la solución a todos los problemas pasa por gastar más, aunque no tenga los recursos, aunque ahogue al sector productivo que los genera, aunque hipoteque el futuro con deuda y estanflación.
El agro uruguayo, motor indiscutido de la economía, merece más que eso. Merece un marco de reglas claras, estabilidad y un Estado aliado, que gaste con eficiencia en infraestructura, logística e innovación, en lugar de ser una carga cada vez más pesada sobre sus espaldas.
En esa medida, las conversaciones del Prado deberían superar el ámbito de lo protocolar y de lo efímero. Y debería ser este un marco ideal para que los legisladores de todos los partidos entiendan que aprobar un Presupuesto irreal y expansivo no es un acto de progresismo, sino un acto de irresponsabilidad con el futuro del país. Uruguay necesita un Presupuesto serio, creíble y a la altura de las circunstancias. Un Presupuesto que, como la genética del Prado, busque la excelencia y la acerque a todos, no que dilapide el esfuerzo de quienes trabajan y producen.
