La reglamentación de la Ley 20.396 marca un avance, pero su implementación choca contra la realidad de un sector que resiste los cambios y deja dudas sobre su efectividad real.
La silueta del repartidor uruguayo carga ahora con una nueva expectativa: la de ser protegido por la Ley 20.396, reglamentada en julio de 2025. Tras años de vacío legal, la norma busca poner orden en el caos de las plataformas digitales. Sin embargo, lejos de los titulares optimistas, la implementación se enfrenta a una compleja realidad de resistencias corporativas, desafíos prácticos y una precariedad enquistada.
Recordemos lo que había manifestado en setiembre de 2024, instancia en la que se debatió el texto normativo en el Senado, pero fracasó y volvió a Comisión, el entonces senador Guillermo Domenech: “Las plataformas han desembarcado en forma disruptiva en Uruguay y en el mundo, generando concentración del proceso económico, al cual no estamos acostumbrados y provocando la crisis de la pequeña empresa”.
Desde esa perspectiva, este artículo analiza, los claroscuros de una ley pionera, pero cuya efectividad final aún está por demostrarse.
La dimensión jurídica: avances formales y batallas por venir
La Ley 20.396 y su decreto reglamentario introducen cambios sustanciales. Obligan a la transparencia algorítmica, exigen la portabilidad de la reputación entre plataformas, establecen pausas obligatorias y reconocen el derecho a la desconexión. Jurídicamente, es un salto adelante.
Sin embargo, la norma elude deliberadamente el núcleo del conflicto: la relación laboral. Al mantener la figura del “trabajador autónomo dependiente”, consolida un estatus híbrido que, para muchos expertos, sigue siendo una dependencia encubierta. Las plataformas no son empleadoras, sino “clientes” del servicio del repartidor. Esta ambigüedad deja la puerta abierta a litigios futuros sobre la naturaleza real del vínculo, trasladando la carga de la prueba a los trabajadores, quienes deberán acudir a los tribunales para reclamar por derechos vulnerados, un proceso lento y costoso.
La dimensión económica: el costo de la regulación y quién lo paga
El modelo económico de las plataformas se basa en la externalización de costos. La ley introduce nuevos costos operativos: sistemas de monitorización de pausas, seguros obligatorios, adaptación de algoritmos. La gran incógnita es cómo absorberán estas empresas estos gastos.
Las primeras señales son preocupantes. Existe un riesgo real de que los costos se trasladen a los repartidores mediante tarifas por entrega más bajas o comisiones más altas, o a los consumidores mediante aumentos en el precio del servicio. El decreto reglamentario intenta blindarse contra esto al establecer que las plataformas no pueden reducir la remuneración como consecuencia de la aplicación de la ley, pero la supervisión de este aspecto será compleja y sujeta a interpretaciones.
Paralelamente, la exigencia de seguros de accidentes y enfermedad –aunque necesaria– podría generar un efecto no deseado: una selección más dura de los repartidores. Las plataformas podrían volverse más reacias a dar de alta a repartidores esporádicos o de bajo rendimiento, concentrando el trabajo en una base más reducida y “productiva”, lo que contradice el discurso de la flexibilidad.
La dimensión social: la brecha entre el papel y la calle
Socialmente, la ley promete dignidad, pero su aplicación depende de una cultura laboral que aún no existe. El derecho a la desconexión, por ejemplo, choca con la lógica del algoritmo. ¿Un repartidor se sentirá realmente libre de rechazar pedidos después de 9 horas de trabajo si el sistema prioriza a quienes más aceptan? El riesgo es que la presión por generar ingresos lleve a los trabajadores a autoexplotarse, burlando el espíritu de la norma.
La organización colectiva de los repartidores, citada en la ley como un derecho, sigue siendo incipiente y fragmentada. Sin una representación fuerte y unificada, la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y negociar colectivamente es limitada. La vulnerabilidad de los migrantes, por ejemplo, persiste; su necesidad inmediata de ingresos los puede hacer más reacios a ejercer sus nuevos derechos por miedo a represalias algorítmicas (como recibir menos pedidos).
La dimensión política: la tensión entre la ley y la realidad
La reglamentación de la ley es, en sí misma, un triunfo político que demuestra la capacidad del Estado uruguayo para responder a desafíos modernos. Sin embargo, la fiscalización será su talón de Aquiles. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se enfrenta al titánico desafío de auditar algoritmos y monitorizar prácticas laborales digitales, para lo cual necesita recursos técnicos y humanos especializados, de los que probablemente carece.
La resistencia de las plataformas es otro factor político clave. Empresas globales con gran poder de lobby ya han manifestado sus “preocupaciones” sobre la competitividad. Es previsible una fase de adaptación creativa por su parte, buscando vacíos legales o interpretaciones favorables de la norma, lo que forzará al Estado a un juego constante de vigilancia y actualización regulatoria.
Conclusión: un primer paso, no la meta
La Ley 20.396 es, sin duda, un avance significativo y coloca a Uruguay a la vanguardia en América Latina. Establece un piso mínimo de derechos donde antes solo había un vacío. Sin embargo, es crucial evitar un triunfalismo prematuro.
La norma no es la solución definitiva, sino el inicio de un nuevo ciclo de desafíos. Su éxito no se medirá por su promulgación, sino por su capacidad para:
- Modificar efectivamente las prácticas de las plataformas, no solo sus términos y condiciones.
- Empoderar real y colectivamente a los repartidores para que exijan sus derechos sin temor.
- Dotar al Estado de las herramientas necesarias para una fiscalización inteligente y efectiva.
El verdadero juicio sobre esta ley llegará en los próximos meses, en las calles, en las apps y en los tribunales. Será entonces cuando se vea si logra transformar la precariedad en protección o si, simplemente, le puso un marco legal a un problema que sigue sin resolverse. El camino hacia la dignidad del trabajo en la economía digital recién comienza.
