Educar con grandeza no remite aquí a triunfalismos vacíos, sino al compromiso ético y transformador con la formación de las futuras generaciones, como lo sostenía Carlos Vaz Ferreira: pensar la educación como una obra nacional, estable y previsora.
La discusión sobre la creación de una Universidad Nacional de Educación en Uruguay ha entrado en una fase decisiva. Tras décadas de postergaciones, por primera vez se perfila la posibilidad concreta de transformar de forma estructural la formación docente. El actual ministro de Educación, las nuevas autoridades del Consejo de Formación en Educación y el sindicato del sector han expresado su respaldo al proyecto. Este escenario abre una oportunidad estratégica que debe ser aprovechada con visión, sin quedar reducida a una reforma institucional más.
El punto de partida debe ser claro: crear una universidad no es simplemente ampliar la oferta de educación superior, sino diseñar una nueva arquitectura de saberes, prácticas y gobernanza que responda a los desafíos actuales del país en un cambio de mundo. En ese sentido, la Universidad Nacional de Educación debe ser mucho más que una reorganización administrativa. Tiene que ser una apuesta por la calidad, la innovación y la legitimidad democrática.
Lo urgente y lo importante: un diseño con sentido
Uruguay necesita una universidad pedagógica de excelencia, que supere las limitaciones del modelo actual de formación docente: fragmentado, con estructuras curriculares rígidas, escasamente investigativo y desconectado de las realidades de las aulas. Si bien el sistema de formación docente tiene presencia efectiva en todo el territorio –con 33 centros distribuidos en los 19 departamentos, incluyendo el Instituto de Profesores “Artigas” (IPA), el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan E. Pivel Devoto” (IPES), los Institutos Normales “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez” (IINN), el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) y el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) en Montevideo, además de los 22 Institutos de Formación Docente (IFD) y los seis Centros Regionales de Profesores (CERPs) en el interior–, existe un desacople estructural entre lo que se enseña en los centros y lo que exige el ejercicio docente cotidiano en las aulas reales.
Ese desfase se refleja en datos concretos: en educación media, solo 7 de cada 10 docentes en Secundaria tienen título docente, y en la educación técnica (UTU) apenas 4 de cada 10. La profesionalización del cuerpo docente sigue siendo una deuda abierta del sistema educativo uruguayo.
En las últimas décadas, hemos transitado un camino fragmentado de políticas superpuestas, sin una visión común. Desde el Consejo de Formación en Educación (CFE) se ha sostenido una política de formación inicial centrada en planes que no siempre responden a la diversidad del país ni a los desafíos de las nuevas generaciones. Desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se ha impulsado una política de “acreditación por pruebas” –otorgando un segundo título de licenciatura en pedagogía a docentes ya titulados, mediante evaluaciones de opción múltiple–, sin priorizar la formación de los miles de docentes que hoy enseñan sin titulación completa. Se han desarrollado instrumentos normativos para regular los requisitos formales de las carreras de formación docente, incluyendo criterios mínimos de carga horaria para su reconocimiento universitario. Sin embargo, esta regulación se ha limitado a la “vista” de los planes formativos, sin abordar de manera sistemática aspectos igualmente críticos como la formación de posgrado del cuerpo docente o las condiciones de infraestructura de los centros. Así, se regula formalmente una parte, pero no se asegura la calidad integral de la formación.
A esto se suma una tercera línea: la oferta de cursos de formación continua, que llega de manera dispersa y fragmentada a través de los subsistemas (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU) o de iniciativas como el Centro Ceibal, que si bien han sido valiosas no alcanzan para constituir un sistema robusto, coherente y equitativo de desarrollo profesional docente.
Esta realidad evidencia una carencia estructural: Uruguay carece de una política nacional e integral de formación docente, articulada entre formación inicial, formación continua y actualización pedagógica. Crear una Universidad Nacional de Educación con una visión transformadora puede y debe responder a esa necesidad impostergable.
Participación con responsabilidad: gobernar con todos
En la actualidad, todos los cargos relevantes en la conducción de la educación pública están en manos del partido de gobierno. Esta concentración, sin contrapesos en órganos colegiados, es una vulnerabilidad institucional que no debe trasladarse a la nueva universidad. La representación plural y la autonomía académica no son privilegios sectoriales: son garantías de calidad y legitimidad.
En este punto, la discusión sobre la forma de gobernanza universitaria resulta central. Algunas voces expresan reservas respecto a incluir mecanismos de participación inspirados en el cogobierno –como los existentes en la Universidad de la República– por temor a que reproduzcan dinámicas corporativas o lógicas de poder ya conocidas. Sin embargo, lo que está en juego no es replicar un modelo, sino garantizar principios. Toda universidad auténtica debe ofrecer espacios institucionales de deliberación y corresponsabilidad entre quienes la integran: docentes, estudiantes, egresados, personal técnico-administrativo y referentes académicos. La clave está en adaptar esos mecanismos a la identidad de la nueva institución, sin renunciar a su sustancia democrática.
Este debate sobre gobernanza no es nuevo en la historia del pensamiento educativo uruguayo. Carlos Vaz Ferreira ya advertía en 1914 que Uruguay se encontraba injustamente rezagado en materia de “formación universitaria no profesional”. Denunciaba los argumentos repetidos de que “el país no estaba preparado” como un pretexto para bloquear la creación de un “instituto pedagógico universitario”, y defendía que esa demora nos colocaba en desventaja frente a otros países latinoamericanos. Su reclamo, aún pendiente, confirma que esta universidad no solo es necesaria: es una deuda histórica. (Carlos Vaz Ferreira, Sobre la enseñanza en nuestro país, 1957, p. 200).
De hecho, esta reflexión sigue vigente: si queremos formar educadores con pensamiento crítico, compromiso público y liderazgo transformador, debemos construir instituciones que encarnen esos valores desde su estructura.
Propuestas para una arquitectura institucional sólida
La ley de creación de esta universidad requiere una mayoría especial de dos tercios en el Parlamento. No se trata de un mero trámite legislativo, sino de una oportunidad crucial para diseñar una institución universitaria moderna, autónoma y socialmente legitimada. Para ello, proponemos:
- Un estatuto fundacional participativo, que convoque a docentes, estudiantes, egresados, referentes académicos y otros actores clave, a construir su diseño desde el inicio. Las universidades se fundan, no se decretan.
- Un sistema de gobernanza con participación equilibrada, que incluya representación de actores del sistema educativo y expertos externos, asegurando contrapeso democrático y deliberación pública.
- Designación de autoridades basada en formación académica y trayectoria profesional, a través de procedimientos transparentes, con perfiles definidos y comisiones evaluadoras independientes.
- Centros de innovación pedagógica en territorio, como nodos experimentales que articulen docencia, investigación, gestión y extensión, fortaleciendo la vinculación con las comunidades de aprendizaje.
- Un régimen de evaluación permanente, con indicadores definidos por la comunidad académica, orientado a la mejora continua y no a la burocratización.
- Un modelo de financiamiento estable y protegido por ley, que asegure independencia institucional y sostenibilidad a largo plazo.
Estas acciones estratégicas no son simples resguardos administrativos. Son condiciones esenciales para que la universidad no reproduzca estructuras obsoletas ni quede sometida a disputas coyunturales.
Más que una institución: un proyecto de país
La creación de una Universidad Nacional de Educación no puede abordarse como una política sectorial. Es una apuesta país. Uruguay necesita una universidad pedagógica que piense en clave de desarrollo humano integral, que forme profesionales capaces de liderar procesos educativos en clave de inclusión, innovación y transformación social.
En un contexto global atravesado por la inteligencia artificial, la transformación digital y la crisis de sentido en muchas comunidades educativas, no basta con actualizar contenidos. Hay que rediseñar el modo en que enseñamos y aprendemos, recuperando la centralidad del vínculo pedagógico, de la ética profesional y del compromiso con el otro.
Una universidad que no sea funcional a un gobierno, sino motor de pensamiento crítico, investigación aplicada y transformación del sistema educativo en su conjunto. Una institución que se integre al ecosistema universitario nacional con una voz propia, abierta a la cooperación internacional, sin perder su anclaje territorial.
Este es el verdadero desafío. Y este es el momento. Si logramos construir una universidad que rompa con el aislamiento, con la verticalidad burocrática y con la reproducción automática de lo existente, entonces estaremos inaugurando un nuevo capítulo en la historia educativa del país.
Pero si nos conformamos con un cambio de nombre, o con una estructura subordinada al vaivén de los intereses políticos, habremos perdido una oportunidad estratégica irrepetible.
Como país, estamos frente a una decisión de fondo: construir un nuevo modelo educativo o seguir administrando lo insuficiente.
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