La discusión sobre el creciente déficit fiscal dio lugar la última semana a que candidatos y analistas económicos centraran su atención en el problema del crecimiento. Ante la incapacidad manifiesta del gobierno de controlar el nivel de gasto público, pareciera que resultaría más sencillo licuar ese gasto con mayor crecimiento. La matemática de la sostenibilidad de la deuda indica sin dudas que esa es la medicina más adecuada.
Es tan grande la distancia entre los indicadores actuales de déficit y los que asegurarían una sostenibilidad de la deuda, que el ajuste fiscal para eliminar esta brecha tendría que ser fuertemente contractivo, lo que ahondaría aún más el problema. Tal ha sido la irresponsabilidad fiscal de los últimos años que las autoridades económicas se encuentran entre la espada y la pared. Resolver la situación con ajuste fiscal implicaría entrar en un círculo vicioso de recesión y desempleo. Por otro lado el crecimiento no es una variable que pueda controlar el gobierno. Por el contrario, aquel se estimula ofreciendo señales claras al sector privado de que se acabó la fiesta del gasto público.
El actual déficit fiscal de 5% hace que la deuda pública crezca a niveles insostenibles, no ya en el largo plazo, sino en cuestión de pocos años. Con un nivel de deuda de aproximadamente 65% del PBI y una tasa de interés promedio de 4%, el ratio de deuda subiría a niveles cercanos al 72% al cabo de un año si no mediara un crecimiento del PBI. Este cálculo es muy simplificado, pero sirve para dar una idea de la magnitud del problema.
Resulta claro matemáticamente que cuanto más aumenta el PBI, más lento crece el ratio de deuda y más sostenible se hace la deuda.
Con la matemática podemos visualizar y cuantificar el problema, pero la solución hay que encontrarla en la economía política. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación después de 15 años de crecimiento?
La explicación se encuentra en el “espacio fiscal”, término acuñado por el equipo económico para justificar los continuos aumentos en el gasto, financiados por una recaudación y economía en crecimiento. Cuando resultó claro que el crecimiento no era suficiente para mantener el ritmo del gasto exigido por las corporaciones asociadas a la fuerza de gobierno, no quedó más remedio que aumentar el porcentaje de extracción de recursos del sector privado.
Se deben ofrecer garantías al sector privado de que no van a subir más los impuestos. Un techo al gasto público nominal puede ser una manera
En consecuencia se aumentaron impuestos y se mantuvieron las tarifas públicas en niveles muy superiores a los que rigen en el resto del Mercosur. Sin capacidad de subir más los impuestos, el año pasado se recurrió a una transferencia de las AFAPs que permitió bajar artificialmente el déficit. No resultando esto suficiente, ahora el MEF evalúa revisiones al método de cálculo del déficit que permitirían dejar fuera un déficit parafiscal del orden del 1% del PBI que contabiliza el BCU.
Como resultante de esta pasividad fiscal, el peso de la responsabilidad recae sobre la Unidad de Deuda, que debe mantener la credibilidad de nuestro país con acreedores y calificadoras, manteniendo abiertos los canales de financiación. Mientras tanto el déficit sigue creciendo, la deuda se acumula y el desempleo continúa en aumento.
Lograr encauzar nuevamente la economía en la senda del crecimiento dependerá de la coherencia del conjunto de medidas que se implementen. Como dijo claramente el Ec. Carlos Steneri, el crecimiento “no se decreta”.
En las últimas semanas se han escuchado propuestas un poco vagas, que van desde el “vamos arriba” hasta la incorporación de tecnología en los procesos de producción. Como si existiera un “supermercado” de tecnología al que uno acude con un carrito a resolver un problema que tiene su origen en el Estado y no en los emprendimientos productivos en sí. Resulta claro que el crecimiento a largo plazo requiere inversiones en tecnología, pero la situación actual es de corto plazo y no se resuelve con más tecnología, como bien lo saben los sectores lecheros y arrocero.
El desconcierto de los agentes aumenta cuando se escucha que la OPP estuvo ocupada en el lanzamiento de una estrategia de desarrollo al 2050. Pareciera que estamos tan bien que podemos dedicar recursos humanos finitos a pensar cómo será la economía dentro de 30 años; esto a menos de dos meses de elecciones nacionales. La OPP debería recordar que la segunda “P” es de presupuesto y que la nota allí es deficiente. En efecto, en el contexto actual cualquier ejercicio de planificación a tan largo plazo resulta un tanto frívolo.
A nuestro entender existen al menos tres medidas que podrían contribuir a ofrecer a los agentes señales y estímulos claros que permitan retomar la senda del crecimiento.
Es necesario aligerar las normas que regulan el crédito bancario y los mercados de capitales, al menos para mantener los niveles de crédito actuales
La primera es dar garantías al sector privado de que no se van a subir más los impuestos. Esto requiere un acuerdo político que ponga un techo al gasto público nominal, convirtiéndolo en el ancla nominal de la economía. Esto terminaría con la parodia del “rango meta” de inflación que fija el BCU y que rara vez se ha cumplido. Con un marco fiscal incierto, es muy difícil planificar inversiones, como lo evidencia claramente el blindaje impositivo que UPM obtuvo del Estado uruguayo.
La segunda es un retorno rápido a la competitividad, permitiendo una desvalorización de nuestra moneda acorde con la realidad de nuestros vecinos. Como evidencia el gráfico, las exportaciones vienen cayendo consistentemente como porcentaje del PBI, haciendo nuestra economía cada vez más dependiente del gasto del Estado y el consumo interno. Estamos en un círculo vicioso que solo se rompe modificando el tipo de cambio.
La tercera medida es un aligeramiento de las regulaciones al crédito bancario y los mercados de capitales que permitan a las empresas no solo financiar inversiones, sino también sobrevivir hasta tanto no se procesen medidas que mejoren su competitividad. La capacidad de recuperación de los niveles de actividad depende de que no se sigan perdiendo unidades productivas que reducen el potencial instalado de la economía. Las empresas deben ser asistidas y su nivel del crédito debe al menos mantenerse.
En efecto, un informe del FMI publicado en febrero último identifica claramente el problema de competitividad que aqueja al sector privado y que ocasionó una persistente caída del peso de las exportaciones. El organismo internacional recomienda mejorar la competitividad con medidas estructurales tales como una mejora en el ambiente de negocios y un mayor acceso a crédito para las empresas.
A las autoridades les llegó el momento de tomar acción y exhibir firmeza. El Estado debe asegurar a los agentes de que va a tomar las medidas necesarias para que el sector privado pueda desarrollarse sin las interferencias que han caracterizado los últimos años de gestión económica. Para ello, el Estado debe crear marcos generales de estímulo, lo que implica ir desarmando la multitud de ventanillas especiales que estimularon el avance de las corporaciones e intereses particulares detrás de la búsqueda de rentas.
