Un proverbio de uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, Lao -Tse dice: “Ten paciencia, espera que el barro se asiente y el agua se aclare. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja”.
Somos conscientes del impacto en todos los niveles del país que ha causado la actual pandemia, provocando un verdadero caos social y económico.
Pero sin dudas quienes han tenido que soportar mayoritariamente el peso de la pandemia, han sido las instituciones públicas y privadas de servicios de salud, realizando un gran esfuerzo, con un altísimo nivel de profesionalismo, posicionando a Uruguay entre los países de mayor prestigio a nivel mundial justamente por su sistema de salud integral y universal.
Sin embargo, sabemos que el sistema de salud en Uruguay está siendo expuesto al fracaso por la gran reforma que alcanzó al sistema mutual desde hace más de una década con una concepción claramente marxista, que “emparejó hacia abajo” la atención de las personas y que sometió a dichas instituciones privadas a una suerte de intervención del estado.
Quedaron fuera del sistema otras empresas privadas que a la postre se beneficiaron, obteniendo ganancias considerables en el pasamanos de servicios de salud.
Las instituciones incorporadas al nuevo régimen, debieron aceptar personas de todas las edades y condiciones sanitarias, con cuotas (cápitas) fijadas y aportadas por el estado. Que al igual que el sistema previsional de retiro, basado en la solidaridad intergeneracional y aquí diría intersocial termina siendo mucho para el que aporta (trabajadores y empresarios) y poco para el que recibe (prestadores de salud).
A esta situación desafiante se sumó la decisión del gobierno del Frente Amplio de incluir a jubilados y pensionistas con una cápita inferior a la recomendada para esa faja etaria, además de decidir -por no tener recursos genuinos suficientes- que pagaría solo una cápita promedio más un incremento de 20% el primer año de incorporación hasta llegar al cuarto año a completar el costo de atención per cápita para adultos mayores.
Sabido es que los adultos mayores son quienes requieren mayor atención médica, por lo que los costos de atención son sustancialmente mayores, solo para ilustrar la distorsión entre cápitas y costos destacamos que atender a una persona de 40 años cuesta una cápita, atender una persona de 85 años cuesta siete cápitas y las instituciones hoy reciben por adultos mayores un ratio de 4,7 per cápita, llevando a instituciones con concentración de adultos mayores a una situación límite de desfinanciamiento progresivo.
Lo que hizo el gobierno de turno para “ayudar” (sintiéndose culpables del desastre) a las instituciones de salud, fue ser garante en los fideicomisos que se emitieron para financiar el enorme desfasaje del no pago por parte del estado de la totalidad de las capitas entre 2012 y 2016. Dichos financiamientos, obviamente se tienen que pagar y el sistema que aún no ha sido reevaluado para adecuar las cápitas, sigue haciendo crecer el desfinanciamiento.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el tema excluyente ha sido la pandemia y se ha dedicado a mitigar los efectos de la misma, captando este tema totalmente la atención, sin que se mencione que esas instituciones de salud, han aguantado en esta delicada situación estoicamente el palo de la carpa, sabiendo que tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles.
Entonces nos preguntamos: ¿cuándo se van a comenzar a tratar los problemas de fondo vinculados a la salud, los sustanciales, de los que nadie habla? Está en juego la atención de la salud de las poblaciones más vulnerables.
Creemos que es urgente trabajar con un tema tan fundamental como atender el problema de las mutualistas desfinanciadas, ayudándolas verdaderamente, anteponiendo el bien común por sobre intereses personales o partidarios, para que cuando el barro se asiente y el agua se aclare, la acción correcta surja.
Jorge Rodríguez
TE PUEDE INTERESAR
