La Asociación de Magistrados del Uruguay se apresta a concurrir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, para dar a conocer su visión sobre los fondos que se asignan al Poder Judicial en el proyecto de ley de presupuestal. La Mañana dialogó con la presidenta de esta asociación, doctora María Helena Mainard, para quien desde hace más de 30 años la Justicia “no tiene un presupuesto digno”.
¿Cuál es la evaluación que realizan desde la Asociación de Magistrados respecto de los fondos que para la Justicia se proponen en la Ley de Presupuesto?
La Suprema Corte se reunió con representantes de los distintos gremios que conformamos el Poder Judicial y recogió las aspiraciones para el Presupuesto. De esta manera, se elevó un proyecto que contemplaba casi todas las aspiraciones que habían presentado los distintos gremios. Pero en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo no se recoge prácticamente nada de lo solicitado por la Suprema Corte.
Por ejemplo, en cuanto a juzgados de género, la Corte solicitaba la creación de 24 para todo el país y en el proyecto del Poder Ejecutivo se plantea crear dos, y desde 2027. Se hizo hincapié en la solicitud de creación de juzgados en este tema, que es el que hoy está más complicado a nivel del trabajo de los jueces. Esto por toda la tarea que implica, por la urgencia de los casos que se plantean. Por la Ley de Violencia de Género, cuando usted tiene una denuncia debe resolver en 72 horas y necesita tener equipo humano para determinar, por ejemplo, el nivel de riesgo de la situación. O sea, la persona que supuestamente fue agredida va a la seccional, a la Unidad de Violencia Doméstica o a donde vaya a radicar la denuncia, cuenta los hechos a un policía y el policía le da cuenta al juez. Con base en lo que le cuenta el policía al juez, este tiene que tomar inmediatamente una resolución telefónica y decidir si procede la adopción de medidas y en el plazo de 72 horas convocar a audiencia a las partes. En esa audiencia debería haber un informe de riesgo de la situación, informe que casi nunca está porque es imposible. Imagínense que un juez de violencia de género, por ejemplo, en Montevideo recibe en el turno entre 50 y 70 llamadas por día. Es impracticable realizar tantas audiencias en un día, no hay nadie en el mundo que pueda hacer una tarea de esas. Y tener 50 o 70 informes de riesgo en la mesa tampoco es posible, porque los informes de riesgo implican citar a las partes involucradas, leer los antecedentes, estudiar la situación y emitir un informe. En Montevideo ahora se están haciendo seis informes por día; con una población de 1,2 millones de personas hay 12 jueces de familia especializados. No digo que todos vayan a ir a plantear una cuestión de género, pero es un ejemplo de la proporción de jueces en relación con la población que se atiende.
¿Cuáles eran los principales temas que plantearon a la Suprema Corte para incluir en el Presupuesto?
Los de los juzgados de familia era una prioridad y quiero que quede claro que no se trató de nada referido a un aumento de sueldo. Lo que estamos planteando es mejorar las condiciones de trabajo. Hay muchas personas en el Poder Judicial con problemas de salud mental, a raíz de del estrés que genera todo este trabajo. Consideremos que hay que resolver situaciones en el momento, con base en una llamada telefónica. Esto es una responsabilidad hacia los jueces y han existido casos en los que ante cualquier problema enseguida el juez es sometido a investigación o a un sumario, con retención de haberes. Entonces, lo que estamos pidiendo es que haya más jueces, más oficinas y más técnicos como psiquiatras, psicólogos o asistentes sociales.
¿Cómo ve que ha evolucionado el presupuesto que en Uruguay se destina a la Justicia?
Hace más de 30 años que no tenemos un presupuesto digno y que contemple algunos reclamos. Un ejemplo es la transposición de fondos. Si tiene asignada una partida para hojas y se le acaba el dinero para comprarlas, no puede transponer rubros. O sea, no puede utilizar un rubro que está asignado a otra cosa para reponer hojas. El año pasado no había hojas y no había plata para comprarlas. Si no tiene autorización del Ministerio de Economía y Finanzas o de la OPP, no puede hacerlo. Es increíble que el Poder Judicial no pueda administrar sus propios recursos, cuando tiene cerca de 8000 funcionarios y más de 500 sedes en todo el país. Y tiene el mismo presupuesto que el Palacio Legislativo. Ese es entonces el presupuesto de un poder del Estado que funciona como puede. El presupuesto del Poder Judicial es 1,08 del Producto Bruto Interno y estamos pidiendo 1,40, o sea, implicaría un aumento mínimo en lo que es el presupuesto total. Pero tampoco se nos da.
Quienes votan el Presupuesto son los legisladores. ¿Qué ve en la actuación de estos cuando deben votar rubros para otro poder del Estado?
El viernes seremos recibidos por la Comisión de Presupuesto y cuando hemos ido a reuniones con legisladores nos entienden, nos escuchan. Pero llegado el momento no tenemos soluciones. En el proyecto que manda la Suprema Corte se propone que el 60% de lo recaudado por el Registro de Testamentos y Legalizaciones, que depende del Poder Judicial, se utilice para gastos de vigilancia a nivel de sedes judiciales. Pero el Ejecutivo señala que todo eso que se recauda va a Rentas Generales. También se pidió un porcentaje de lo recaudado por la Inspección General de Registros Notariales, que funciona en los juzgados del interior, pero tampoco se incluyó. Se dan soluciones en el proyecto de la Suprema Corte para nuevos fondos, pero no se recoge ninguna de ellas.
Problemas de seguridad
Uno de los problemas que también se menciona es la seguridad de los jueces y demás funcionarios en las sedes, ¿qué puede comentar al respecto?
El tema seguridad es otro problema que tenemos los jueces. No hay en las oficinas policías suficientes para la seguridad del juez y del personal que trabaja en ellas. Ahora estoy en un tribunal de apelaciones, pero hasta hace poco estuve en un juzgado penal trabajando y usted no tiene ni quién le conduzca los presos a la audiencia. Hay momentos en que no hay policías en los juzgados.
¿Pero la seguridad no la tendría que proporcionar el Ministerio del Interior?
Se han hecho reuniones con el Ministerio del Interior en infinidad de oportunidades, a lo largo de las distintas directivas de la Asociación de Magistrados. Pero no se llega a una solución porque señalan que no hay personal, ya que está asignado a otras tareas. En los juzgados penales o de violencia de género, han pasado cosas que se han solucionado con los funcionarios que están trabajando o con los propios jueces. Pero no nos sentimos seguros en las sedes judiciales ni fuera de ellas. También este problema lo hemos planteado como una prioridad, pero tampoco hubo respuestas hasta ahora en ese aspecto.
Usted mencionó la seguridad de los jueces fuera de las sedes. ¿Han realizado el reclamo de alguna protección especial en especial para aquellos magistrados en la parte penal?
No ha existido un reclamo. Cuando ha habido algún juez que ha sido amenazado por algún detenido, se ha planteado a nivel de Jefatura y se ha conferido una custodia, siempre en casos concretos. Pero estamos totalmente expuestos, o sea, no hay una protección. Incluso los jueces tendemos a ni siquiera salir a la prensa por el tema de la seguridad propia. Esto lo considero un error, ya que la gente desconoce lo que hace un juez y a veces se elabora toda una fábula. Fui jueza de crimen organizado, y mantuve un perfil muy bajo durante todo el periodo. Yo sí tenía custodia, porque los jueces de crimen organizado tienen custodia, que implica que se lo acompaña al lugar de trabajo y del trabajo a su casa. Esa es la custodia que tienen los jueces de crimen organizado. No digo que todos los jueces tengan que estar con custodia, pero lo fundamental e importante es la custodia a nivel de sedes judiciales. Tener alguien que ayude con el orden dentro de la oficina, donde a veces se vuelve un poco caótica la situación, principalmente en materia penal y en otros donde los derechos que se discuten son más sensibles.
La figura de los jueces
Hoy es más conocida por la población la figura del fiscal, que la del juez. ¿Cómo observa que la población ve su tarea?
La parte que más se visibiliza siempre es la parte penal, que es la que recoge la prensa. Hasta 2017 [cuando comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal], la tarea de llevar adelante la investigación la realizaban los jueces. Esa tarea pasó a mano de los fiscales. El fiscal hoy por hoy es quien investiga. El juez es quien resuelve, que en realidad es su tarea natural. Obviamente que la parte más visible es la Fiscalía porque es la que investiga, lleva los casos al juzgado y pide una resolución.
Pero a veces la población se refiere a las resoluciones de un juez como negativas cuando hay un caso muy controversial.
Eso ha sido siempre así, antes del 2017 y ahora. Siempre parece que el juez tiene la culpa de todo. Hay errores, somos humanos. Pero lo que trasciende es lo que sale mal, cuando se trabaja todo el día, todos los días. La Justicia funciona bien. Pero claro, lo que se visibiliza siempre es lo que sale mal. Esta directiva de la Asociación de Magistrados está en la posición de comunicarle a la gente lo que hace el juez y la responsabilidad que tiene.
Finalmente, y vista toda esta realidad, ¿cuál es su opinión sobre el funcionamiento de la Justicia en Uruguay?
Tenemos uno de los poderes judiciales mejor reconocidos a nivel internacional. Trabajan bien los jueces y tienen capacitaciones obligatorias de 20 horas todos los años, además de todos los cursos que puedan hacer y que se ofrecen a nivel del Centro de Estudios Judiciales. Se han previsto concursos para ascensos. Funciona muy bien la Justicia en Uruguay, frente a otros poderes judiciales que he conocido. Es un Poder Judicial sano.
