Las últimas declaraciones del subsecretario de Salud Pública sobre aborto a los medios de prensa (por ejemplo, en La Diaria y Subrayado del 4 de setiembre 2025), que se suman a muchas otras de similares contenidos, no pueden más que generar rechazo, porque son contrarias al rol del cargo que ocupa.
Manifestó una vez más que la ley del aborto es “buena, que ha llevado a la práctica segura, accesible e infrecuente del aborto”.
Reiteramos que no puede ser buena una ley que permite matar a seres humanos indefensos. Uruguay, a principios del siglo XX, afiliándose al principio de proteger la dignidad humana de todos, resolvió abolir la pena de muerte para los peores asesinos. Pero el subsecretario de Salud desconoce este principio, declarando que tenemos una ley buena y que además quiere ampliar los plazos y reducir los requisitos en ella establecidos para abortar. Esto producirá muertes con más tiempo de vida, incluyendo a aquellos que tengan alguna discapacidad –pensemos por ejemplo en los síndromes de Down-, y al quitar el delito de aborto del Código Penal, como lo augura, llevaría a que se pudiera abortar hasta el nacimiento. Ya no habrá pastillas que valgan para matar a un niño desde las 14 semanas de gestación hasta el nacimiento.
Sostiene que la ley de aborto es una ley segura. Tampoco es cierto, porque desde que se aprobó murieron por aborto legal 9 mujeres. Si lo fuera, el dato debería ser cero, pero no lo es. El dato expone que hay peligro al abortar.
El subsecretario de Salud afirma, además, que el aborto es infrecuente. Pero si lo fuese no tendríamos un promedio de 10.000 abortos por año, 31 abortos diarios en el año 2024, con una población que no llega a los 3.500.000. Aunque quiera hacernos creer que las nuestras son de las tasas de aborto más bajas del mundo, hoy Uruguay no cuenta con 7171 adolescentes cursando primer año de Enseñanza Secundaria, no tiene 11.232 niños en guarderías, CAIF, etc. Así podríamos seguir detallando la pérdida de niños y también de adolescentes, que se han producido año a año desde que se legalizó el aborto. Es una tragedia para Uruguay que hayan muerto por aborto desde la vigencia de la ley y hasta fines del año 2024, 117.863 niños por nacer (esto según datos oficiales).
Por otra parte, expresó que la ley debe adecuarse al nuevo perfil poblacional que hay hoy. Suponemos que eso va ligado a sus dichos sobre “reconocer que somos una sociedad de inmigrantes y tenemos que darles cabida a las mujeres migrantes para que puedan hacer uso de la ley”. Qué “oportunidad injusta” la que pretende darle a esa mujer. Según él, las mujeres extranjeras podrían, al llegar a Uruguay, matar a sus hijos. Es decir, sumar a lo que implica abandonar su tierra, que el país que la recibe, le facilite lo que más debería cuidar de ella, su vida y la de su hijo por nacer. Usar de la ley más injusta que Uruguay tiene en su compendio.
Sostiene que hay cuestiones de la ley que realmente no se aplican, como los cinco días de reflexión, que no sirven, porque no cambian la decisión de la paciente.
No quisiéramos hablar del contenido de la ley de aborto, porque lo que reclamamos es su derogación. Pero el subsecretario desconoce que hay un promedio de 5% de mujeres que luego de consultar continúan con el embarazo. Y esto que contradice lo que se espera, está generando año a año que un 5% de mujeres continúen el embarazo. Ese 5% representa el nacimiento de unos 500 niños. Es decir, casi 17 grupos de 30 alumnos en la enseñanza. No podemos desconocer que, en los últimos años, cada inicio de año escolar, las autoridades no dejan de lamentarse por la merma en el número de niños y adolescentes y el exceso de educadores en los centros de estudio.
En sus últimas declaraciones se refirió a la distinción entre pobres y quienes no lo son, expresando que la desigualdad social influye en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Que la performance sexual y reproductiva de las personas que viven en situación de pobreza es mucho peor que la de las personas que viven en una situación donde no tienen padecimiento. Si la salud reproductiva es e incluye aborto, podemos decir que quienes no son pobres, que las personas que no tienen padecimientos están abortando más que las que sí lo son. ¡Qué lamentable, porque están perdiendo la oportunidad de sus vidas: la mejor edad para reproducirse teniendo los medios económicos para hacerlo! Entonces el plan es extender ese “logro” a la población pobre. Esas mujeres pasarán a ser doblemente pobres, a su condición económica sumarán una carga más en sus vidas y no habrá quien las ampare, porque seguramente su salud mental, que será afectada en forma inmediata o a largo plazo (y no levemente como declaró el subsecretario) no será atendida o lo será deficientemente.
Si salud pública es el componente de los sistemas de salud que persigue mejorar, proteger, restaurar o mantener la salud de la comunidad, es preocupante que el subsecretario de Salud Pública no esté respetando los requisitos que su rol debe cumplir, participar en la formulación y control de políticas, planes y programas de salud, asegurando la calidad de los servicios sanitarios para el bienestar y para que mejoren la salud de la población. Abortar no es proteger ni mejorar la salud, abortar es matar a un ser humano y generar secuelas en la mujer que lo hace.
Los impulsos y acciones que pretende dar y tomar el actual funcionario, no están asegurando el bienestar de la población: los niños concebidos, cada uno, corre riesgo de vida y las madres que aborten quedarán marcadas de por vida, siendo que la atención de la salud mental en nuestro país es altamente deficiente. ¿Cuál es la obsesión que moviliza a este funcionario a promover más y más abortos, cada vez a más alta edad gestacional, cuando Uruguay necesita todo lo contrario, el cuidado y protección de cada vida desde la concepción?
¡No queremos gobernantes promoviendo la muerte en Uruguay!
Gianella Aloise-Pons
