El sistema de empresas estatales se caracteriza por la ineficiencia, la rigidez normativa y una gobernanza vetusta, de acuerdo con Alejandro Stipanicic, quien fuera presidente de Ancap en el período pasado. Hoy, a la cabeza del CEPP, busca reposicionar al centro como un espacio plural para debatir sobre políticas públicas. En conversación con La Mañana, analizó los problemas de gestión que vienen de larga data en las empresas públicas y detalló los cambios necesarios para revertir la situación.
¿Cuál es la misión del CEPP y qué rol tiene allí usted, luego de haber trabajado durante tantos años en Ancap?
Fue creado en 2018 para contribuir al desarrollo, discusión y fortalecimiento de políticas públicas. Como presidente de su Consejo de Administración, buscamos reposicionarlo y generar un ámbito para que personas con conocimiento, experiencia o formación académica puedan volcar libremente sus opiniones e ideas y disparar reflexiones a nivel de quienes se interesan por temas que habitualmente no están en la agenda política y que son trascendentes para el país.
En una reciente entrevista con radio Sarandí, afirmó que “el sistema de empresas públicas no funciona”. ¿A qué se debe esa percepción?
Algo dijo Cepal en 1975 y Pharos en 2015, pero es una constatación: los servicios públicos en general son eficaces, pero caros e ineficientes. Refinar un barril de petróleo es más caro que en otras refinerías, la energía eléctrica es más cara que en otros países y la mitad del agua potable que se produce se pierde. Tener fines sociales que no suelen tener las empresas privadas no puede ser la excusa para gastar mal. Las normas, usos y costumbres no permiten estar a tono con las exigencias de un presente que es muy diferente al momento fundacional un siglo atrás. Llamamos empresas a entidades que hasta en su nombre se definen diferente: administraciones nacionales. Queremos que funcionen como empresas, pero tienen reglas de ministerios.
Los monopolios de hecho y de derecho, como los oligopolios con participación estatal, afectan no solo la competitividad, sino que imponen un freno a las transformaciones que demandan la tecnología e inmediatez de los cambios globales. Tenemos sistemas de control más costosos que los desvíos que pretenden controlar. Las regulaciones sobre la compra de bienes y contratación de servicios están bien pensadas para dificultar la corrupción, pero cuestan cada vez más. Las condiciones laborales no son atractivas para las nuevas generaciones y perdemos a los jóvenes más talentosos y capaces que se van al sector privado a trabajar para el exterior.
Se persiguen objetivos cortoplacistas y mucho más relacionados con el resultado fiscal que con visiones empresariales. La captura de rentas monopólicas mejora los números del Estado, pero perjudica al consumidor. El sistema descuida el porvenir por enfocarse en el presente. Es la receta perfecta para el desastre.
¿El problema es cómo está diseñado el sistema o que no se ha aggiornado a lo largo de los años?
Ambos. Los marcos normativos de las empresas son esencialmente los mismos desde su creación. La gobernanza tradicional es cómoda para el sistema político y ya no sirve para la dinámica del mundo. Hace 50 años los grandes cambios se producían en décadas y cambiar los directores cada cinco años no afectaba cuando tener muchos empleados hacía la diferencia. Ahora importa una fuerza laboral competente, los cambios ocurren en meses y los directores designados por reparto político corren de atrás una realidad que no llegan a conocer. Quienes designan a los directores de las empresas y las personas que asumen ese rol, no saben, no quieren o no pueden comprender que el cortoplacismo no tiene cabida en una realidad que no perdona las ineficiencias o la lentitud. No es sano para una empresa que en cinco años al director político le lleve 18 meses entender de qué se trata el negocio y 12 meses antes de las elecciones empiece a poner el freno porque piensa que se va. Eso significa que prácticamente la mitad del período el directorio no puede cumplir con su función.
En la entrevista a la que hacía mención, sostuvo que los controles de la OPP son “demasiado férreos” y actúan como un “freno de mano”. ¿A qué lo adjudica?
Hay demasiados controles sobre las empresas, los de OPP son los más lógicos por su rol constitucional. Pero todos pecan por no tener claro el por qué y para qué del control. Hay una delgada línea entre autonomía e independencia que la OPP tiende a cruzar. Entiendo que si algo se hizo mal en el pasado se ponga un control para que no vuelva a pasar, pero son tantos los controles que no corrigen la causa raíz que se agregan a otros y terminan estorbando. Las pautas de OPP y el MEF y requerimientos y exigencias de múltiples actores obligan a destinar recursos humanos para cumplir, pero, además, para interpretarlos. No sirve de nada aparentar ejercer un control y quedar tranquilo con que algo se controla, cuando no se tiene capacidad para procesar las respuestas o no se es capaz de entender lo que se controla o cuál es la causa raíz de un desvío o, peor aún, si no se entienden las consecuencias. Hay una falsa sensación de control, se confunde seriamente qué se debe controlar y a quién hay que pedirle explicaciones.
¿Cree que debería revisarse el modelo de gobernanza de las empresas públicas?
Sin duda. Hoy las empresas del Estado son gestores de resultados y empleo para el gobierno de turno y se alejan de su función trascendente de asegurar la oferta de productos y servicios en el futuro. Hay que empezar a corregir desde la cabeza. Los directorios reúnen todas las patologías que identifica la literatura académica: son cortoplacistas, no idóneos, se enfocan en cuestiones operativas tratando de enmendar la plana a los gerentes, representan a sectores políticos, tienen agendas ocultas y no defienden los intereses de la empresa. Los diálogos en los directorios apuntan a temas operativos o de escasa relevancia estratégica.
¿Cuáles tendrían que ser los principales cambios que llevar adelante?
Sin necesidad de cambiar leyes, empezaría por designar menos directores y por más tiempo, excediendo los plazos del gobierno. Personas con un perfil ampliamente probado de competencia profesional, antecedentes e independencia de intereses políticos o económicos, no en base a acuerdos de reparto. Además, nombraría a las mismas personas para varias empresas similares: Ancap y UTE deben compartir los mismos directores, BROU, BSE y BHU también. Esto se puede extender a los organismos relacionados con logística, tecnología, infraestructura, de manera de tener personas que faciliten la polinización de buenas prácticas y estén motivadas a generar sinergias.
Luego, empezar a fusionar las áreas corporativas de empresas afines: evitar duplicar áreas jurídicas, contables, administrativas. Agrupar a los funcionarios en unidades con similar peso a las áreas operativas centrales de las empresas que son siempre las que obtienen más recursos.
Más adelante, quizás con cambios legales, crear un órgano puramente político que ejerza la función de dueño de las empresas del Estado. Un ámbito de siete miembros designados por los partidos con representación parlamentaria, con renovación parcial cada tres años y cuya función sea el seguimiento estratégico y evaluar permanentemente la gestión de los directores y el resultado económico y financiero, con informe preceptivo de OPP. Debería tener atribuciones para proponer al Poder Ejecutivo la destitución de directores por mal desempeño o por apartarse de conductas esperadas.
También habló de la opacidad en las rendiciones de cuentas de las empresas públicas. ¿Podría dar algún ejemplo?
Son muchos los que hacen actos de dueño. ¿Quién manda? ¿A quién reporta el presidente de un directorio? ¿Y los directores? El ministro de referencia, director nacional vinculado, OPP, TCR, AIN, MEF, legisladores, el líder político, todos reclaman ser legítimos representantes del dueño, todos pretenden tener su incidencia en lo que pasa en una empresa, pero sin responsabilidad. Ancap, UTE, BROU, BPS, entre otros, son entes autónomos, pero esa autonomía está solo en los papeles, especialmente en temas de alta exposición. ASSE, Antel, ANC, OSE, son servicios descentralizados, así que hasta jurídicamente no son tan independientes en sus decisiones. Es alarmante la falta de disposición de las autoridades para presentar pública y regularmente los resultados de las empresas, así como para explicar sus problemas y desafíos. Y es insólito que los dueños, que decimos ser cada uno de nosotros, no lo reclamemos.
