El 23 de enero de 2025, el BCU emitía un comunicado en el que decía: “Desde el año 2018 el Banco Central del Uruguay ha realizado 11 actuaciones en empresas que ofrecen inversiones ganaderas. A partir de la publicidad de la oferta de este giro, y en el marco regulatorio que conduce la supervisión del Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor”. Y agregaba: “Las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera, y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34 del texto ordenado de su Carta Orgánica, ya que la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo”.
Esta era la respuesta a las preguntas ¿cómo es posible que el BCU no haya regulado a Conexión Ganadera?, ¿cómo es posible que falten US$ 250 millones sin que el BCU, MGAP y la DGI lo notaran?
Un comunicado muy débil. Es más, si recordamos que Pablo Carrasco en algunos videos dice, entre otras cosas: “No puedo decir renta”, en tono de risa, dando a entender que si no van a regular a Conexión Ganadera como “si fuera una empresa que vende servicios financieros”. Conexión Ganadera envió un correo a sus inversores comunicando como un éxito el no ser regulados por el BCU, regulador de las empresas que ofrecen servicios financieros. Seis días después salió mi columna en este medio titulada “Conexión política ganadera”, en la que cuento algunos detalles de la entrevista del Dr. Jorge Fernández Reyes –en representación de Conexión Ganadera– y tres funcionarios de la SSF.
En esa reunión el Dr. Fernández Reyes fue asesorado sobre cómo evitar ser regulado por la SSF. Se modificó la nomenclatura en contratos, publicidad, entrevistas y discursos. No se gravarían con IRPF las rentas de los inversores y a la vez la empresa no tendría que enviar información de sus operaciones financieras como ser saldos, transacciones, estados de cuenta, etcétera. De haber sido regulada, el BCU sabría, por ejemplo, que la empresa no había presentado sus últimos dos balances anuales, que hubo transferencias al exterior y depósitos de dinero sin el origen de los fondos. Seguramente la estafa de Conexión Ganadera hubiera sido descubierta antes y el monto de esta sería menor.
El 30 de junio de este año fui convocado por la asesoría jurídica del Banco Central del Uruguay a comparecer como testigo en el marco de la investigación administrativa que tramita en el expediente 2025-50-1-00531, de acuerdo con los artículos 14, 26 a 28 del Reglamento Disciplinario de este Banco Central del Uruguay. Fui el viernes 4 de julio a las 11:00 horas, expuse lo que sabía sobre la reunión del Dr. Jorge Fernández Reyes con funcionarios de la SSF, personas vinculadas y el origen de parte de la información. Esta investigación sería secreta.
No había tenido novedades del resultado de esta hasta que ayer a la tarde un amigo me pasó una resolución del BCU por WhatsApp. Dice: “De las probanzas diligenciadas, así como del informe circunstanciado y las conclusiones, no surge probada la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro de la Institución o que la afecten directamente y, en consecuencia, tampoco la individualización de eventuales responsables, por lo que no se configuran los presupuestos para disponer ampliaciones u otros procedimientos”.
Una vez más el Banco Central no da respuestas a las mismas preguntas, no es creíble para los inversores –hoy damnificados– de Conexión Ganadera. Lejos de sacarse responsabilidades, el resultado de esta comunicación seguramente aliente a los damnificados a hacer un juicio a la institución que regula la actividad financiera en nuestro país.
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