En diálogo con La Mañana, el analista político y docente de UCU, Ángel Arellano, abordó temas tales como el retroceso democrático en la región, el avance del crimen organizado y las recientes elecciones en Bolivia.
Usted dejó Venezuela en 2015, en un momento muy complejo para su país. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y cómo marcó ese cambio su forma de entender la política y la democracia?
¡Qué pregunta! Sí, yo en efecto llegué a Uruguay en noviembre de 2015. En ese momento tenía varios trabajos en Venezuela, me dedicaba a ejercer mi profesión, tanto como periodista, como en el área de la ciencia política. Estaba trabajando en el mundo de la política, digamos, formalmente. Sin embargo, el ambiente era sumamente hostil. Era muy difícil, no solo el ejercicio de la profesión, que lo era, porque yo trabajaba en el Parlamento y este se había convertido ya desde varios años antes en un lugar muy difícil para trabajar desde la oposición o vinculado a gente de oposición. Lo otro hostil también era el ambiente económico y de inseguridad que se vivía en el país. Entonces, como que esas tres razones me impulsaron a buscar una alternativa en otro lugar, a mí y a un montón de jóvenes. Yo cuando emigré a Uruguay tenía 25 años. Y eso fue lo que me llevó de alguna forma a salir del país.
¿Y por qué Uruguay? Bueno, porque vine a estudiar a la Universidad de la República. Había hecho ya contactos en la universidad para seguir mis estudios de ciencia política. En ese momento había tocado varias puertas en otros países, incluso me había anotado en la Universidad de Buenos Aires. Pero al final me pareció que Uruguay era una mejor apuesta desde el punto de vista económico, desde el acceso al trabajo, pero también para estar legal de forma rápida y que no fuera tan traumático el proceso de integración. Los hechos prueban que fue así. Tengo 10 años acá en el país y entre otras cosas por eso, porque la integración fue bastante amable, fue rápida y pude, con el esfuerzo de varios años, después conseguir un trabajo en mi área y seguir desempeñándome en otros lugares.
Como coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay y editor de Diálogo Político, usted lidera una plataforma que se ha convertido en un espacio de análisis y debate sobre temas cruciales para América Latina. ¿Cuál es el propósito central de esta iniciativa y qué papel busca cumplir en un contexto regional donde muchas veces prima la polarización?
El objetivo de Diálogo Político es aportar análisis de calidad, no información, análisis de esa información. Porque no es un portal de noticias, sino más bien de análisis. Es decir, se ve la información, se mastica, se procesa y eso es lo que se publica.
Diálogo Político aporta un espacio de análisis de calidad para combatir la polarización y la desinformación y ayudar a quienes rodean la política a tomar mejores decisiones. Por eso, la plataforma realiza investigaciones diversas: estado de la democracia y de los partidos, geopolítica, vínculos de América Latina con potencias democráticas y autoritarias, política nacional de cada país y desempeño político juvenil en redes. En síntesis, ofrece análisis de calidad para asesores, secretarios, intelectuales y académicos, a fin de comprender mejor lo que ocurre en la región y cómo impacta lo global.
Usted ha señalado que América Latina vive un “retroceso democrático” silencioso. ¿Cuáles considera que son hoy las señales más claras de ese deterioro institucional en la región?
Más que las señales, hay que mirar las causas. Generalmente, se da por descontado que son la corrupción, el abuso de poder o la debilidad institucional. América Latina comparte idioma, valores y una matriz cultural cristiana común, pero cada país tiene su contexto. Nuestro problema no es de leyes o constituciones, sino de práctica política. El declive está en cómo se ejercen esas normas, está en la práctica de esas leyes y de esas constituciones y de esos partidos y de esa forma de ejercer la política. Entonces, cada vez que un político o que alguna persona que está alrededor de la toma de decisión abusa de su poder para enriquecerse o para ir contra una persona opositora, etcétera, genera una consecuencia.
El escenario que vemos hoy en América Latina con el descenso sistemático del apoyo y de la satisfacción de la ciudadanía con la democracia no es más que la consecuencia de eso que hemos visto. Entonces, mirando la película un poco más grande, uno diría que donde hay que concentrarse es en el control de esa práctica política, en la revisión de esa práctica política y en una reflexión también social de quiénes son las personas que estamos eligiendo y por qué.
Es entendible que una sociedad tan frustrada como la latinoamericana vea proliferar personas que aparecen de la noche a la mañana con la solución en la boca diciendo que todo se resuelve a golpe y porrazo. Y también es entendible que cuando esas personas no resuelven en uno o dos años lo que prometen, la frustración explota. Ya lo hemos visto con continuos ciclos de protesta.
Esto nos lleva a mirar que es ahí donde hay que poner el foco, en el control de la actividad política y en una reflexión social de preguntarnos qué estamos haciendo y a quiénes estamos llevando a que conduzcan a nuestros países. Porque si bien el objeto de la política es darle certeza a la sociedad, lo que uno ve en América Latina es que la incertidumbre está reinando en esa élite que debería traernos certeza.
En los últimos años hemos visto el avance de gobiernos con fuertes mayorías parlamentarias. ¿Por qué pueden ser una amenaza para el equilibrio democrático?
Generalmente, cuando los partidos obtienen mayorías contundentes en los parlamentos tienen, de alguna forma, la cancha abierta para implementar sus proyectos tal como ellos quieren. Y eso no es una práctica antidemocrática. Todo lo contrario. Se entiende que hubo una legitimidad por parte del voto y que la ciudadanía laudó que este partido o este líder tiene su venia para implementar su proyecto del país. Eso es democrático.
Ahora bien, el asunto está, cuando se usa esa gran mayoría para avasallar a las minorías. Hay dos casos donde esto se ve muy nítidamente. El caso de México, con el gobierno de Morena, que comenzó primero con Andrés López Obrador y ahora actualmente con Claudia Sheinbaum, donde Morena tiene una mayoría sumamente contundente, impresionante, casi todo el Senado y casi toda la Cámara de Diputados. Y eso los habilita a introducir reformas muy importantes. Lo que desequilibra la cancha es cuando esas reformas buscan tocar aspectos estructurales del Estado y de la institucionalidad para que el opositor o los opositores o quienes tienen que ejercer control ciudadano tengan menos posibilidad de influir en las decisiones del Estado. De tal manera que con eso aprovechan la mayoría que te da la sociedad, que te la dio para gobernar, para implementar política pública, para cambiar algunas cosas del Estado y desnivela la cancha. Lo cual genera desde luego una desigualdad en términos políticos.
Otro caso donde esto se aplica también es en El Salvador. Un gobierno que llegó primero con una mayoría en votos, pero que esa mayoría no se veía trasladada al Parlamento, comenzó desde el momento cero a fustigar ese Parlamento y poco menos que a condenarlo por no votar sus proyectos tal cual como pretendía, acusándolo de no ser democrático. Cosa que quienes viven en democracia, como el caso Uruguay, saben que no importa si tú tienes mayoría. Cuando llegas al Parlamento hay que discutir, hay que debatir y eso es parte de la pugna política porque no todos pensamos igual y no existe una sociedad donde la gente piense igual. La única sociedad donde todo el mundo piensa igual es aquella dominada por el totalitarismo. En el Salvador ocurrió eso y a partir de 2021 hasta la actualidad el gobierno tiene la mayoría del Parlamento y en consecuencia ha utilizado a esa súper mayoría para eliminar controles al poder presidencial y al partido dominante, lo cual ha impedido que la oposición pueda hacer realmente un control de la gestión presidencial. Ahí se da una paradoja y es que el presidente del Salvador tiene una altísima popularidad, entonces uno entendería que es posible que la gente quiera que se gobierne así.
Desde su mirada comparada, ¿qué distingue a Uruguay dentro del contexto latinoamericano en materia de calidad democrática?
Uruguay tiene una democracia nacional de altísima calidad, eso es indiscutible. Todo lo que le tienen que decir lo dicen, eso es una buena noticia. Sin embargo, Uruguay tiene algunas tareas pendientes que son muy importantes y que esperemos que le den realmente atención a eso.
Hace unos años, junto a Adolfo Garcé y Fernanda Boida, realizamos un proyecto que se llamó La Máquina de Aprender, que buscaba justamente discutir esos temas que están pendientes en la agenda política uruguaya. Uno de ellos era la asesoría profesional a los parlamentarios. Otro tenía que ver con el influjo de las redes sociales en la discusión pública. Otro tenía que ver con el mecanismo de la Ley de Urgente Consideración, sobre la representación de la mujer, etcétera. Hay uno particular que me parece muy interesante, porque además me dediqué muchos años a estudiar eso, que es el tema de los gobiernos territoriales, las intendencias y los municipios. Si bien Uruguay todavía no ha desarrollado una robustez en su tercer nivel de gobierno, el nivel municipal, porque son básicamente dependencias de la intendencia, no son 100% autónomos, al menos no en lo administrativo y lo fiscal, que es lo que le da sentido a un gobierno territorial, que tenga la posibilidad de recaudar sus propios impuestos, poner sus propias reglas económicas, organizar sus políticas públicas de acuerdo con sus prioridades, etcétera. En Uruguay todavía eso no funciona así, sino que el municipio depende de las directrices de la intendencia, de que la intendencia le apruebe contrataciones, etc., para poder operar.
Desde luego que las dinámicas Montevideo-interior son sumamente diferentes. En el interior, al tener las ciudades más identificadas con su municipio, operan de manera diametralmente distinta a Montevideo, donde los municipios todavía están luchando por generar una identidad propia, ¿no? Y donde todavía los vecinos no se sienten parte de un municipio, al menos no de su mayoría. Y está ampliamente demostrado en los números de participación en esas elecciones, a la hora de poner la lista en la urna, etcétera.
Ahora bien, ahí a nivel departamental hay un tremendo trabajo todavía pendiente por hacer en materia de control político, de control presupuestal, de control financiero, del uso de los dineros públicos, de la influencia que tienen los intendentes y las intendencias en la vida de los departamentos. Todavía Uruguay tiene una discusión pendiente que darse, y es de cómo fortalecer realmente el Tribunal de Cuentas, que es el órgano llamado al control, como su nombre lo dice, de las cuentas públicas. Un día sí y otro también, se ve cómo el Tribunal de Cuentas emite recomendaciones y a veces muchas de esas recomendaciones caen en saco roto. No digo que todas, desde luego que no, porque Uruguay no despunta entre los principales índices de corrupción y nada por el estilo, pero sí llama poderosamente la atención cómo el Tribunal de Cuentas tiene unas capacidades bastante limitadas en un país donde uno esperaría lo contrario.
Desde luego que también toda la discusión que se ha dado sobre el fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, la política de seguridad, son temas que afectan directamente a la democracia. Pareciera que es un asunto nada más de prioridades de un gobierno y no, porque la mayor cantidad de gente que está insatisfecha con la democracia, no solo en Uruguay, sino en América Latina y en el mundo, son aquellas personas que han sentido que la política pública no les ha solucionado problemas esenciales de su vida, como por ejemplo víctimas del crimen, de la corrupción, de situaciones de violencia o de problemas económicos, etcétera.
Si usted le pregunta a una persona que vive en un país con hiperinflación si está de acuerdo o no con la política, la cantidad de personas que le van a decir que no está de acuerdo es altísima versus países donde las personas entienden que la situación económica es moderada o buena, o la situación de seguridad es moderada o buena, o la situación de corrupción es moderada, razonable, por ejemplo, ahí usted va a ver indicadores mucho más elevados. La democracia está en crisis en todo el mundo, pero si uno se queda en ese slogan de que como la democracia está en crisis en todo el mundo, entonces, ¿qué más da si está en crisis aquí también? Me parece que eso es lo que nos impulsa a la vida.
En varios países de América Latina se habla de una creciente penetración del narcotráfico en la política y en las instituciones democráticas. ¿Qué tan real y extendido considera que es este fenómeno y qué mecanismos tienen las democracias para defenderse?
El crimen organizado es el principal problema de la política hoy en día. No solo porque ha cooptado en la mayoría de los países a los sistemas políticos comprando afectos o amenazando a políticos para que voten una cosa u omitan votar otra, o para que no controlen tal puerto, tal aeropuerto, tal frontera. No solo eso, sino porque también es un problema para la política pública abordar eso en cuanto a la política de defensa, los recursos que se necesitan para pertrechar a la Policía, a los centros de inteligencia, al Ejército, etcétera.
El crimen organizado ha encontrado hace muchos años en América Latina una tierra fértil para expandirse porque nuestra región, en tanto productora de drogas, también es, por decirlo jocosamente, muy amable para la proliferación de otras líneas de crimen. A veces uno se queda con la idea de que el crimen organizado es igual a venta de drogas. Hay otro montón de cosas asociadas al crimen organizado que no necesariamente están vinculadas con la droga. La droga es, desde luego, el principal flagelo y es el que más sale expuesto, pero hay otro montón de cosas en las que, desde luego, están vinculadas algunas prácticas como el lavado de dinero, etcétera.
América Latina tiene, por ejemplo, la principal selva del planeta, compartida por siete países. Entonces tienes un pedacito de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, un pedacito fronterizo con el Paraguay, inclusive. Y todo es una selva gigantesca donde hay cientos y cientos de organizaciones criminales operando ante la ausencia de un Estado al que le cuesta entrar ahí porque para entrar a ese tipo de territorio necesita tecnología, logística, personas, salarios, prestaciones, pago, etcétera.
Además, razonando con lo primero que había dicho, a pesar de que somos una región que comparte cierto código moral, cierto código de costumbres, cierta forma, cierta visión de la vida, del mundo, a partir de nuestras raíces cristianas comunes y de nuestro idioma compartido, le cuesta mucho cooperar entre sí. Si uno ve la agenda de, por ejemplo, de la OEA o del Mercosur o de espacios de intercambio como el Parlamento del Caribe, encuentra muy poca cooperación para los asuntos realmente importantes. El crimen organizado es desde luego la principal preocupación de la política, de la élite política, del sistema político y de la institucionalidad democrática. Porque apenas el crimen organizado copta jueces, fiscales, dirigentes, empresas, organizaciones, deja todo dentro de su órbita. Y al final terminamos creando una servidumbre del crimen.
El crimen organizado, lamentablemente, tiene mucho más poder de fuego, muchos más recursos y tiene un código moral diferente al de nuestras instituciones. Porque para el criminal, de pronto que haya que hacer limpieza en un pueblo y asesinar a dos mil, tres mil, cuatro mil personas no es un problema moral. Lo piensan en términos empresariales.
Eso, por supuesto, cuando uno lo escucha es medio chocante, pero está pasando hace mucho rato. Hace muy poquito salió una investigación muy interesante en México sobre un centro de exterminio que encontraron en, no sé si en el desierto, pero en una zona muy aislada de la periferia, y encontraron más de doscientos restos de cuerpos en un rancho, le dicen ellos, es decir, el equivalente a una chacra, donde operaba una banda criminal y asesinaba a personas que descartaba. Entonces, esos son los seres humanos para el crimen organizado. Recursos descartables.
En el caso del ataque reciente contra la fiscal Mónica Ferrero se evidencia una vulnerabilidad institucional grave. ¿Qué tipo de daño puede causar un episodio de ese tipo a la confianza social en la Justicia y en el Estado? ¿Y hasta qué punto esa agresión revela el grado de avance y la audacia del crimen organizado en el país?
Creo que esa situación lamentable fue un hito para el país. Y, honestamente, soy de los que piensan que eso fue un mensaje no tanto para la fiscal como para el resto de los fiscales, que no tienen la misma protección que tiene la fiscal y que no tienen la misma atención mediática y política que tiene la fiscal principal. De tal manera que es un hecho sumamente grave que, entiendo, ya encendió todas las alarmas en el país. Porque ya no estamos hablando de luces amarillas o naranjas, estamos hablando directamente de luces rojas. Y eso tiene que generar una enorme reflexión del sistema político para ponerse de acuerdo en temas existenciales. Es decir, blindar la democracia y la política del crimen es un asunto existencial.
Eso no depende de la discusión de si gana la izquierda un poco más porque resuelve tal problema o si gana la derecha porque se quejó mejor. No. Es un tema existencial. Cuando el crimen toca al sistema político y toca a las instituciones democráticas, no distingue entre si eres de izquierda, de derecha, moderado, profesional o no. Es decir, traza una línea y tras esa línea estamos todos. De tal forma que yo creo que para quienes vivimos en el país –porque aquí ya no hablo como politólogo ni como periodista, hablo sencillamente como vecino– es desde ya urgente que todo el Estado y el sistema político se tomen muy en serio esto y que hagan todo lo necesario por blindar al sistema y en consecuencia apoyar a la ciudadanía para protegerla ante una lucha que es absolutamente despiadada.
Uruguay no es una burbuja porque estamos al lado de Argentina y allí hace muchísimos años hay dinámicas criminales de todos los tipos. Estamos al lado de Brasil, que tiene dos de los comandos criminales más potentes de todo el hemisferio. Estamos muy cerca de Paraguay, donde operan también muchas bandas criminales. De tal manera que Uruguay no está vacunado contra eso. Acá tenemos un puerto, tenemos frontera seca, tenemos un río que sirve de circunvalación para toda la costa oeste, de tal forma que esto es un asunto existencial del Estado. Yo diría, razón de Estado hoy es atender el drama del crimen organizado.
Después de dos décadas de gobierno socialista en Bolivia, el país inicia una nueva etapa política con la victoria de un candidato de centroderecha, Rodrigo Paz. ¿Qué lectura hace de este giro político y qué efectos puede tener en la región?
No me siento autorizado para dar un análisis más que muy sucinto sobre la situación. Puedo decir que después de 20 años de gobierno del MAS, y tal y como fue su derrota en las elecciones, uno esperaría un cambio muy drástico en la administración pública o un cambio gradual que intente incluir a la mayor cantidad de sectores en el país para una transición democrática ordenada y pacífica. Por supuesto que uno espera que el segundo escenario sea el mejor. Creo que hay indicios para pensar que es posible. También es verdad que hay muchos elementos que ayudan a pensar que lo primero, esta idea de cambio radical, es posible. Porque al fin de cuentas hay un presidente electo con una mayoría, pero el sistema político boliviano es un sistema político muy complicado.
En el medio hay un montón de dinámicas que dificultan el escenario, como es la resistencia de Evo Morales, que no lo han podido llevar ante la Justicia a presentarse ante su proceso por la investigación que tiene actualmente en curso. Bandas criminales y crimen organizado en el territorio boliviano, que desde Uruguay a veces es difícil entender cómo opera el crimen organizado y cómo controla el territorio. Porque aquí, por suerte, todavía no se ha visto esa situación donde una banda controle una ciudad o controle un departamento. Pero en países como Bolivia, que son muchos más extensos y que tienen parte del territorio selvático, amazónico, el que haya bandas de crímenes organizados ahí controlando grandes extensiones territoriales presenta un problema para la política. Sobre todo, para nuestros países, que no son países muy sofisticados en temas de seguridad, en temas de tecnología, en temas de recursos y capacitación, control fronterizo, etcétera. Aquí en América Latina hay muchos debes. Uno esperaría que el cambio se dé en paz, que haya una transición ordenada. Sin embargo, eso va a ocurrir si y solo si el partido que está dejando el poder colabora.
Ha investigado a fondo los procesos de recentralización del poder. ¿Por qué este fenómeno es clave para entender el avance de regímenes autoritarios?
La recentralización en sí misma no es una práctica mala, es decir, no necesariamente recentralizar significa destruir el control que puede ejercer otro poder, acabar con el Estado de derecho o pasar por encima de la oposición, no. El asunto es cuando se utiliza la práctica recentralizadora, es decir, la forma o el proceso por el cual el gobierno central retoma una capacidad, una atribución que antes había sido entregada a un gobierno de segundo o tercer nivel, para generar mayor influencia en el territorio y no tener contrapesos en el territorio. Ahí es donde está el problema, porque eso lesiona directamente a la democracia.
Recordemos que el sistema democrático fue creado, entre otras cosas, para que tuviéramos un condominio común, un consorcio común con el que ponernos de acuerdo y orientar la sociedad hacia un lugar. Entonces, lo mismo ocurre en un país que tiene nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. Cada uno de ellos tiene que ponerse de acuerdo en su nivel para que su municipio, su región y su país camine hacia un lugar. Ahora bien, cuando el poder nacional, aprovechando su influencia, que países como Uruguay, un país unitario, tiene muchísima influencia versus las intendencias y los municipios utilizan ese poder para eliminar eslabones en el territorio e implantar su política sin ningún peaje en el camino. Eso lesiona a la democracia. Está ampliamente demostrado. Yo estudié a fondo los casos de Colombia y Venezuela, donde se demuestra muy nítidamente cómo eso ocurre y que es un fenómeno no solo de gobiernos de izquierda, sino que también es un fenómeno que está muy presente en algunos gobiernos de derecha.
Nuevamente, la recentralización no tiene por qué ser algo malo. A veces se despliega un proceso de recentralización para corregir errores en el territorio, errores de diseño, políticas mal implementadas o sencillamente departamentos y municipios que no tienen capacidad para solucionar un problema y tiene que meterse el Estado nacional para apoyarlos. Eso está bien. El problema es cuando se utiliza con fines políticos, partidarios si se quiere, para que la agenda de la nación no tenga ningún control abajo.
¿Qué rol cree que juegan hoy las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en los procesos electorales y en la forma de opinión pública?
En los procesos electorales un poco menos que en los segundos, porque la opinión pública determina lo que ocurre en los procesos electorales. Recientemente, con lo que ha pasado en Marruecos, hemos visto cómo se ha consolidado Discord, que es una plataforma, una app utilizada mucho por los jóvenes para jugar y también para chatear, para comunicarse, etcétera. Y fue a través de Discord como se pudieron coordinar para protestar, para las convocatorias, etcétera. Eso no es nuevo. En Venezuela ya se usaba mucho Facebook y después Instagram para coordinar las movilizaciones, las marchas, etcétera. Generalmente se utilizan cuando hay también ambientes de censura, cuando no puedes ir a los medios tradicionales a convocar abiertamente y también porque es mucho más práctico. De tal forma que son las redes sociales la nueva ágora donde se discute la política en la actualidad. De hecho, las redes han obligado a que los políticos, desde los más viejos hasta los jóvenes pero que son muy conservadores, tengan que ponerse las pilas dentro del ecosistema de las redes porque no estar dentro de ellas con un uso profesional y bien hecho es quedar marginado de la discusión pública.
En nuestra región se ha perdido últimamente la oportunidad en materia de elecciones de legislar y de revisar cómo funcionan las dinámicas de publicidad electoral, de llamado al voto durante las campañas electorales a través de las redes porque hay grandes inversiones en dinero y se ha tratado muy poco cómo se controla ese dinero, etcétera. De hecho, hace poco, cuando Uruguay hizo la reforma de la ley de financiamiento de los partidos, este fue un tema que se saltó. Este tema no salió. Y uno que ve como elector, normalmente como vecino, uno dice: “Bueno, si hoy en día cualquier persona que tenga un negocio medianamente razonable sabe que tiene que invertir en pauta publicitaria en las redes ¿cómo no vamos a controlar?”. Al menos para auditar, para poder saber cuánto dinero están gastando y de dónde está viniendo ese dinero a los partidos, a los políticos y las campañas en materia de redes. Porque no solo es un tema de saber cuánto se gasta en Facebook a través de una tarjeta de crédito. Es que hay millones de formas de financiamiento de eso. Las criptomonedas, sobre todo los medios que están vinculados con los digitales. Desde luego que eso requiere una infraestructura para el control. Nuevamente, el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas. Nuevamente también la modernización y el fortalecimiento de la Corte Electoral. Porque esos son fenómenos que no es que vamos a esperar 10 años para que lleguen. Ya están sucediendo hace mucho rato.
De tal manera que tiene que haber, pienso humildemente, una discusión real sobre los mecanismos digitales en la campaña. El dinero que entra a los partidos o a las candidaturas o a la política a través del mecanismo digital que hoy en día no es controlado. Con esto no estoy diciendo que en Uruguay tal partido o tal figura está siendo financiada. No. Lo que estoy diciendo es que eso se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que eso ocurra y que se problematice para abordarlo. Me parece que la mejor democracia de la región también lleva a cuesta la responsabilidad de tener los mejores procesos de control de la región.
Cómo un migrante venezolano en Uruguay ha vivido en carne propia un proceso que también ha investigado. ¿Qué aprendizaje personal le dejó esa experiencia y cómo influyó en su mirada política y la democracia?
Sobre el tema de la migración, desde luego que migrar te cambia la perspectiva. Porque no es un proceso donde tú vas a un país de paseo un mes o dos meses. Te vas y no sabes cuándo regresas al tuyo. Y en el caso del mío, cuando yo salí de Venezuela, lo que dejaba atrás también era un país hackeado por el gobierno, amenazado, amedrentado por la política, extorsionado por la polarización, intoxicado con los problemas del crimen, las situaciones geopolíticas, la invasión cubana en el Estado, las lógicas del armamentismo a través de Rusia, los chinos metidos en todos los negocios. Un país que ha perdido totalmente la soberanía. Entonces, cuando uno huye de una situación así, uno lo hace con un dolor tremendo de no saber cuándo vuelve y viendo que el regreso está lejísimo. De tal manera que eso también cognitivamente como que te obliga a que el lugar donde llegas no lo vas a ver como una casa temporal, sino como probablemente la casa de toda tu vida. Si bien hoy en día la gente se muda mucho y uno cambia mucho de lugares, eso siempre está presente a la hora de emigrar.
Yo creo que Uruguay tiene muchos pros en cuanto a la integración rápida de los migrantes porque les da una cédula provisoria, porque les permite adaptarse rápido al mundo laboral en cuanto no te ponen trabas, después que tienes la cédula provisoria tú puedes trabajar, puedes pedir un préstamo, puedes meterte en problemas, puedes pagar impuestos, puedes hacer lo que quieras y tienes responsabilidad con ese documento. No obstante, hay algunos pendientes que creo que un país como Uruguay tiene unos debes con ese tema distinto a otros, porque Uruguay tiene una crisis demográfica mucho más profunda que la que tienen el resto de los países latinoamericanos. Entonces, para Uruguay el tema de la migración no es igual que para Guatemala o para Argentina o Colombia. No es lo mismo.
Somos una de las sociedades más envejecidas del mundo…
De tal manera, uno esperaría que el tema migratorio se haya visto con mayor relieve, con mayor atención, pero el tema no concita discusiones en el Parlamento. No influye en la agenda pública realmente. Aparece en algún programa de opinión alguien dice: “Sí, estamos todos de acuerdo, puertas abiertas, bienvenidos, etcétera”, pero hasta por ahí nomás. Ahora tenemos todo el drama del problema de los pasaportes, que es una política mal implementada que afecta a uruguayos, a ciudadanos legales, migrantes. Uno se pregunta qué ganan los uruguayos con meterse un tiro en el pie sin necesidad. O sea, un país que ha venido mejorando sus políticas migratorias poco a poco, ranqueando muy bien en la región, de repente genera medidas como esta que tú dices: “Pero ¿para qué? ¿Con quién se hace esto?”.
El tema es que los ciudadanos legales no puedan tener un pasaporte igual que el resto de los uruguayos no tiene ningún sentido. Y por ahí siempre aparece la discusión de que bueno, esto es un problema, hay que reformar la discusión, hay que reformar el programa de la Constitución y uno diría que en 2025 uno de los países más envejecidos del planeta tiene este problema y el asunto está en reformar la Constitución. ¿Y qué tanto da reformar un artículo de la Constitución para un problema práctico? Porque no estamos hablando de que le vamos a cambiar el nombre a la Corte Suprema de Justicia o de que vamos a emitir una reelección presidencial indefinida. No, estamos hablando de un tema de política pública esencial. Y es que Uruguay necesita que más migrantes vengan a trabajar y a poblar para intentar compensar la migración de uruguayos hacia afuera y la tasa de recambio necesaria.
Uno como migrante lo que ve es que es un país que ha hecho muchas cosas buenas para mejorar el proceso de adaptación de los migrantes, que tiene varias tareas pendientes y que pareciera que esas tareas pendientes todavía no tienen la atención que necesitan en la élite política porque se superponen con otros problemas más urgentes. Sin embargo, las reformas en materia migratoria, al igual que las reformas para temas de crimen organizado –no estoy diciendo que sean lo mismo porque son áreas totalmente diferentes– requieren soluciones de Estado, soluciones duraderas porque nuevamente el migrante no viene pendiente de votar a la izquierda o a la derecha, no viene pendiente de militar en este o este partido, viene pendiente de vivir y a todos los partidos y a todos los militantes y a todos los políticos les interesa que los pueblos, que los municipios, que las ciudades tengan cada vez más personas para que no se extingan.
