Juan Fagúndez considera que el ataque contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se trató de un atentado contra el Estado y “si esos atentados son de una magnitud que pueden desestabilizar al Estado, tienen que considerarse como un atentado terrorista”. En diálogo con La Mañana, el abogado penalista también se refirió a la actuación policial, sostiene que debe ser profesional y sin interferencia del poder político.
¿Cuál es su visión sobre cómo ha evolucionado en estos ocho meses de gobierno el tema de la seguridad?
Las actividades del Ministerio del Interior siempre pasan por la confianza en la oficialidad. Esto significa que, cada vez que cambia un gobierno, se busca para los principales cargos a los oficiales que se consideran afines con el partido político y con las directivas que pretende poner cada ministro.
A su vez, esta elección es de personas que ya están en la Policía hace muchos años, con cargos oficiales, con trayectoria y tienen méritos que han acumulado durante su gestión. El tema es cómo se definen los méritos o la capacidad de esos oficiales cuando son destinados a ciertas funciones. El ideal sería que estén preparados por su propia experiencia para la función que van a comandar y, por otra parte, que se hayan ido actualizando en la materia que les toque regir.
No es lo mismo un oficial de Policía Caminera que un oficial destinado a narcóticos, a homicidios, a cibercrimen, a investigar el lavado de dinero y otras categorías que se vienen observando por el desarrollo de la naturaleza de los delitos. Ocurren también ahora los delitos contra el medioambiente, que en principio no creo que la Policía pueda investigar. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa en las autoridades de la Policía es la preparación.
Por otro lado, además del mérito y de los antecedentes emocionales y de la capacidad, también está lo que se les pueda proveer como herramientas para trabajar en el campo. Esto va desde armamento, elementos para la investigación de Policía Técnica, en ciberdelitos, las unidades de patrullaje y el apoyo de otros departamentos como Interpol. Esas herramientas deben estar también diseñadas en un mapa de efectividad y también, en mi consideración, se deberían reorganizar los departamentos y las conexiones de las investigaciones. En ese punto ha habido algún avance, pero creo que sigue estando muy desorganizado.
En referencia al tema de la designación, ¿cómo considera el hecho de que cada vez que asume un nuevo gobierno se cambien todas las cúpulas en las diferentes divisiones que tiene la Policía?
Mi consideración sobre la Policía Nacional es que tiene que ser profesional. El hecho de que sea profesional involucra a la calidad de la función del individuo, no a la ideología. Lo que tiene que ver con las designaciones en la cúpula del Ministerio del Interior es algo político. Y la política puede decidir lo que pretende como política de seguridad, compartiéndolo o no con otros partidos. Pero llevar adelante esa política de seguridad tiene que estar en manos de profesionales que tengan, además, la capacidad de llevar adelante lo que se propone desde ese lineamiento político. Y hay errores en este sentido. Por ejemplo, yo soy gobierno electo y tengo un caudal de votación muy importante en una zona determinada. En ella deseo realizar determinada operación de seguridad, que desde mi punto de vista significa cumplir con peticiones o promesas de mi campaña en esa zona. Pero pasa muchas veces que lo que se propone con ese razonamiento es absolutamente inútil, es para llenar el ojo.
Entonces, a lo que apelo es que la profesionalidad de la Policía tenga la capacidad de demostrar que eso es inútil. Que sí hay que hacer algo respecto al problema planteado, pero no de la manera que se quiere llevar adelante. Lo que quiero decir es que hay que separar muy bien lo que se debe de hacer en referencia a la efectividad, de lo que uno hace para aparentar y mantener cierta apropiación política de una zona.
El del Interior se consideró históricamente un ministerio político. Pero, por ejemplo, se ve que el Ministerio de Economía tiene hoy día una mayor independencia técnica en todos los aspectos. ¿Tendría que ser más independiente el Ministerio de Interior del poder político de turno?
Sí, por supuesto. Y el Ministerio del Interior debería tener una voz técnica y por eso tiene que haber personas realmente preparadas para estar en ese lugar. La cúpula política –como yo llamo al ministro, al subsecretario y otros cargos designados por los partidos, no a los oficiales– es derivada de lo electoral. La conducción política lo que hace es tratar de escuchar las preocupaciones y comunicar las posibles soluciones. Pero lo que pasa, pasa en el territorio. Y ahí el que actúa y soluciona o no es el cuerpo policial. Entonces, cuando me preguntan sobre lo político y lo profesional, a eso lo veo totalmente separado, comunicado entre sí, pero separado. El poder político tiene su lugar superimportante y hay una obediencia desde el punto de vista de la institución policial a él, pero en lo técnico creo que es la Policía la que debe tener su lugar profesional. Eso es muy importante.
¿Qué opinión le merece que en el Presupuesto se estén creando 500 nuevos cargos de agente policial?
Yo me quedé medio en el tiempo. Recuerdo en 2016 un llamado de cuando era ministro del Interior Eduardo Bonomi y se presentaron 12.000 aspirantes para 767 cargos.
Me acuerdo como si fuera hoy de ver una nota en los canales televisión, porque llamó la atención la cola que había de gente. Le iban preguntando a la gente por qué quería ser policía. Y las respuestas para ser policía eran más de tipo hollywoodense que de vocación. Y de esa cantidad de personas, quedó una ínfima parte, muy ínfima. No cualquiera está preparado para ser policía y aun preparado vemos la afectación a nivel psicológico del funcionario, porque las tareas de un policía son muy complicadas. Y esto también trae a colación la necesidad de un seguimiento muy firme sobre la salud mental del funcionario.
Y, justamente, la profesionalidad creo que también protege la salud mental del policía. Porque cuando uno es profesional debe ir aclarando las cosas y sabiendo cómo actuar. No es llenar las vacantes por llenarlas. No creo que ese método ayude con la profesionalidad. Es más, puede llevar a la mediocridad de la Policía por eso de meter gente para hacer número. Aun así, es cierto que nunca vamos a llegar a tener un policía por cuadra, lo cual no es ni necesario ni positivo. Una de las cuestiones es que para lograr esa sensación de muchos policías necesitamos entrar en la función mucha gente que no está ni va a estar capacitada para ser policía y eso termina siendo un peligro.
“Un ataque terrorista”
En referencia a la seguridad y el impacto social que ha tenido, ¿qué piensa del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero? ¿Representa un avance del crimen organizado?
Esas reacciones violentas tienen relación con lo que es la política. Ese tipo de ataques es como atacar a la política de un país. Una organización armada penetra en el territorio y organiza un atentado con fines de asustar, de lesionar o de matar. Por lo tanto, no es un tema de bandas criminales. Se trató de un atentado contra el Estado. Tampoco es una guerra, porque la guerra implica otra cosa. Pero son movimientos que afectan la estructura democrática de un país. Entonces, si ese tipo de atentados es de una magnitud que puede desestabilizar al Estado tiene que considerarse como un atentado terrorista.
¿Usted piensa que este tipo de organizaciones de narcotraficantes ya se podrían calificar como organizaciones terroristas?
En otros países lo están haciendo. Trump en Venezuela lo primero que está atacando es lo que considera organizaciones terroristas de transporte de droga.
¿Pero considera que en Uruguay se deben calificar como organizaciones terroristas a los narcotraficantes?
No. Lo que digo es que si estos fenómenos, como el caso del atentado a la fiscal Ferrero, empiezan a desestabilizar al Estado, se puede concluir que tienen una carga que debe definirse como terrorista.
Vistos los hechos de violencia actual con un crecimiento de asesinatos violentos casi a diario, ¿cómo observa que puede ser la evolución del crimen organizado en dos o tres años?
Es imposible hacer una predicción. Pero si sigue evolucionado como lo viene haciendo, todo indica que es muy difícil que esto pare sin la intervención de las autoridades. Debemos pensar que atrás de toda esta violencia está el dinero. Y el dinero a veces confunde a las personas con el poder. Y el poder muchas veces deriva en gente muerta. Antes de esta etapa en la cual nos encontramos, quienes llevaban adelante el tráfico de estupefacientes lo que pretendían era acumular dinero. Hoy por hoy se pasó del dinero al poder, y eso trae consigo la violencia. Ahí es donde la pregunta debería ser si va a seguir creciendo la violencia o no. Si vemos lo que sucede en la región, países que ya pasaron por estas etapas de dinero a poder, observamos que la violencia no ha parado. Hay países que antes que nosotros, hace 30 años, ingresaron en este ciclo de violencia con asesinatos. Este ciclo lo vemos en Colombia o México: primero fue la plata, después el poder y hasta el día de hoy los homicidios y la muerte. La competencia entre las bandas llevó a que nunca parara eso. Comenzó con los asesinatos entre ellos, luchando por el poder. Y luego llegó el asesinato de funcionarios políticos.
Por lo que plantea y según su visión, el panorama no es muy alentador mirando hacia el futuro.
En ese sentido y mirando hacia adelante hay que decir que Uruguay no participa de la producción de drogas. Tal vez eso haga que acá sea todo más lento. Lo que puede pasar en nuestro país es que se convierta en un depósito de drogas, para que cuando esté pronto un cargamento exportarlo a otras regiones, aunque hay que aclarar que esos corredores van cambiando según las necesidades y las posibilidades. Por lo cual se deben dar acciones con operativos importantes para desmantelar esos acopios de drogas. Una cosa es el microtráfico, la microventa y otra el gran negocio, donde queda bien claro que esto es por plata. Y la plata da poder. Y el poder a veces compra atentados.
“La Fiscalía precisa presupuesto”
¿Cómo está observando el funcionamiento de la Fiscalía?
Con respecto a la Fiscalía, el gran problema que tiene es de organización y personal, lo que va de la mano con el presupuesto. Se necesitan funcionarios y, personalmente, creo que hay que reorganizar con esos funcionarios el tema del trabajo que se realiza. Pero eso está vinculado directamente con el presupuesto que se le asigna.
Uno de los temas más polémicos en los últimos tiempos ha sido la Ley 19.580, más conocida como Ley de Género. ¿Qué cambios considera que se le deberían realizar?
Mi posición siempre ha sido que es una ley que abarca demasiado y que tal vez habría que dividirla en capítulos. De esa manera se podría lograr que sea más efectiva. Hay que cambiar dos o tres artículos, no su esencia, sino mejorar la forma de lograr lo que buscan. Sería redactarlos de otra manera para que queden más claros.
60% de las personas asesinadas entre enero y setiembre tenía antecedentes penales
El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó datos sobre delitos denunciados en el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de setiembre de este año. Estos llegaron a 213.307. En estos 273 días, se denunciaron 781 delitos por jornada, 32 por hora. Los datos fueron elaborados a partir del registro del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).
Entre enero y setiembre, se observa un descenso del 5,3% respecto a los 225.316 delitos denunciados de igual período de 2024, posicionándose como el acumulado más bajo desde 2021 y un -2,3% por debajo de los 218.429 de 2020.
La evolución ha sido irregular, pero descendente en el último año: tras una contracción del 4,8% en 2021 (207.847 casos) por efectos de la pandemia, los delitos repuntaron un 5,6% en 2022 (219.509) y crecieron moderadamente un 2,9% en 2023 (225.794), estabilizándose en 2024 con una mínima baja del 0,2%.
Homicidios estables
Según los datos, el número de homicidios totales en los primeros 9 meses hasta setiembre alcanzó los 277 casos, una disminución del 0,7% en comparación con los 279 registrados en igual lapso de 2024. Esta leve baja contrasta con las alzas interanuales previas, como el 6,9% de 2024 respecto a 2023. Desde 2020, cuando se reportaron 261 homicidios, la cifra había fluctuado, con un pico de 285 en 2022, pero ahora muestra una tendencia a la estabilización. En términos históricos, el 2025 presenta un incremento del 6,1% respecto a 2020, aunque la caída respecto a 2021 (218 casos) sigue siendo significativa, con un -16,3%.
Un dato alarmante, pero estable, es el de los homicidios de menores de 18 años, que se mantuvo en 16 casos en 2025, igual que en 2024, tras un aumento del 60,0% desde los 10 casos de 2023. Comparado con 2020 (22 casos), esto representa una reducción del 27,3%, aunque la cifra sigue siendo preocupante.
El gerente de AECA del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo al comentar estos datos que “Uruguay tiene una tasa de homicidios que es alta, es decir, duplica el promedio mundial”. De los 277 casos hasta fines de setiembre, el Ministerio del Interior estima que el 20% (54) están relacionados con el tráfico de drogas y “por tanto, podemos decir que la mayoría de los homicidios que ocurren en Uruguay no están asociados al crimen organizado, pero sí un porcentaje importante”, señaló Sanjurjo. Del total, el 6% está asociado directamente a enfrentamiento entre bandas criminales y un 14% a tráfico, pero no a bandas criminales.
Por otra parte, casi el 60% de las personas asesinadas (166) tenía antecedentes penales. Sanjurjo dijo al respecto que “en Uruguay, al igual que en otras partes de América Latina, el delito de homicidio está muy focalizado en ciertos territorios y en ciertas personas que lo sufren”. También destacó que alrededor del 63% de los homicidios ya fue aclarado o está a punto de aclararse.
Baja en rapiñas y hurtos
En el período enero-setiembre, las rapiñas cayeron un 46,5% desde 2020 (22.121 casos) hasta 2025 (11.826 casos), con una reducción del 12,3% solo en el último año respecto a 2024 (13.491). Por su parte, los hurtos disminuyeron un 15,6% en el mismo período, pasando de 90.112 en 2020 a 76.071 en 2025, con un descenso del 8,1% frente a 2024 (82.818). Sobre estos ítems, Sanjurjo señaló que “los hurtos y las rapiñas siguen descendiendo desde 2019 en adelante. Salvando los años de pandemia, vemos un descenso semestral, anual, sostenido de algunos tipos delictivos, entre ellos el hurto y la rapiña”.
Pero también destacó: “Vemos desde hace mucho tiempo un aumento muy marcado de las estafas y los fraudes digitales”. El reporte indica 19.497 casos registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Aunque esto representa un descenso del 18,2% respecto al récord de 23.846 en 2024, el indicador acumula un impresionante +137,9% desde los 8194 de 2020.
La tendencia alcista fue implacable en años previos: +33,7% en 2021 (10.955 casos), +32,1% en 2022 (14.471), +15,2% en 2023 (16.675) y un explosivo +43,0% en 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley 20.327 –que penaliza la ciberdelincuencia y amplía figuras delictivas en entornos digitales–. Este boom se atribuye al auge de phishing, fraudes en apps de pago y estafas en redes, exacerbados por la digitalización acelerada.
Barrios Sin Violencia
Consultado sobre el programa Barrios Sin Violencia, implementado por el anterior gobierno y que trata de una intervención comunitaria de prevención de la violencia, ejecutada por organizaciones de la sociedad civil, Sanjurjo manifestó que en los próximos meses “habrá novedades”.
“El gobierno actual se tomó un tiempo para evaluar ese programa, cuál era su funcionamiento, cuál iba a ser el futuro que iba a tener. En los próximos meses va a haber noticias al respecto”, dijo Sanjurjo. A esto acotó que “el gobierno lo ve con buenos ojos. Considera que seguramente tiene que continuar, pero también se están haciendo cambios en la metodología de trabajo”.
